La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y las máximas autoridades de los ministerios públicos firmarán este martes un convenio para zanjar la disputa por la distribución de espacios en el nuevo edificio Anexo de Tribunales de la capital provincial. El entendimiento, que sella una aceptación parcial tras meses de tensión institucional, asigna sectores del primer y quinto piso a la Defensa Pública y al Ministerio de la Acusación (MPA), respectivamente, además de un sexto nivel que deberá ser acondicionado íntegramente. Con este acuerdo formalizado por los ministros del máximo tribunal, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson, se reordenan las dependencias del sistema penal en la ciudad.
Fin de la disputa institucional: la Corte Suprema de Santa Fe y los ministerios públicos firman el convenio por el nuevo Anexo
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volverá a tratar este martes la distribución de los espacios del nuevo edificio Anexo de Tribunales y, a las 13, recibirá a la fiscal general María Cecilia Vranicich y a la defensora general Estrella Moreno Robinson para la firma del convenio que formalizará el entendimiento alcanzado con los ministerios públicos.
El acuerdo representa el punto de llegada de una disputa institucional que comenzó hace más de siete meses, cuando la Corte decidió modificar el esquema de ocupación previsto para el inmueble y reservarlo prioritariamente para dependencias del Poder Judicial. La definición generó el rechazo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que sostuvieron que existían compromisos y asignaciones previas para ambos organismos.
La solución que será formalizada este martes contempla una distribución concreta dentro del propio edificio. Según fuentes de los ministerios públicos, la Defensa ocupará una parte del primer piso, el MPA tendrá sectores del quinto y ambos organismos compartirán el sexto piso, un nivel que deberá ser construido prácticamente desde cero en su interior. Las mismas fuentes aclararon que no se trata de una aceptación plena de todas las alternativas planteadas por la Corte, sino de una aceptación parcial de la propuesta, y solicitaron una nueva revisión de los espacios disponibles ante la posibilidad de que existan sectores susceptibles de ser reasignados.
El origen del conflicto
El diferendo quedó planteado formalmente el 24 de febrero de 2026, cuando la Corte aprobó el Acta Acuerdo N° 4 y dispuso avanzar con las readecuaciones del Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe. La resolución estableció que el inmueble quedaría destinado a las necesidades del Poder Judicial y que, una vez concretadas las obras, se evaluaría la posibilidad de ceder espacios a los ministerios públicos.
La decisión fue cuestionada dos días después por María Cecilia Vranicich, quien calificó la medida como inaplicable e institucionalmente inaceptable. La fiscal general sostuvo que el edificio había sido proyectado durante años para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto.
Uno de los argumentos centrales de los ministerios públicos se apoyó en la reforma de la Constitución provincial de 2025, cuya cláusula transitoria decimosexta estableció que el uso y destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público no puede modificarse sin su conformidad, al transformarlos en órganos extrapoder separados del Poder Judicial. Para la Corte, en cambio, dicha reforma produjo una nueva situación institucional que obligaba a atender primero las necesidades edilicias de los tribunales, postura ratificada en marzo por el entonces presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, durante la apertura del Año Judicial.
Del cruce público a la negociación
La controversia escaló rápidamente con intervenciones de la Legislatura para promover mecanismos de coordinación. Tras un pedido conjunto de reunión presentado el 1° de abril por María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, el escenario comenzó a modificarse en junio.
En su reunión de Acuerdo del 23 de junio, la Corte propuso ceder el sexto piso del nuevo Anexo y las dependencias del fuero Laboral en la peatonal San Martín. Si bien esa oferta inicial no fue aceptada y derivó en la ausencia de las funcionarias en la inauguración oficial del edificio el 30 de junio, el 28 de julio se produjo una reunión clave de trabajo entre los siete ministros de la Corte, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson.
A partir de allí, el conflicto dejó las declaraciones públicas para centrarse en alternativas concretas. El 18 de agosto, Rafael Gutiérrez presentó una nueva propuesta que incluía el sexto piso completo, sectores de los pisos primero y quinto, y oficinas en el inmueble de San Jerónimo y Amenábar.
Aceptación parcial y firma del acuerdo
La definición que destrabó la negociación llegó el 29 de septiembre, cuando el MPA y el MPD presentaron una nota conjunta aceptando parcialmente la distribución dentro del Anexo, pero rechazando el inmueble de San Jerónimo y Amenábar. En esa ocasión, el ministro de la Corte Jorge Baclini confirmó públicamente el avance hacia un entendimiento que permitía dar por zanjado el conflicto.
El convenio que se firmará este martes precisa que la Defensa ocupará una parte del primer piso, el MPA una parte del quinto y ambos compartirán el sexto piso, cuya obra interior deberá completarse. Aunque el acuerdo cierra la discusión sobre la distribución inicial del inmueble y permite consolidar el funcionamiento de la justicia penal santafesina en la nueva sede, las fuentes consultadas remarcaron que se dejó expresamente abierta una segunda instancia para solicitar al máximo tribunal una nueva revisión de los espacios disponibles en el futuro.
