Seguridad en Santa Fe: la Legislatura aprobó una reforma clave con 11 nuevas herramientas penales y carcelarias

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley este jueves el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro que modifica cinco marcos legales de la provincia. La normativa introduce instrumentos clave orientados a la investigación penal, las medidas cautelares, el sistema penitenciario y la prevención del delito, quedando ahora a la espera de su promulgación en el Ejecutivo provincial.

Sanción definitiva al paquete de seguridad pública en Santa Fe

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, completó su recorrido legislativo y quedó a la espera de su promulgación oficial.

La normativa introduce modificaciones estructurales en cinco marcos legales fundamentales de la provincia: el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, y el Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y Fondo de Recompensas. El proyecto había ingresado a la Legislatura el 14 de mayo y fue aprobado este jueves 19 de noviembre.

Las 11 herramientas clave de la reforma

Entre las disposiciones aprobadas se destacan modificaciones en los procedimientos de investigación, nuevas facultades para avanzar en procesos penales con prófugos, medidas para recuperar inmuebles usurpados o vinculados al delito, y restricciones severas para personas privadas de su libertad. A continuación, el detalle de los 11 puntos contemplados en la ley:

  1. Declaración Informativa (Art. 113 bis, CPP): Habilita al fiscal a tomar una simple declaración informativa a personas verosímilmente vinculadas con un hecho ilícito cuando aún falten elementos probatorios para una imputación formal. La norma resguarda garantías constitucionales y limita su valor como mero insumo orientativo para la investigación fiscal.
  2. Juicio y Proceso en Rebeldía (Arts. 125 bis a quater, 275 inc. 4, 294 y 310, CPP): Autoriza a sustanciar el proceso penal y dictar sentencia en ausencia cuando el acusado rehúya a la justicia, previa notificación fehaciente. El rebelde será representado obligatoriamente por un defensor público o particular.
  3. Excepciones a las Exclusiones Probatorias (Art. 162, CPP): Modifica el régimen incorporando cinco supuestos específicos donde no se descartan evidencias obtenidas de manera irregular, tales como fuentes independientes lícitas previas, hallazgos inevitables o actuación de buena fe de las fuerzas de seguridad.
  4. Allanamientos sin Autorización Judicial Previa (Art. 170, CPP): Amplía los supuestos de urgencia que facultan a la policía y a la fiscalía a ingresar a inmuebles sin orden judicial, incluyendo la detección de objetos ilícitos a simple vista o casos graves vinculados al crimen organizado, sujetos a control judicial dentro de las 24 horas.
  5. Cese del Estado Antijurídico e Inactivación de Inmuebles (Art. 207, CPP): Faculta al tribunal a dictar medidas provisionales, ordenar desalojos inmediatos y proceder a la inactivación física de inmuebles empleados para actividades criminales —como búnkers de narcomenudeo— mediante su demolición o clausura.
  6. Medidas Cautelares de Escasa Afectación (Art. 219 bis, CPP): Crea una alternativa intermedia para aplicar restricciones de baja intensidad sin recurrir a la prisión preventiva, tales como compromisos jurados, fijación de domicilio, comparecencias periódicas o prohibición de acercamiento en casos de violencia de género.
  7. Anticipo Jurisdiccional de Prueba y Valoración de Registros (Arts. 298 y 326 bis, CPP): Regula la recepción judicial anticipada de testimonios o peritajes antes del juicio oral cuando exista un riesgo cierto y grave para la vida de los testigos, peritos o sus grupos familiares.
  8. Procedimiento Monitorio Contravencional (Arts. 65 bis a sexties, Ley 10703): Incorpora al Código de Convivencia una vía abreviada para sancionar faltas con multas, clausuras o restricciones de servicios cuando la prueba reunida brinde un nivel de convicción semejante al de una condena.
  9. Régimen Penitenciario Agravado (Art. 57 bis, Ley 14243): Establece pautas disciplinarias estrictas para presos que cometan actos que signifiquen una amenaza grave contra la seguridad colectiva, facultando al Servicio Penitenciario a imponer aislamiento pleno y suspensión total de visitas.
  10. Inteligencia Preventiva con Autorización Judicial (Art. 7, Ley 14246): Regula las operaciones de análisis de información destinadas a la prevención criminal que impliquen intromisiones en la intimidad ciudadana, exigiendo ineludiblemente una autorización judicial previa para intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos informáticos.
  11. Fondo Provincial de Recompensas (Arts. 39 a 42, Ley 13494): Moderniza el fondo para financiar estímulos económicos dirigidos a recabar datos veraces para prevenir delitos, capturar prófugos o localizar personas buscadas, protegiendo y manteniendo en estricta reserva la identidad del aportante.

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