Arroyo Leyes: cuáles son los límites legales y técnicos para construir defensas en zonas inundables

El gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos a cargo de Nicolás Mijich, advirtió que las obras de defensa deben cumplir estricta y obligatoriamente con la Ley provincial 11.730 para evitar la urbanización en terrenos inundables de la costa oeste de Arroyo Leyes. En esa línea, el funcionario cuestionó el proyecto licitado hace tres años porque desplaza el trazado hacia el interior del río, altera el escurrimiento natural del agua y contradice las restricciones vigentes sobre el uso del suelo.

Límites y advertencias sobre las defensas en la costa de Arroyo Leyes

En la provincia de Santa Fe existen limitaciones técnicas que deben considerarse al proyectar defensas hídricas, en particular en zonas sensibles como la costa oeste de Arroyo Leyes, donde se han levantado viviendas sobre terrenos expuestos a las crecidas del río Paraná. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas señalaron que cada sector requiere una evaluación rigurosa de sus condiciones naturales y de las autorizaciones otorgadas oportunamente para su ocupación.

«Hay que revisar dónde se construyó, cuándo se ocuparon esos terrenos y qué permisos se dieron. Son lugares por donde el agua pasa o se acumula cuando el río crece, y eso debe tenerse en cuenta antes de definir una obra», explicó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich.

Qué establece la normativa provincial

La Ley provincial 11.730 distingue tres áreas geográficas diferenciadas: los cauces y cuerpos de agua permanentes (Área I); los terrenos por donde transitan o se almacenan las crecidas, definidos como zona inundable (Área II); y otras superficies expuestas a riesgo de inundación (Área III).

En el Área II están terminantemente prohibidas las obras y actividades que obstaculicen el escurrimiento natural. Las construcciones requieren autorización formal de la Provincia y deben cumplir estrictamente con las condiciones técnicas previstas para garantizar el paso del agua y mitigar el riesgo hídrico.

«El artículo 18 establece que la Provincia no puede hacer infraestructura básica ni defensas en beneficio de ocupaciones o construcciones no permitidas en las áreas I y II que se hayan realizado después de la publicación de la cartografía. En Arroyo Leyes hay que considerar los mapas publicados en 2014 y revisar la situación de cada lugar», señaló Nicolás Mijich.

Responsabilidades de control y uso del suelo

Los permisos de edificación, el control de las obras y la regulación local del uso del suelo corresponden, en primera instancia, al gobierno local. Por su parte, la Provincia evalúa el riesgo hídrico y el impacto de las intervenciones sobre el flujo y la acumulación del agua.

La Ordenanza Comunal Nº 01/1996 y sus respectivas modificaciones fijan una cota mínima de edificación de 17 metros, cuyo cumplimiento compete fiscalizar al municipio o comuna. El crecimiento residencial sobre terrenos inundables evidencia la urgencia de revisar los mecanismos mediante los cuales se autorizaron y controlaron estas edificaciones, incluso en tierras parceladas con anterioridad para fines turísticos u otros destinos.

Actualmente, numerosas familias residen en sectores altamente vulnerables a las crecidas. Cumplir con la cota de edificación no exime del cumplimiento de las restricciones que impone la ley provincial para urbanizar dichas áreas.

El Reglamento de Loteos y Urbanizaciones de Arroyo Leyes también contempla la citada cota mínima de 17 metros. «Construir a esa altura no significa que cualquier terreno sea apto para urbanizar. También hay que ver dónde está y si cumple con las restricciones de la ley provincial», aclaró el funcionario Nicolás Mijich.

Esta regulación se inscribe en el marco del financiamiento otorgado por el Banco Mundial en 1999 para obras de mitigación de inundaciones. La Ley 11.730 fue reglamentada en 2003. Además de ejecutar infraestructura de defensa, la Provincia asumió el compromiso de acompañar las obras con una adecuada regulación sobre el uso y la ocupación de las planicies de inundación, con el propósito de evitar que las estructuras generasen una falsa sensación de seguridad y estimularan nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo.

Objeciones al proyecto licitado

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos advirtieron que el proyecto licitado en 2023 desplaza el trazado de la defensa hacia el interior del río Paraná, sobre terrenos que forman parte de su dinámica natural.

«Si llevamos la defensa hacia terrenos más bajos, necesitamos un terraplén más alto. Además, hay que resolver cómo sacar el agua de lluvia que queda adentro, con estaciones de bombeo y desagües de mayor tamaño que después deben mantenerse en funcionamiento», detalló Nicolás Mijich.

Asimismo, el organismo advirtió que ampliar la superficie protegida podría alentar nuevas urbanizaciones en terrenos inundables, lo que incrementaría de manera exponencial la cantidad de personas expuestas ante una eventual falla o insuficiencia de la defensa.

«Tenemos que evaluar una solución que proteja a la población y respete los espacios que el río necesita durante una creciente. Eso debe ir acompañado de reglas y controles para que no se siga construyendo en zonas de riesgo», concluyó el secretario Nicolás Mijich.


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