Dos policías, Germán Luis Noval y Patricio Emanuel Piacenza, fueron condenados este jueves en Santa Fe a tres años de prisión condicional por exacciones ilegales, tras un procedimiento abreviado. Ambos agentes aceptaron su responsabilidad en el hecho, ocurrido la semana pasada y que involucra a la Comisaría 8va, mientras la fiscalía aún busca a un tercer efectivo implicado.
Condena por exacciones ilegales y búsqueda de un tercer implicado
Los policías Germán Luis Noval y Patricio Emanuel Piacenza fueron condenados este jueves como coautores del delito de exacciones ilegales, en un hecho registrado la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. Tras una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, ambos quedaron en libertad, luego de que el juez Martín Torres homologara el acuerdo de procedimiento abreviado pactado entre los imputados y el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
De esta manera, Noval y Piacenza aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a tres años de prisión de ejecución condicional. La condena implica que los uniformados no irán a la cárcel, pero deberán someterse a distintas reglas de conducta impuestas por la justicia. Además, según precisó el fiscal Hernández tras la audiencia, los condenados deberán pagar una multa en pesos y quedaron inhabilitados por un lapso de seis años para ejercer como funcionarios públicos. El fiscal recordó que la pena prevista para el delito de exacciones ilegales tiene un máximo de cuatro años y un mínimo de un año de prisión.
A pesar de la condena de los dos agentes, la investigación no se da por agotada. El fiscal Hernández reconoció que las pesquisas continúan para dar con un tercer policía que habría participado activamente de la maniobra delictiva y que, por el momento, logró eludir a la justicia. Finalmente, el fiscal señaló que la aceptación de responsabilidad por parte de Noval y Piacenza se dio ante el peso contundente de la evidencia reunida en el expediente.
La maniobra extorsiva
El caso tuvo como víctima a un joven que, tiempo atrás, había entregado su motocicleta como parte de pago de una deuda. Días después, el muchacho recibió información que indicaba que su antiguo vehículo había sido utilizado para cometer un asalto. Preocupado por esta situación, decidió acercarse a la Comisaría 8a.
Según la investigación, en la seccional fue recibido por un policía que le sugirió realizar una «falsa denuncia», indicando que el rodado había sido robado, con el supuesto objetivo de eximirse de cualquier responsabilidad legal. El joven accedió a firmar un papel que teóricamente era la denuncia, pero nunca tuvo la oportunidad de leer su contenido, ya que le fue entregado doblado para que estampara su «gancho».
Posteriormente, policías a bordo de un antiguo patrullero, que carecía de sistema GPS para registrar sus recorridos, se dirigieron hasta la localidad de Sauce Viejo con el objetivo de «recuperar» la motocicleta. Este procedimiento fue calificado como irregular por la fiscalía. Una vez en posesión del vehículo, los uniformados convocaron a la víctima, pero no para restituirle el bien. En cambio, le exigieron el pago de un millón de pesos. Los agentes le explicaron que dicha suma no era solo por la moto, sino también para no aprehenderlo por la «falsa denuncia» que había radicado. «Le dijeron que lo iban a meter preso por quince años», relató el fiscal Hernández. Ante la grave amenaza y sintiéndose acorralado, el muchacho decidió acudir al día siguiente a la División de Asuntos Internos de la fuerza.
La entrega controlada y las aprehensiones
Los detectives de Asuntos Internos, encargados de investigar irregularidades dentro de la fuerza, organizaron de inmediato una «entrega controlada». Se reunió la suma de un millón de pesos en efectivo, y cada uno de los billetes fue fotocopiado para certificar su numeración y facilitar su identificación posterior.
El dinero fue entregado a la víctima, quien el pasado viernes 24 se dirigió nuevamente a la Comisaría 8a para efectuar el pago exigido por los policías. En la sede policial, dos uniformados recibieron el efectivo. Los movimientos del joven y los agentes fueron monitoreados en todo momento por personal de Asuntos Internos, que además documentó todo el operativo con registros audiovisuales.
Cuando el joven salió de la seccional, realizó una seña previamente pactada con los investigadores, utilizando su capucha. Acto seguido, los detectives irrumpieron en el edificio de la comisaría. En el interior, lograron recuperar el efectivo y proceder a la aprehensión de los dos uniformados involucrados. La rápida intervención de Asuntos Internos permitió que, en menos de una semana, los dos responsables fueran condenados. Sin embargo, la investigación sigue activa para ubicar al tercer cómplice que, hasta el momento, permanece prófugo.
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