Biocombustibles: cuando los votos de Santa Fe y Córdoba se hacen valer

El Congreso de la Nación abrió este miércoles nuevas expectativas para las economías regionales del interior productivo al gestarse las condiciones políticas necesarias para reformar la actual ley de biocombustibles. La articulación de legisladores nucleados en el espacio Provincias Unidas busca revertir los perjuicios normativos sufridos en 2023 y garantizar la defensa del biodiésel santafesino y el bioetanol cordobés y tucumano frente al peso de los intereses petroleros. La jugada parlamentaria apunta a modificar el esquema vigente y consolidar el corte verde obligatorio en los surtidores del país.

La política detrás de los mercados y los biocombustibles

La ilusión del progreso apolítico, que reduce todo a la oferta, la demanda y los precios, queda desmentida por la legislación de los países. Las normas no son más que el resultado de la actividad política, la negociación y el poder de lobby de los sectores económicos. Para decirlo con mayor crudeza: en 2023, los productores petroleros contaron con un fuerte mecanismo de presión sobre los legisladores nacionales, mientras que los defensores de los combustibles verdes carecieron de él.

En aquel año venció una ley que había fijado ventajas impositivas y mecanismos de promoción para el biodiésel santafesino y el bioetanol cordobés y tucumano. Las profundas antipatías y prejuicios del kirchnerismo hacia el sector agropecuario, sumados a la procedencia geográfica de esa denominación, contribuyeron a que una buena ley —elaborada precisamente durante el gobierno de Néstor Kirchner— fuera reemplazada por otra verdaderamente perjudicial.

Se perdió así la senda hacia una progresiva sustitución de combustibles contaminantes por alternativas ecológicas que, además, permiten ahorrar dólares en la balanza de pagos del país. La norma vigente se aprobó con votos kirchneristas que marcharon a contramano de su propia historia en favor de estas industrias.

Una oportunidad federal en peligro

La proporción de líquidos de origen oleaginoso en Santa Fe, así como la caña y el maíz en Córdoba y Tucumán, dinamizan las economías del interior del país. En numerosas ocasiones, una planta de biodiésel o de bioetanol constituye la única empresa industrial de pequeñas localidades.

El mismo escenario se replica en las grandes aceiteras ubicadas cerca de los puertos del sur santafesino, las cuales nacieron al amparo de una legislación que, lejos de renovarse, empeoró y generó tensiones internas entre megajugadores y pequeñas y medianas empresas. Los mayores productores de biodiésel se instalaron estratégicamente entre los campos y el mercado mundial, con la mira puesta en las exportaciones. Sin embargo, el panorama internacional —mediante decisiones políticas— comenzó a cerrarse.

Ese proceso de pérdida de mercados externos es incluso anterior a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, cuya política exterior convirtió a las barreras arancelarias en un sello constante e impredecible.

Un escenario de consensos en el Congreso

¿Qué sucedió esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación? Comenzaron a gestarse las condiciones políticas necesarias para modificar una pésima ley que afecta a Santa Fe, Córdoba y Tucumán, pero también a provincias como Buenos Aires, Salta y Entre Ríos.

El bloque Provincias Unidas encabeza este polo legislativo destinado a proteger a las industrias que proveen los combustibles que utilizan todos los argentinos en sus vehículos, en el marco del denominado «corte verde obligatorio». El resto de los sectores parlamentarios que confluyeron para frustrar una sesión operan como aliados circunstanciales.

Aunque el bloque kirchnerista parece dispuesto a desdecirse y colaborar en una legislación superadora, fue el mismo sector que tres años atrás perjudicó a las energías amigables con el medio ambiente. Hoy, impulsadas por urgencias políticas, las posibilidades de alcanzar un consenso son mayores.

A estas fuerzas podrían sumarse otras expresiones provinciales. Incluso se advierte una transversalidad silenciosa que alcanza al oficialismo más duro, donde sectores que promueven la concentración bajo la premisa de una supuesta competencia entre desiguales comienzan a evaluar con pragmatismo los intereses concretos de sus provincias.

Más impuestos y menos desarrollo verde

Al gobierno nacional de La Libertad Avanza le han sobrado pretextos para mantener la ley heredada del kirchnerismo, normativa que libera espacio en el precio final por litro para incrementar la recaudación impositiva. Nadie titubeó a la hora de aplicar aumentos en los surtidores.

Desde el inicio de la actual gestión libertaria, los impuestos nacionales a los combustibles aumentaron un 1.260% en términos nominales, superando en un 240% en términos reales a la inflación. Como consecuencia, la carga tributaria específica que recauda la Casa Rosada duplicó su peso en el ticket final al momento de cargar nafta o gasoil.

A esto se suma la discriminación presupuestaria hacia las provincias, marginadas tras la eliminación de los subsidios al transporte urbano en el interior —relegando a ciudades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—, mientras las obras de mantenimiento en rutas nacionales se redujeron a cero y solo avanzan a instancias de fallos judiciales y amparos.

La actividad parlamentaria más allá de los mitos

Una lectura simplista de la actividad parlamentaria reduce el debate político a la productividad laboral. Un legislador nunca equivaldrá a un trabajador en el sentido convencional. Ya sea en la Legislatura de Santa Fe, en un concejo municipal o en el Congreso de la Nación, la ausencia de un legislador en una sesión responde casi siempre a un hecho estrictamente político, lejos de ser un simple problema de cumplimiento horario.

Esta semana, Provincias Unidas hizo valer su número para bloquear el quórum en una sesión de alto interés público destinada a tratar las leyes electorales y la posible suspensión de las PASO en 2027. Las circunstancias adversas para el oficialismo —que también sufrió la ausencia de legisladores por motivos políticos— otorgaron mayor margen de maniobra a los referentes del espacio, encabezados por la diputada nacional Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe.

La decisión de vaciar las bancas y visibilizar el reclamo en el Congreso obedeció, asimismo, a la puja por espacios de poder en el Consejo de la Magistratura. Negar el quórum constituye una herramienta legítima dentro de las reglas del juego parlamentario, utilizada en este caso para doblegar la resistencia oficialista frente a una legislación sobre biocombustibles que acumula demoras intolerables para el sector. El mensaje de Santa Fe y Córdoba es terminante: es imperativo completar la reforma iniciada en el Senado de la Nación para dotar al país de una ley superior a la aprobada en 2023 en contra de los intereses productivos.


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