La Libertad Avanza convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados para la próxima semana, postergando así el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Esta estrategia oficialista busca vaciar de quórum la sesión opositora de este martes y garantizar la aprobación del Súper RIGI y el acuerdo con holdouts el miércoles.
La Libertad Avanza implementó en la Cámara de Diputados una estrategia parlamentaria con doble objetivo: encauzar formalmente los proyectos presentados contra Manuel Adorni y, simultáneamente, desarticular la sesión especial que la oposición había convocado para este martes, con miras a avanzar en la interpelación y una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Esta acción se concretó mediante la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes 30 de junio a las 15:00, en la Sala del segundo piso del Anexo C. En dicho espacio se debatirán seis proyectos de resolución impulsados por diversos bloques opositores, que incluyen desde solicitudes de informes verbales hasta propuestas para activar el mecanismo constitucional de remoción del ministro coordinador.
Esta decisión, lejos de ser ingenua, busca que el oficialismo vacíe de contenido la sesión especial solicitada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, La Izquierda, la Coalición Cívica y diversos monobloques. En la práctica, esta maniobra proporciona al PRO y a la UCR una justificación para no asistir este martes y sentarse junto al kirchnerismo y La Izquierda, a pesar de que varios de sus referentes también exigen aclaraciones sobre la situación patrimonial de Adorni.
Ganar tiempo
La estrategia fue diseñada durante el fin de semana por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en colaboración con referentes de bloques dialoguistas. En estas conversaciones participaron figuras del PRO, la UCR y otras bancadas aliadas, entre ellos Cristian Ritondo, Pamela Verasay y Karina Banfi, quienes integran el engranaje político destinado a impedir el quórum en la sesión opositora.
Para abrir el recinto, la oposición requiere la presencia de 129 diputados. Los cálculos preliminares indican que los bloques más intransigentes no alcanzan este número por sí solos. Incluso con asistencia perfecta, estarían lejos del quórum y dependerían de legisladores del PRO y la UCR. Si bien estos últimos han expresado críticas severas contra Adorni, por el momento no parecen inclinados a sumarse a una ofensiva que podría precipitar la salida del jefe de Gabinete.
En estos sectores, prevalece una postura más cautelosa: si bien Adorni debe ofrecer explicaciones, la decisión sobre su continuidad debería recaer en Javier Milei o, en su defecto, gestionarse a través de un procedimiento institucional más gradual. Al activar la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo dilata el conflicto, elude una interpelación con plazos perentorios y transforma la urgencia opositora en un mero debate de procedimiento.
Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque peronista, calificó la decisión como «una maniobra dilatoria para encubrir» al jefe de Gabinete. La facción más combativa de la oposición podría mantener la sesión de este martes, incluso sin alcanzar el quórum, con el fin de pronunciar discursos en minoría y evidenciar la ausencia de los bloques que no desciendan al recinto.
La agenda del miércoles
La segunda etapa de esta estrategia se proyecta hacia el miércoles. El oficialismo requiere que la Cámara de Diputados sesione para abordar dos proyectos considerados prioritarios para la gestión económica: el acuerdo de conciliación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido políticamente como Súper RIGI.
El primer proyecto ya obtuvo media sanción del Senado y autoriza un pago de aproximadamente 171 millones de dólares a bonistas que no adhirieron a acuerdos anteriores con holdouts. La fecha límite es crucial: debe sancionarse antes del 30 de junio para prevenir complicaciones derivadas de un fallo de la Justicia de Estados Unidos.
El segundo es un componente esencial del programa económico de Javier Milei. El Súper RIGI busca atraer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares en nuevas industrias, con la condición de ejecutar el 20% en los primeros dos años y canalizar cada iniciativa a través de Vehículos de Proyecto Único. Entre los beneficios que contempla se encuentran una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos después de cuatro años, un aspecto que algunos bloques aliados han solicitado revisar.
Para la Casa Rosada, estos dos expedientes no pueden verse afectados por la crisis que atraviesa Adorni. La determinación de derivar el caso del jefe de Gabinete a comisión se interpreta, por ende, como una «limpieza táctica» del recinto: el martes para evitar que la oposición alcance el quórum; el miércoles para que el oficialismo intente aprobar su agenda legislativa.
La sombra del Senado
Esta maniobra también pretende enviar un mensaje a la Cámara alta. En el Senado, el debate sobre Adorni adquirió una nueva dinámica luego de que en Labor Parlamentaria se instalara la interpretación de que una interpelación puede aprobarse por mayoría absoluta del cuerpo, sin requerir dictamen previo ni los dos tercios que habitualmente se exigen para tratar proyectos sobre tablas.
Esta lectura generó inquietud en la Casa Rosada. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, había aceptado inicialmente la posibilidad de avanzar con una interpelación para el 2 de julio, si bien posteriormente procuró aclarar que serían necesarias mayorías especiales. El debate reglamentario permanece abierto y podría extenderse a la Cámara de Diputados si la oposición consiguiera abrir la sesión.
Por esta razón, Menem intenta seguir el camino inverso: derivación a comisión, debate procedimental, una eventual convocatoria de especialistas y plazos más prolongados. Bajo este esquema, la moción de censura se alejaría de cualquier definición inmediata.
La Constitución Nacional, en su artículo 101, faculta la remoción del jefe de Gabinete mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. No obstante, dado que los proyectos opositores carecen de dictamen, cualquier tratamiento directo «sobre tablas» en la Cámara de Diputados requeriría el apoyo de dos tercios de los presentes. Un número que, en la actualidad, parece inalcanzable para la oposición.
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