La Legislatura de Santa Fe destituyó este jueves por unanimidad al fiscal adjunto Diego Gustavo Rodríguez y Barros tras hallarlo responsable de graves faltas y mal desempeño en sus funciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La decisión de la sesión conjunta de ambas cámaras se basó en un proceso disciplinario que investigó denuncias por presuntas estafas a una aseguradora, uso indebido de sistemas judiciales y episodios de violencia de género y hostigamiento laboral en la Unidad Fiscal de San Jorge. Con esta medida institucional, el ahora ex funcionario perdió formalmente su cargo e idoneidad ética para el ejercicio de la función fiscal en la provincia.
Expulsión unánime del fiscal Diego Gustavo Rodríguez y Barros en Santa Fe
Sin votos en contra, la Legislatura de Santa Fe decidió expulsar del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al doctor Diego Gustavo Rodríguez y Barros, quien perdió de manera definitiva su cargo de fiscal adjunto. La medida fue adoptada por la sesión conjunta de ambas cámaras legislativas por unanimidad, luego de que el funcionario permaneciera suspendido de manera preventiva desde julio del año pasado.
Al ahora exfiscal se le reprocharon graves faltas y mal desempeño en sus funciones, de acuerdo con la resolución aprobada este jueves 3 de septiembre. En sendas votaciones, la Asamblea Legislativa confirmó el dictamen de la Comisión de Acuerdos, que preside el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo. Durante el plenario, el propio Gramajo tuvo la misión de informar sobre la existencia del dictamen y recordó la actuación del diputado Marcos Corach como miembro acusador.
Las graves denuncias y el modus operandi
El proceso disciplinario contra Diego Gustavo Rodríguez y Barros acumuló múltiples cargos, que incluyeron presuntas estafas a una compañía aseguradora —al simular el robo de dos ruedas de su vehículo Chevrolet Cruze—, el uso indebido de sistemas judiciales confidenciales, hostigamiento laboral, amenazas a subordinados y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
La investigación se originó a partir de la alerta de una empresa de seguros, luego de que el entonces fiscal denunciara falsamente el hurto de los neumáticos delanteros de su automóvil para cobrar la póliza. La maniobra quedó al descubierto cuando el propio funcionario había comentado previamente a empleados judiciales y funcionarios municipales que se trataba de una rotura accidental, versión respaldada por testigos de la fiscalía. Tras detectar inconsistencias, la compañía rechazó inicialmente el siniestro por considerar inverosímil la mecánica descripta.
Posteriormente, se sumó a la causa el ingreso sin autorización al sistema informático Heimdall, donde Diego Gustavo Rodríguez y Barros cargó personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro funcionario. El expediente determinó que actuó como acusador público en un caso donde tenía interés particular, vulnerando el principio de objetividad. A estos antecedentes se adicionaron comprobados maltratos en el ámbito laboral.
Consideraciones políticas y abstenciones
Durante el debate, Marcos Corach destacó la seriedad y serenidad del procedimiento, subrayando que se garantizó el derecho de defensa y que la gravedad de los nuevos hechos confirmaba el mal desempeño. «No necesitamos convertir a esta asamblea en un tribunal», expresó, y aclaró que se trató de una decisión política en favor de los ciudadanos frente a la pérdida de autoridad del funcionario para ejercer en el MPA.
Solo los tres diputados del bloque Frente Amplio por la Soberanía, junto a la diputada Lionella Cattalini —quien había sido aludida por el encartado en declaraciones públicas—, solicitaron permiso para abstenerse. No se registraron sufragios en contra de la resolución.
Sanción a la fiscal María Verónica Ballari
En la misma sesión conjunta, el cuerpo legislativo declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Verónica Ballari, a quien el Poder Legislativo santafesino le impuso una sanción disciplinaria consistente en una suspensión de 90 días.
El dictamen correspondiente fue respaldado por la firma de todos los integrantes de la Comisión de Acuerdos y posteriormente votado por unanimidad, con la abstención exclusiva del bloque opositor antes mencionado.
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