La oposición política insiste en que el Decreto de Necesidad y Urgencia 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y fue firmado el 31 de diciembre, debe discutirse como proyecto de ley en el Congreso. Simultáneamente, la Justicia analiza varios pedidos de nulidad e inconstitucionalidad contra la norma.
Como Editor Jefe, he revisado y reescrito el material, asegurando la integridad de los datos y una impecable ortografía y estilo periodístico. A continuación, presento la versión final de la nota.
La pregunta sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias en Febrero domina el escenario político. Todo indica que el llamado oficial se conocerá en los próximos días de Enero, en un arranque de año en el que la actividad política, pese a las vacaciones intermitentes de integrantes del Gabinete y otras figuras, se mantuvo intensa.
El Gobierno Nacional espera obtener, a partir del próximo mes, el apoyo necesario para su proyecto de Reforma Laboral (que el Ejecutivo insiste en denominar «modernización»), entre otros temas que figuran en el listado difundido a fines de 2025.
Sin embargo, un sector de Diputados y Senadores aguarda la reapertura del Palacio de las Leyes para debatir un asunto que, pese a intentar pasar desapercibido, generó un amplio rechazo en la oposición: se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia 941 que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
“Entre gallos y medianoche fue firmado ese decreto”, declaró el Diputado Nacional Agustín Rossi (UxP), en relación a su fecha de rúbrica: el 31 de diciembre. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero.
Como en todo trámite legislativo, los plazos son perentorios, recordó el legislador en diálogo con MP: el DNU debe ser enviado por el Ejecutivo al Congreso dentro de los 10 días hábiles posteriores a su publicación. La fecha límite, según estimaciones, vence este viernes.
Posteriormente, el Congreso dispone de otros 10 días hábiles para tratarlo, en principio, en la Comisión Bicameral de Tratamiento de DNU, que aún no ha sido conformada tras los cambios producidos en Diciembre con la asunción de los nuevos legisladores.
Para oficializar la integración de dicha comisión, deben convocar la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el Presidente de Diputados, Martín Menem.
“Si por alguna circunstancia la comisión no está conformada o no lo trata, una vez finalizado ese plazo los plenos de ambas cámaras pueden debatirlo, siempre que consigan el cuórum suficiente”, explicó el santafesino.
En caso de que se convoque a extraordinarias y se abra el Congreso (que inicia el período ordinario de sesiones el 1° de marzo), “en los primeros días de Febrero estaríamos en condiciones de tratar el DNU”, confió Rossi.
Es más, el legislador se manifestó “optimista” sobre la posibilidad de rechazar la norma, considerando que varios legisladores ya se pronunciaron en contra del decreto “por la gravedad de la modificación que introduce” y porque “afecta las garantías y los derechos individuales de los ciudadanos”.
“La posibilidad de que la SIDE se convierta en una policía secreta capaz de detener en forma temporaria a los ciudadanos, sumado al involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, son motivos más que importantes para que sea rechazado el DNU”, al que “no le vemos ni necesidad ni urgencia”.
“En la exposición de fundamentos se apela a la cadencia habitual del trámite legislativo (que, dice el texto oficial, ‘irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo’), cuando el Congreso estuvo sesionando hasta el 26 de diciembre”. Y añadió: “Si el Presidente nos hubiese convocado en Enero, estaríamos presentes para debatir el tema”.
Rechazo opositor:
Si el objetivo era que el tema pasara inadvertido, no se logró. A horas de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, se conoció un pronunciamiento del Interbloque Unidos, que rechazó la norma.
“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agregaba el comunicado.
El texto contó con el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Consultada por este medio, la ex Gobernadora y actual Presidenta de Unidos en Diputados, Gisela Scaglia, insistió en el pedido de que el tema sea discutido como ley en el Congreso, “como corresponde”.
“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no debe socavar la Constitución, el Congreso ni las garantías que protegen a los ciudadanos. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, señalaba aquel comunicado conjunto.
Para que un DNU quede sin efecto, debe ser rechazado por ambas cámaras. El Gobierno de Javier Milei ya había utilizado esta facultad legislativa con un decreto previo que asignaba a la SIDE 100 mil millones de pesos en gastos reservados.
Aquel pedido pasó por el Congreso, que lo rechazó en ambas instancias: en la Cámara Alta y en la Cámara Baja.
Habrá que ver si la misma suerte corre el actual DNU que, entre otros argumentos, esgrime que “postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la República Argentina vulnerable frente a las amenazas internas y externas”.
El DNU en la justicia
Mientras se define la convocatoria a extraordinarias (el tema podría estar en la mesa política anunciada para este viernes por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni) y los bloques establecen sus estrategias para cuando termine el receso, el asunto llegó a la Justicia.
Varios amparos fueron presentados en el fuero Contencioso Administrativo, uno promovido por legisladores de la Coalición Cívica, otro por ex Diputados y referentes políticos, y un tercero por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En este último caso, se busca declarar la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del decreto, y se pide una medida cautelar inmediata para pausar sus efectos.
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