El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, enfrenta una grave causa judicial por presunto espionaje ilegal contra personalidades de la provincia. La acusación detalla la recopilación de datos públicos y privados, e incluye órdenes para abrir un expediente al CEO de El Litoral con una denuncia inexistente. Tras un fallido intento de llevar el caso al fuero federal, la tramitación continúa en la Justicia provincial santafesina.
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En los últimos días de diciembre de 2025, se llevó a cabo la audiencia preliminar de una causa que acusa al exministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín, de intentar beneficiar irregularmente a una empresa proveedora en la compra de armas para la Policía. La imputación, que incluye a otras tres personas, es por «negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública». Para Saín, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 5 años. La audiencia pasó a cuarto intermedio y será retomada este año en fecha a determinar.
Sin embargo, esta no es la causa más grave que involucra al exfuncionario, quien también estuvo al frente del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. La situación más delicada corresponde al proceso iniciado por acusaciones de espionaje ilegal contra figuras públicas, instituciones y particulares.
El caso
En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, solicitó elevar a juicio la causa iniciada en 2022 contra Saín por presunto espionaje ilegal.
Según la acusación, el exministro habría liderado una asociación ilícita que elaboró al menos 661 «perfiles» de dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales. Esta actividad se habría realizado sin orden judicial y en violación de la Ley de Inteligencia. La imputación detalla que estas prácticas implicaron la sistematización ilegal de datos sensibles —patrimoniales, familiares y migratorios—, obtenidos tanto de registros públicos como de bases privadas.
En este proceso también están involucrados seis excolaboradores de su gestión en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, entre ellos la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la exdirectora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Adicionalmente, se les imputan delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.
Las querellas
A fines de agosto pasado, el equipo legal que representa al gobernador Maximiliano Pullaro formalizó una acusación ante el Colegio de Jueces Penales de la Provincia contra Saín y otros funcionarios, solicitando una pena de 10 años de prisión. El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, imputa al exfuncionario por defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la Ley 25.520, vinculada al espionaje ilegal.
La acusación describe cómo los imputados, varios de ellos funcionarios públicos, habrían orquestado un sistema para recopilar información personal, política y laboral de individuos de manera ilegal, incluyendo al propio Pullaro y su círculo, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones. Es importante recordar que, en aquel entonces, el actual gobernador era diputado provincial por el bloque de la UCR, en oposición al gobierno del que Saín formaba parte. El expediente contiene pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que avalan la existencia de esta red de espionaje, cuyo propósito era influir en la política y la opinión pública de la Provincia de Santa Fe, y se ha solicitado la apertura de un juicio.
Paralelamente, la Fiscalía de Estado Santafesina, a cargo de Domingo Rondina, también ha presentado una acusación contra Saín y sus excolaboradores, pidiendo pena de prisión. Su oficina entregó un documento de más de 400 páginas con los fundamentos de su acusación en calidad de querellante.
Asimismo, Nahuel Caputto, CEO de El Litoral, quien fue blanco específico de algunas de las acciones ilegales detalladas en la causa, presentó una querella contra el exfuncionario, exponiendo la naturaleza y los objetivos de dichos actos.
El debate jurisdiccional
En un intento previo, Saín procuró trasladar el expediente de los tribunales santafesinos a la Justicia Federal, argumentando que el presunto delito de espionaje configuraba una violación de la Ley Nacional de Inteligencia (25.520), lo cual correspondería a esa jurisdicción.
Sin embargo, la Justicia Santafesina rechazó la solicitud de la defensa en dos ocasiones. Se consideró que las tareas de inteligencia criminal presuntamente irregulares estaban «circunscriptas al ámbito provincial» y no se acreditó la intervención de organismos nacionales. La pretensión fue también desestimada por el entonces juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez.
El abogado Ignacio Alfonso Garrone, patrocinante de la querella de Nahuel Caputto, declaró a El Litoral: «Queda claro que en materia de competencia penal lo determinante será el territorio, los sujetos y el interés afectado, resultando ajustada a derecho la intervención del Colegio de Jueces Penales de la Ciudad de Santa Fe en el caso que nos ocupa». Garrone citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación («Paoli», «Gonzáles, Mónica» y «Pérez Esquivel»), los cuales establecen este criterio, replicado también por la Corte de Santa Fe («Aliau»).
El «perfilamiento» de Nahuel Caputto
El letrado Alfonso Garrone explicó que «este caso resulta particularmente transparente y desnuda una de las formas en la que actuaba la asociación ilícita: el jefe de la asociación ilícita da una orden contraria a derecho procurando perjudicar a una persona a quien se considera un adversario político. A partir de ello se genera un anoticiamiento falso atribuyendo a la persona la supuesta comisión de un delito y ello es utilizado como excusa para recopilar información».
Esta metodología se evidencia en una orden dictada por Marcelo Saín el 2 de abril de 2020 a las 12:43 hs. En esa ocasión, instruyó a Nadia Schujman, Maximiliano Bertolotti, Paula Di Domenico, Alberto Mongia, Esteban Germán Montegro, Débora Cotichini, Pablo Alvarez y Mariana Olivieri, expresando: «a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tenga algún problema legal. Inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto, por favor». Esta directiva se conoció a través de un audio enviado al grupo de WhatsApp «MS Investigación Criminal», integrado por los mencionados.
La inexistencia de la «denuncia anónima» que el documento menciona se demuestra por la ausencia de un IPP (Investigación Penal Preparatoria) en el sistema de legajos del MPA vinculado al hecho. Esto significa que no solo no se comunicó la «denuncia anónima», sino que tampoco se informó al MPA sobre el despliegue policial que supuestamente se originó a partir de ella.
Al día siguiente, Saín ordenó, también vía WhatsApp, a Débora Cotichini que «perfile» a Nahuel Caputto. El exfuncionario utilizó ese término para referirse a un supuesto acuerdo «con el gobernador» para «ir, en nuestros términos, perfilando a Nahuel Caputto«, con el fin de «ir contra él».
Meses más tarde, persistía el interés en generar y recolectar información sobre Nahuel Caputto. Por ello, Débora Cotichini ordenó a Agustina Moulins la elaboración de un informe de inteligencia titulado «El cuarto poder en la Provincia de Santa Fe«. Este documento, confeccionado principalmente a partir de fuentes abiertas (publicaciones periodísticas y el Boletín Oficial), sirvió para estructurar el grupo empresario de Nahuel Caputto, objetivo de sus indagaciones. Aunque el principal foco del informe era Gustavo Scaglione, incluía un apartado específico bajo el título «Las Empresas de Caputto«, donde se detallaban los medios impresos, digitales y radiales en los que el empresario posee acciones.
«Como queda absolutamente claro, la obtención, producción y sistematización de información respecto de Nahuel Caputto perseguía la exclusiva finalidad de influir en los medios de difusión que la propia información producida por la asociación ilícita indica que son de su propiedad», afirmó el escrito presentado por Alfonso Garrone. Y concluyó: «En esta cuestión nosotros consideramos de gravedad la afectación específica de la libertad de prensa, al pretender generar una causa penal contra el directivo de un medio, pretender amordazarlo y de esa forma coaccionarlo para que no pueda ejercer plenamente ese derecho».
Conclusiones de la investigación
En resumen, la acusación detalla que la estructura operó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, con una organización jerárquica liderada por el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y altos funcionarios de su cartera y del Organismo de Investigaciones (OI). El objetivo principal era la recopilación sistemática de información personal, patrimonial, política y social de cientos de personas, sin orden judicial ni conexión con investigaciones penales.
El documento sostiene que se crearon «perfiles» o «dossiers» sobre funcionarios públicos, periodistas, empresarios, sindicalistas, militantes sociales y ciudadanos comunes. Esto se lograba mediante el acceso a bases de datos públicas y privadas (algunas de uso restringido), como Veraz, Nosis, Migraciones, Renaper, DNRPA y registros judiciales. Se afirma que esta información se utilizaba para influir en la opinión pública, la vida interna de partidos políticos y para hostigar o intimidar a adversarios.
Entre los hechos de mayor gravedad, la acusación señala un episodio de abril de 2020, cuando se habría ordenado «perfilar» al empresario periodístico Nahuel Caputto y generar acciones para involucrarlo en una presunta infracción durante la pandemia, incluyendo la intervención de personal policial en la sede del diario El Litoral.
La investigación se inició a partir de una denuncia interna y se nutrió de numerosos testimonios de exfuncionarios y empleados, algunos bajo reserva de identidad, quienes describieron un funcionamiento «promiscuo» entre el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, caracterizado por órdenes informales, pedidos de información sin respaldo legal y un ambiente de temor e intimidación.
El expediente también registra el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos en oficinas oficiales, donde se encontraron bolsas con papel triturado y evidencias de una supuesta destrucción de pruebas. Según los fiscales, solo un porcentaje mínimo de las miles de consultas realizadas en bases de datos estaba vinculado a causas judiciales reales.
Con esta acumulación de pruebas, la querella sostiene que existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral y obtener condenas por asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de secretos y realización de inteligencia ilegal, en una de las causas más sensibles de los últimos años en la Provincia.
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