La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dispuso este lunes 12 de mayo rechazar el pedido de sobreseimiento de Sofía Raquel Riquelme, exesposa del condenado exministro de Comunicación y Cultura de la provincia, Pedro Báez, durante las gestiones del también condenado exgobernador de la provincia, Sergio Urribarri. También rechazó la solicitud de declaración de insubsistencia de la potestad del Ministerio Público Fiscal (MPF) para continuar la investigación, pero sí hizo lugar a la realización de una pericia oficial contable que solicitó la defensa, que deberán realizar los peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
Zilli, tras analizar detalladamente los momentos por los que atravesó el proceso y la profusa actividad que desplegaron las partes, sobre todo el incesante accionar de los fiscales, sostuvo que “en este caso concreto no se vulneró la garantía de los imputados de ser juzgados en un plazo razonable”. También valoró que ambos investigados no sufrieron restricciones a su libertad que los pusiera en una situación imposible de tolerar.
La jueza sí hizo lugar al pedido de la defensa para que peritos del STJ realicen una pericia contable, que se remontará a 1991, cuando Báez ingresó a la Administración Pública, y la actualidad, como paso básico para contar con información imparcial que permita determinar si hubo un incremento patrimonial indebido.
En relación a la pericia, la jueza le indicó a Fiscalía que deberá proveer al nuevo perito toda la información con la que cuenta para la realización de la pericia. La defensa había cuestionado que lo que Fiscalía realizó fue un informe contable de parte realizado por peritos que se desempeñan en el MPF y su trabajo sería corroborar la hipótesis del organismo en el que se desempeñan.
Zilli también desechó el argumento de la defensa respecto a la Riquelme fue imputada sólo porque era la esposa de Báez. La jueza evaluó que Fiscalía cuenta con evidencia que aquella dispuso ampliamente del patrimonio de la pareja mientras Báez fue funcionario.
HIPÓTESIS
La disuelta pareja es investigada por la sustracción –en distintas modalidades, especialmente en publicidad– de más de 650.000 dólares en el período 2007-2016. El 10 de abril, la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, dictó un cuarto intermedio para resolver los planteos que realizó Velázquez, puesto que Díaz no concurrió a la audiencia.
Ambos son investigados por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. Fiscalía, representada por Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, fundamentó en aquella audiencia su rechazo al pedido de la defensa y sostuvo que cuenta con evidencia de cargo que acredita la sustracción de más de 650.000 dólares de las arcas del Estado en beneficio personal durante el período comprendido entre 2007 y 2016.
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