El Decreto 253/2026 del Gobierno Nacional inaugura una fase significativa en la administración de la infraestructura vial en Argentina. Esta normativa otorga a provincias como Santa Fe un papel protagónico en la gestión de rutas nacionales, mediante un esquema que conjuga la descentralización operativa con el control federal.
Un nuevo esquema de gestión provincial
La inclusión de Santa Fe en el grupo inicial de jurisdicciones que asumirán funciones delegadas representa un cambio trascendental en la política de infraestructura. Junto a otras ocho provincias —entre ellas Córdoba, Mendoza y Corrientes—, el distrito ha sido habilitado para avanzar en la concesión de tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio.
Este nuevo rol no implica una transferencia de propiedad, sino una delegación de funciones específicas. La provincia podrá licitar, adjudicar y controlar concesiones de obra pública bajo el sistema de peaje, con el propósito de optimizar el mantenimiento, la ampliación y la seguridad de las vías.
El esquema responde a una lógica de descentralización que busca agilizar la gestión, partiendo de la premisa de que los gobiernos locales, al estar más próximos a las necesidades del territorio, pueden responder con mayor eficiencia a los desafíos de infraestructura.
No obstante, la norma es explícita en un aspecto central: el Estado Nacional conserva la titularidad de las rutas y la jurisdicción sobre ellas. Así, Santa Fe actuará como gestora, no como propietaria.
Amplias facultades operativas con límites precisos
El decreto confiere a las provincias amplias facultades operativas, supeditadas a condiciones rigurosas. En el caso de Santa Fe, tendrá la potestad de definir los pliegos licitatorios, convocar a empresas, adjudicar contratos y supervisar su ejecución. Además, el plazo de estas concesiones podrá extenderse hasta un máximo de 30 años, lo que facilita proyectos de largo aliento con participación del sector privado.
Sin embargo, esta delegación posee un carácter claramente definido: es funcional, limitada, temporal y revocable. Esto implica que la provincia solo podrá intervenir en aspectos operativos como el mantenimiento, la reparación o la ampliación, sin transferencia de dominio ni de jurisdicción federal, asegurando que las rutas permanezcan como parte del patrimonio nacional.
El esquema es, asimismo, temporal. Cada convenio tendrá una duración establecida —con un tope de tres décadas— y estará sujeto a condiciones estrictas. La extinción del contrato de concesión conlleva la finalización automática de la delegación. Finalmente, su carácter revocable permite al Estado Nacional retomar el control en cualquier momento si lo considera necesario por razones de interés público.
Control permanente y plazos estrictos
Uno de los puntos más salientes del decreto es la imposición de plazos concretos para prevenir demoras en la ejecución de las obras. Una vez firmado el convenio entre la provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, Santa Fe dispondrá de un máximo de un año para convocar a la licitación. Su incumplimiento implicará la pérdida automática de la facultad sobre ese tramo. Posteriormente, una vez adjudicado el contrato, deberá firmarlo y otorgar la posesión en un plazo de 90 días hábiles. Este mecanismo busca erradicar la paralización de obras, un problema recurrente en la infraestructura vial del país.
El control recaerá en la Dirección Nacional de Vialidad, que operará como organismo técnico de supervisión. Será su responsabilidad evaluar la viabilidad de los proyectos, auditar su ejecución y asegurar la integridad del sistema vial nacional.
Fondos específicos para cada ruta
Otro aspecto crucial del decreto es la restricción en el uso de los fondos. El dinero recaudado por peajes en un tramo específico deberá destinarse exclusivamente a ese mismo tramo. Esto prohíbe el uso de tales recursos para financiar otras obras, incluso si están relacionadas o ubicadas en la misma región.
La medida persigue reforzar la transparencia y garantizar que los usuarios perciban el reflejo de su pago en mejoras concretas. En esta misma línea, las provincias deberán asegurar la razonabilidad de las tarifas y el equilibrio económico-financiero de los contratos, lo que implica peajes justos, proporcionales al servicio y sostenibles en el tiempo.
Responsabilidad total de la provincia
El nuevo esquema redefine también las responsabilidades legales. Santa Fe deberá asumir la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la ejecución de los contratos, incluyendo posibles reclamos de usuarios, empresas o terceros. Además, la provincia tendrá que garantizar la indemnidad del Estado Nacional, protegiéndolo de cualquier litigio o perjuicio económico vinculado a la gestión delegada. En la práctica, aunque las rutas conserven su carácter nacional, la gestión —y sus consecuencias— recaerán plenamente sobre la administración provincial.
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