Tras una semana marcada por dos reveses parlamentarios, el oficialismo concentró sus esfuerzos en el Senado para obtener un dictamen ágil sobre el proyecto de Presupuesto General 2026. La estrategia apuntó a aprobar la propuesta sin incorporar modificaciones y postergar el debate de fondo para después de la Navidad, ya en el recinto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se congregó este viernes por la mañana en el Salón Azul para tratar la iniciativa girada desde la Cámara de Diputados. Finalmente, el despacho de comisión excluyó el polémico Capítulo 11, un apartado que había sido rechazado en la votación en particular en la Cámara baja y que contenía medidas sensibles.
El encuentro fue encabezado por el senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), quien destacó la relevancia política del texto. El Presupuesto, afirmó, «es esencial para el funcionamiento de la República, para el sostenimiento del programa económico y para el crecimiento que está teniendo la Argentina», al tiempo que manifestó su expectativa de un avance rápido por parte del Senado. Al concluir el debate, con el despacho ya encaminado, el legislador reforzó la postura del gobierno: «el presupuesto es una ley como cualquier otra. La propone el Ejecutivo, pero la deciden los diputados y senadores. Si hay algunos diputados que han tomado el camino del déficit fiscal nosotros ya veremos cómo hacemos para corregirlo, pero el camino del déficit cero es innegociable para nosotros».
El despacho de mayoría contó con 11 firmas sobre 17 integrantes de la comisión, sumando el respaldo de aliados del Pro, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores de algunas provincias. A pesar de la exclusión del Capítulo 11 en esta instancia, el oficialismo evalúa la posibilidad de intentar reponerlo, total o parcialmente, durante el tratamiento en el recinto. En caso de prosperar esta estrategia, la iniciativa deberá retornar a la Cámara de Diputados para su revalidación.
Qué incluía el controvertido capítulo 11 excluido del dictamen
La exclusión del Capítulo 11 del dictamen del Presupuesto General 2026 representó una renuncia táctica del oficialismo para agilizar el tratamiento de la «Ley de Leyes» durante las sesiones extraordinarias. Este apartado, rechazado previamente en la Cámara de Diputados, contenía una serie de disposiciones de alto impacto social y político:
- Derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
- Eliminación del régimen de zona fría para usuarios de gas.
- Eliminación de la automaticidad de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones por Embarazo y Asignaciones Familiares.
- Disposiciones ligadas a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y transferencias de fondos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura.
La redefinición de la estrategia parlamentaria del gobierno
La decisión de no reincorporar el Capítulo 11 en el despacho de comisión obligó al gobierno nacional a redefinir su estrategia parlamentaria. Previamente, el oficialismo ya había tenido que postergar la reforma laboral, un giro que se produjo luego del revés sufrido en la Cámara de Diputados con la caída del mencionado capítulo y el malestar de los bloques aliados por designaciones fuera del temario para la Auditoría General de la Nación.
Estos acontecimientos llevaron a una reunión de urgencia entre el presidente Javier Milei, la jefa de bloque del oficialismo en el Senado Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizaba en las calles. De este encuentro surgió la determinación de priorizar la sanción del Presupuesto y postergar la reforma laboral.
A pesar de no haber logrado aglutinar las voluntades necesarias para reponer el articulado caído y las críticas que catalogan el proyecto como «deficitario» en su versión actual, el gobierno aspira a lograr la sanción definitiva de la Ley de Leyes el próximo viernes 26. En caso de obtenerla, el Ejecutivo podría contar con argumentos para vetarlo, aunque esta acción implicaría el tercer año consecutivo sin Presupuesto, una señal desfavorable para los organismos financieros internacionales en el marco de las negociaciones de deuda y la toma de empréstitos.
La exposición del Secretario de Hacienda
Durante la reunión de este viernes, parte del equipo económico del gobierno nacional expuso ante los senadores, con la participación destacada del secretario de Hacienda Carlos Guberman. El funcionario detalló los lineamientos del proyecto y respondió a las preguntas de los legisladores.
Guberman recordó que el año pasado no se había logrado avanzar con el tratamiento presupuestario y presentó un diagnóstico de «situación heredada» caracterizada por más de una década de déficit fiscal. En este sentido, puntualizó que en 2023 dicho déficit alcanzó el 4,6% del PBI, según sus palabras. Defendió la propuesta de ordenamiento de las cuentas públicas a partir de «eliminar gastos que no corresponden al Estado», focalizar partidas y reforzar áreas consideradas prioritarias.
Los ejes del gasto público y el diagnóstico económico de Guberman
El secretario de Hacienda Carlos Guberman estructuró la propuesta de Presupuesto General 2026 sobre tres ejes fundamentales:
- Acompañamiento social «sin intermediación».
- Recuperación y modernización de capacidades en defensa y seguridad.
- Una transformación del Estado para «acompañar el crecimiento del sector privado».
Además, Guberman precisó la distribución del gasto prevista para el ejercicio 2026:
- 45% a previsión social (jubilaciones y pensiones).
- 16% a asistencia social.
- 11% a salarios del sector público.
- 9% a intereses de deuda.
Estos rubros, indicó, concentran el 82% del Presupuesto, mientras que el 18% restante incluye subsidios al transporte y la energía, así como el gasto universitario, entre otros ítems.
En ese marco, el funcionario sostuvo que la pobreza «continúa siendo elevada», pero remarcó que se ubica en el nivel más bajo desde 2018, habiendo descendido del 42% al 32% desde el inicio de la actual gestión. Subrayó, finalmente, un dato político recurrente en el discurso oficial: el 79% del gasto primario estará destinado a servicios sociales en los ejercicios 2025 y 2026.
