El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe amplió este jueves la atribución imputativa para el policía César Omar Muga, quien dos meses atrás mantuvo en vilo a sus vecinos del barrio Nueva Esperanza tras balear a su exesposa y atrincherarse.
Desde una sala de videoconferencias de la cárcel de Coronda, el acusado participó de la audiencia sin formular declaraciones, en el marco de la investigación por el posterior fallecimiento de quien fuera su pareja, Estela Olga Guadalupe González. La fiscal del caso, Dra. Vivian Galeano, solicitó esta ampliación tras la confirmación de la causa de muerte de la mujer.
El desenlace fatal
Estela Olga Guadalupe González, de 54 años, había recibido tres disparos de arma de fuego por parte de Muga el pasado 1 de agosto. Las heridas, provocadas con su arma reglamentaria Bersa calibre 9mm, la alcanzaron en el antebrazo izquierdo y la pierna derecha. Un tercer impacto se produjo en la zona dorso lumbar cuando la mujer intentaba arrastrarse en busca de auxilio, ocasionándole daños irreparables en órganos vitales.
Tras permanecer internada en estado delicado durante semanas, la señora González falleció el 19 de septiembre a las 9.40 de la mañana. La autopsia ordenada por la fiscalía determinó que el deceso fue consecuencia directa de las lesiones provocadas por los proyectiles.
La calificación legal y el brutal ataque inicial
En base al informe forense, la fiscalía amplió la figura legal a la de «femicidio, calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima». Se reiteraron además los cargos por «atentado y resistencia a la autoridad, calificado por ser a mano armada y por su carácter de empleado policial».
El hecho original se produjo el viernes 1 de agosto, minutos antes de las 7 de la mañana, en uno de los dormitorios de la casa ubicada en Pasaje S/N 8716, a metros de calle Europa, en la zona norte de la capital provincial. Tras los disparos, se activó un protocolo de emergencia para salvaguardar a las hijas y una nieta menor de edad del uniformado, quien se rehusaba a entregar el arma y mantener en vilo a todo el barrio Nueva Esperanza.
La intervención policial y la detención
Para doblegar a Muga, que llegó a atacar con una ráfaga de disparos a los efectivos, intervinieron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía de Santa Fe. Lograron herirlo con un «tiro táctico» en una de sus piernas, obligándolo finalmente a entregarse. En los días subsiguientes al episodio, Muga fue imputado en tribunales por atentado y resistencia a la autoridad en perjuicio de sus pares y por el intento de homicidio de su expareja, quedando en prisión preventiva desde entonces.
Los pedidos de la defensa
Una vez finalizada la exposición fiscal, el juez Sebastián Szeifert hizo lugar a dos planteos formulados por la defensora pública, la Dra. Leticia Feraudo. La letrada solicitó que «intervenga la Junta de Salud Mental de la provincia», reiterando un pedido ya efectuado. Asimismo, requirió que se le indique «seguimiento psicológico o psiquiátrico» desde dentro del Servicio Penitenciario, atento al estado en el que se encuentra el detenido.
El magistrado, habiendo transcurrido 21 días desde la primera disposición, ordenó «bajo apercibimiento de ley» a la Junta de Salud Mental que «realice el análisis oportunamente requerido». Cabe recordar que Muga habría tenido un intento de suicidio con posterioridad a su detención en el hospital José María Cullen, y la defensa planteó que su pupilo habría sufrido un «brote psicótico» el día del hecho.
La palabra de la fiscalía
Al concluir la audiencia, la fiscal Galeano dialogó con los medios presentes en el subsuelo de tribunales y remarcó: «Finalizamos la audiencia de ampliación de imputativa en donde se le atribuye formalmente el delito de femicidio, agravado no solo por el vínculo, sino por ser cometido por un hombre hacia una mujer en un contexto de violencia de género, acarreando lógicamente la prisión perpetua».
La representante del MPA consideró este paso como «formal» para que Muga deba enfrentar la pena máxima. Señaló además que «la autopsia, que es la evidencia nueva en la que nos fundamos en esta ampliación, determina que el fallecimiento de la señora Estela González es producto de las lesiones provocadas por los proyectiles que se produjeron el 1 de agosto».
Respecto al nuevo pedido de la Junta de Salud Mental, la fiscal aclaró que «no nos negamos a que sea atendido y evaluado», aunque sostuvo que «nosotros tenemos nuestras evaluaciones hechas y entendemos que no había situaciones de alucinación y que estaba en juicio como para poder efectuar esos actos, por eso continuamos con la determinación de ampliar la imputativa».
La compleja situación familiar
Finalmente, la fiscal se refirió a la situación de las hijas de la pareja, cuya madre ha fallecido y cuyo padre se encuentra privado de la libertad. La definió como «una situación muy compleja» y detalló que «están tratando de fortalecerse anímicamente desde el núcleo familiar», pero «lógicamente están devastadas».
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