La Casa Rosada planea replicar un plan de provisión de energía con superbaterías para las provincias, similar al que ya se encuentra mucho más avanzado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El programa AlmaGBA ya está en proceso de adjudicación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras que recientemente se ha lanzado la licitación para implementar una iniciativa similar en el interior del país. Ambos proyectos buscan incorporar alrededor de 700 megavatios de energía almacenada en baterías de litio, una innovación significativa para los sistemas eléctricos argentinos.
El Gobierno nacional recurre a esta estrategia como paliativo ante la desinversión histórica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Por ello, el llamado a oferentes de megabaterías se ha denominado AlmaSADI.
La resolución de la Secretaría de Energía de la Nación estipula una distribución regional, no provincial. A Santa Fe se le han asignado 220 megavatios, a compartir con Entre Ríos, dentro de la Región Litoral. Esta asignación se basa en un dato objetivo: la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es la tercera distribuidora del país en tamaño, precedida por las privadas Edenor y Edesur.
Impacto en la EPE y consultas de ubicación
La licitación ha generado repercusiones internas en la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Según información obtenida por El Litoral, se han asignado nuevas tareas a diversas áreas de la compañía estatal para determinar la ubicación óptima de las superbaterías, en caso de que la decisión nacional recayera en su recomendación. Los potenciales oferentes para el plan AlmaSADI ya han iniciado consultas con la EPE. La llegada de estos requerimientos a Santa Fe no es casual, dado el bajo riesgo que parece ofrecer esta inversión.
La Provincia de Santa Fe representa entre el 9% y el 10,5% del consumo energético nacional mensual, ubicándose en tercer lugar. Las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentran el 38,27% y cuentan con su propio plan de almacenamiento de megavatios, significativamente más avanzado.
En este contexto, la EPE es la principal empresa de distribución involucrada en la licitación convocada por la Secretaría de Energía de la Nación. Hasta el momento, El Litoral ha podido constatar que no ha habido comunicaciones oficiales entre las autoridades energéticas nacionales y las santafesinas sobre este tema.
Es evidente que existen asimetrías significativas en la información de base sobre el mapa eléctrico nacional entre la Casa Rosada y la Casa Gris. Desde una perspectiva técnica, es complejo determinar en Santa Fe si se le ha otorgado la relevancia adecuada. Sin embargo, desde el ámbito político, la asignación a la EPE en el plan AlmaSADI puede considerarse insuficiente en comparación con compañías de menor envergadura.
Consultas de los oferentes y nodos críticos
Los posibles participantes en la licitación nacional han solicitado datos específicos sobre los «nodos más críticos» para la EPE, es decir, los puntos donde se podrían instalar las megabaterías importadas. Si bien la ubicación lógica sería cerca de las zonas de necesidad, se demandan datos mucho más precisos.
La experiencia indica que las mayores dificultades se presentan en los extremos de las redes. Varios barrios de la Ciudad de Santa Fe experimentaron esto en el apagón de 1994, que provocó cortes rotativos en una parte de la capital provincial debido a la falta de un anillo de distribución de energía. Todo apunta a que la zona norte de la provincia es el lugar principal recomendado por la EPE para la instalación de las baterías. Es importante recalcar que la provincia puede informar, sugerir y gestionar, pero no decidirá. Esta es una licitación nacional que busca resolver un problema jurisdiccional, ya que el SADI carece de la estructura necesaria, no se ha actualizado y no se han construido más líneas de 500 kV.
La EPE ha respondido a las consultas de los privados (cuyos nombres no han trascendido). Esta respuesta incorpora la consideración de los «valles» y «picos» de demanda según la geolocalización, un trabajo multidisciplinario que ha involucrado a las áreas comercial, de distribución y de monitoreo de calidad del servicio.
Funcionamiento de AlmaSADI y su lógica
La implementación de superbaterías para almacenar y distribuir energía eléctrica es una novedad en Argentina. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano contarán con esta provisión en breve, una medida que busca paliar la desinversión nacional en el Sistema Interconectado Nacional (SADI), identificado con las torres de 500 kV visibles en las rutas del país.
La lógica de esta tecnología, impulsada por avances en materiales como el litio, puede comprenderse mediante una analogía: en un sistema de agua potable, cada vivienda dispone de un tanque que resulta esencial ante un corte de servicio. Esta reserva permite cubrir picos de consumo o la ausencia total de suministro. De manera similar, barrios o localidades pequeñas cuentan con tanques de reserva para evitar interrupciones.
Para los sistemas eléctricos, el principio es análogo: los «tanques» de energía deben cargarse y descargarse. No se almacenan metros cúbicos de agua, sino megavatios en baterías con capacidad suficiente para guardar cantidades significativas de energía y con la calidad requerida para grandes sistemas eléctricos. No se trata de una simple pila, sino de una tecnología con garantías superiores.
En términos técnicos, el futuro sistema AlmaSADI es eficaz únicamente si la ubicación de instalación presenta «valles» y «picos» marcados en las curvas de demanda geolocalizada, es decir, variaciones entre valores de consumo muy bajos y muy altos. Las megabaterías permiten almacenar megavatios durante períodos de baja demanda (en los «valles» de la curva) y liberarlos cuando la demanda es alta (en los «picos»), mitigando así el riesgo de apagones.
Un parche para la transición energética
La capacidad de estas baterías se limita a colaborar en escenarios de colapso. La licitación de AlmaSADI responde a un escenario nacional de «transición», ante la falta de grandes inversiones necesarias en el sector. Este sistema solo podrá prevenir o mitigar los apagones recurrentes causados por un sistema de transporte de energía obsoleto. No promoverá el desarrollo ni garantizará la confiabilidad para un aumento de la demanda por nuevas industrias o emprendimientos electrointensivos. Es un remedio paliativo para ganar tiempo, no la solución a la profunda desinversión.
La problemática del desarrollo energético en Argentina es endémica, resultado de décadas de decisiones políticas deficientes. El país no ha logrado atraer las inversiones necesarias, desde el fracaso de las privatizaciones de los años ’90 hasta la distorsión generada por subsidios y excepciones regulatorias estatales financiadas con un déficit que alcanzó valores irracionales.
Actualmente, el Gobierno nacional ha implementado medidas para que los kilovatios se abonen a su valor real o, al menos, a un precio que refleje mejor sus costos. Este ajuste ha recaído principalmente sobre los usuarios residenciales. Todavía subsisten subsidios para sectores medios y vulnerables; los primeros se eliminarán drásticamente en 2026. Establecer nuevas reglas de juego o recrear condiciones de mercado no garantiza la inversión de las empresas. De hecho, los pliegos de las licitaciones de los años ’90 no incluían esta obligación para el sistema de transporte de energía, ni tampoco para la generación, donde los resultados fueron menos adversos.
Garantías para la inversión privada
En el sector de los servicios públicos, especialmente en energía, las decisiones se proyectan a décadas. En la actualidad, no existen incentivos para que el capital privado asuma los riesgos necesarios para desarrollar un sistema de alta tensión mejorado. Por ello, se ha diseñado esta licitación como un «parche» que garantiza a los oferentes una rentabilidad asegurada: compran energía a un precio bajo, la almacenan y la venden a un precio mayor cuando la demanda lo requiere. El riesgo es mínimo, ya que la demanda, influenciada por factores climáticos, se mantiene constante cada año. Evidentemente, el sobrecosto por megavatio será afrontado por el conjunto de los usuarios.
Para los futuros proveedores de energía almacenada, la competencia se concentra en la formulación de sus ofertas en esta licitación pública del Gobierno nacional. Serán mejor calificados quienes propongan un valor de mercado menor por sus megavatios almacenados en los «valles» para venderlos en los «picos». En este punto, se establece una barrera regulatoria de tipo no «libertario»: se aceptan cotizaciones de hasta 10 dólares por megavatio.
Asimismo, existen especificaciones técnicas que ilustran la insuficiencia de la analogía del tanque de agua para explicar la complejidad de los sistemas eléctricos. La provisión de energía eléctrica por un generador o una batería se realiza según su tensión nominal: 220 kW para usos residenciales, 380 V para la industria, 13,2 kV o 132 kV en baja y media tensión para las redes de distribuidoras como la EPE, y hasta 500 kV en el caso del SADI nacional. Otras normativas regulatorias definen, además, condiciones de frecuencia en Hertz, que pueden entenderse como parámetros de calidad del servicio.
En otras palabras, el sistema eléctrico de «mercado» busca que los generadores compitan según el valor del megavatio producido. Sin embargo, con estos nuevos sistemas, las baterías venderán energía previamente comprada y almacenada a un precio de reventa mayor, con la certeza de que esa demanda existirá.
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