Sauce Viejo: la Municipalidad será querellante en la causa penal contra dos dirigentes gremiales

La Justicia penal admitió este martes al municipio de Sauce Viejo como querellante en la causa que investiga a dos referentes de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) por presuntas amenazas, extorsión e intimidación pública. El juez Luis Octavio Silva fundamentó la resolución al considerar que los hechos denunciados durante el prolongado conflicto gremial afectaron la normal prestación de los servicios esenciales en la localidad.

Conflicto gremial en Sauce Viejo

La Municipalidad de Sauce Viejo fue admitida como querellante en la causa penal que investiga a dos referentes de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem), en el marco del prolongado conflicto gremial que enfrenta al sindicato con el gobierno local. La decisión fue adoptada este martes 17 de noviembre por el juez penal Luis Octavio Silva, quien reconoció la legitimación del intendente Mario Papaleo y, a través de su representación, del municipio para intervenir en el proceso.

La audiencia se desarrolló en la sala 6 del Anexo de los Tribunales de Santa Fe y tuvo como eje la discusión sobre el interés de la administración municipal para participar formalmente en una investigación que tiene como principales señalados al secretario general de Asoem, Juan Ramón Medina, y al subsecretario de Gestión Territorial, Pablo Daniel Villalba. Ambos dirigentes son investigados por presuntas amenazas para obligar a otra persona a participar en huelgas, extorsión, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, según consta en la carátula de la investigación penal preparatoria (IPP).

Al fundamentar su decisión, Silva sostuvo que la fiscalía había confirmado la existencia de una investigación en curso contra los dos representantes sindicales y que, por lo tanto, se encontraba satisfecho el primer presupuesto para analizar la intervención de quien se presenta como víctima o damnificado.

Audiencia anterior y afectación de servicios

El magistrado también recordó que la Municipalidad ya había participado en una audiencia anterior, en la que se discutió un pedido de cese del estado antijurídico, instancia en la que se le había reconocido intervención como interesada. Sin embargo, el argumento central pasó por las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido sobre el funcionamiento de la administración local.

«En virtud de los presuntos delitos, si bien tutelan distintos bienes jurídicos multiofensivos, no deja dudas de que, ya sea como víctima directa u ofendida indirecta del hecho delictivo se encuentra la Municipalidad de Sauce Viejo», expresó el juez.

En particular, hizo referencia a la posible afectación de los servicios públicos, entre ellos la recolección de residuos, el funcionamiento de las ambulancias y el regado de calles. Se trata de prestaciones que, según expusieron los representantes legales del municipio, habrían quedado comprometidas durante las medidas de fuerza y los episodios denunciados. «En cualquiera de los dos caracteres -víctima directa u ofendida indirecta-, la municipalidad cuenta con legitimación para presentarse como querellante», concluyó Silva antes de admitir formalmente la pretensión.

Posiciones enfrentadas

La presentación fue impulsada por el abogado penalista Ignacio Alfonso Garrone, quien solicitó la constitución como querellante en representación de Papaleo, a partir de las distintas denuncias formuladas contra los dirigentes gremiales. Durante su exposición, reconstruyó los principales episodios del conflicto, que se inició a comienzos de 2026, cuando representantes de Asoem comenzaron a desarrollar actividades de afiliación entre los trabajadores municipales de Sauce Viejo.

El letrado sostuvo que, en ese contexto, se produjeron hechos de violencia y amenazas dirigidos a empleados que no querían adherir a las medidas de fuerza. También mencionó bloqueos en las áreas de maestranza que habrían impedido la salida de camiones recolectores de residuos y del vehículo regador. En otra oportunidad, según denunció, se obstaculizó la salida de una ambulancia.

Entre los episodios que consideró más graves, Alfonso Garrone hizo especial hincapié en un hecho ocurrido en abril, cuando alrededor de 50 personas vinculadas al sindicato habrían agredido a trabajadores municipales que no se plegaron a la protesta. Para el abogado, la Municipalidad tiene un interés directo en la investigación porque los hechos denunciados no se limitarían a una controversia entre empleadores y trabajadores, sino que habrían repercutido sobre el conjunto de la comunidad.

Por su parte, el apoderado municipal, Fabián Velázquez, hizo un repaso de la génesis del enfrentamiento. Explicó que en enero Asoem consiguió entre 10 y 12 adhesiones de empleados municipales y posteriormente solicitó al Ejecutivo los códigos de descuento para retener los aportes sindicales. Papaleo rechazó el pedido por considerar que la organización no tenía competencia territorial en Sauce Viejo. Según la postura municipal, esa decisión fue el punto de partida de una serie de acciones que calificó como extorsivas y que terminaron afectando tanto a los trabajadores como a los vecinos.

Velázquez también recordó que Asoem promovió un recurso de amparo para obtener el reconocimiento de esos descuentos, pero que el planteo fue rechazado. Afirmó que posteriormente otros cuatro jueces laborales también desestimaron pedidos del sindicato vinculados con ese beneficio.

Posturas de la fiscalía y la defensa

La posición del Ministerio Público de la Acusación fue favorable a la constitución de querellante. El fiscal Marcelo Nessier confirmó ante Silva que la fiscalía había hecho lugar al planteo y que no tenía objeciones para admitir la intervención municipal. «Desde un primer momento se han radicado denuncias del intendente y del municipio», sostuvo, y agregó que ambos habían aportado elementos de prueba sobre los episodios denunciados. Por ese motivo, solicitó que fueran admitidos en el proceso.

La defensa de los sindicalistas, en cambio, se opuso. Los abogados Luis Massot y Rocío Alberto, junto con José Ignacio Mohamad, habían presentado un escrito para cuestionar la legitimación de la Municipalidad. Entre sus argumentos señalaron que la presentación no identificaba adecuadamente al intendente como víctima y que era el municipio, como persona jurídica, el único que pretendía constituirse como querellante. También cuestionaron que la denuncia inicial se había dirigido contra un grupo indeterminado de personas vinculadas con Asoem, sin atribuir directamente los hechos a sus defendidos. Por ello, consideraron que correspondía rechazar la pretensión.

Finalmente, el juez Silva desestimó esos cuestionamientos y reconoció la legitimación de la Municipalidad para intervenir en la investigación. La audiencia contó con la presencia de Alfonso Garrone, Velázquez y la abogada Clara Vázquez por la parte querellante, además del fiscal Nessier y los representantes de los dirigentes investigados.

Escalada del conflicto

La disputa entre la Municipalidad de Sauce Viejo y Asoem comenzó a tomar dimensión pública a fines de diciembre de 2025, cuando el sindicato anunció la afiliación de trabajadores municipales de esa localidad. La controversia giró inicialmente alrededor del reconocimiento de la representación gremial y de la competencia territorial de la organización para actuar en Sauce Viejo.

El 12 de marzo, El Litoral dio cuenta de la denuncia sindical por presuntas prácticas antisindicales del Ejecutivo de Papaleo. Desde Asoem, Medina sostenía que el municipio obstaculizaba la libertad de afiliación y desconocía la representación elegida por los trabajadores. La organización también cuestionaba decisiones administrativas y la falta de instancias de diálogo.

Con el correr de los meses, el enfrentamiento sumó medidas de fuerza, movilizaciones, presentaciones administrativas y actuaciones judiciales. En mayo, Asoem profundizó su plan de lucha con paros de hasta 120 horas. En julio, alrededor de 180 trabajadores municipales de distintas localidades de la jurisdicción sindical se movilizaron frente a la Intendencia para respaldar a los 104 empleados de Sauce Viejo que habían elegido esa representación gremial.

En paralelo, la Municipalidad acudió a la Justicia penal para denunciar episodios de amenazas, hostigamiento y bloqueos que, según su versión, impedían el normal funcionamiento de las dependencias públicas. Uno de los antecedentes más relevantes fue la audiencia celebrada ante el juez penal Sergio Carraro, quien hizo lugar a un pedido de cese del estado antijurídico. La resolución, dictada a comienzos de junio, estableció restricciones de acercamiento de 200 metros respecto del Palacio Municipal y otras dependencias, por un plazo de seis meses. La medida alcanzó a las autoridades del Ejecutivo y a los cuerpos orgánicos del sindicato, con precisiones posteriores del magistrado sobre sus alcances.

La investigación penal que ahora incorpora formalmente al municipio como querellante continuará bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. La decisión de Silva le permitirá a la administración de Papaleo intervenir como parte acusadora, ofrecer pruebas y sostener sus intereses dentro de la carpeta judicial.


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