YPF volvió al centro de la atención internacional después de que la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York determinara que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina. Como resultado de esta decisión, se anuló el fallo de primera instancia y se ordenó que el caso sea revisado nuevamente.
Este dictamen representa un paso significativo para la estrategia del Gobierno argentino de revertir la millonaria sentencia emitida en septiembre de 2023, aunque la resolución no fue unánime entre los magistrados.
Tras conocerse la decisión judicial, las acciones de Burford Capital, la empresa que representa a los demandantes Petersen y Eton Park, registraron fuertes bajas en la Bolsa de Nueva York. Este movimiento bursátil refleja la incertidumbre generada por la revocación del fallo inicial y las posibles implicancias sobre los cuantiosos reclamos contra el Estado argentino.
La reacción del Gobierno
El presidente Javier Milei celebró enfáticamente la decisión judicial, destacando que Argentina «no deberá pagar nada». En su cuenta de X, escribió: «Ganamos», y calificó el fallo como «histórico e impensado», considerándolo «el mayor logro jurídico de la historia nacional».
El mandatario resaltó que, gracias a esta resolución, YPF queda exculpada de responsabilidad en el proceso de estatización y que el país se evita un pago que superaría los US$ 16.100 millones.
Milei agregó: «La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra Argentina: el mejor escenario posible, con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia. Esto significa que no debemos pagar NADA de los aproximadamente USD 18.000 millones».
Además, en medio de la polémica por el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Presidente cuestionó a quienes critican sus viajes a Estados Unidos y sus decisiones de gestión, mencionando irónicamente las críticas sobre los 18.000 millones de dólares.
Implicancias legales y políticas
El fallo refuerza la posición del Gobierno en su intento de revertir la sentencia original. La revocación subraya la necesidad de revisar con precisión la interpretación de la legislación argentina en tribunales extranjeros. Aunque la decisión aún no es definitiva, se trata de un precedente significativo que podría influir en futuros litigios internacionales en los que el país esté involucrado.
