La Cámara de Casación de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, dará a conocer el jueves 2 de octubre, a las 12.30, su resolución respecto de los recursos de casación que le presentaron Fiscalía, representada por Juan Pereyra, y las defensas de Daniela González y María de los Ángeles Giménez, que son asistidas por Héctor Toloy y Boris Cohen, por la defensa de la primera, y Javier Aiani, por la segunda, que estuvo en la audiencia y volvió a sostener su inocencia.
Giménez manifestó que su “error” fue huir sin dar aviso a la Policía y resaltó que desde el primer momento estuvo a disposición de la Justicia. También afirmó que no supo hasta el día siguiente que la víctima había fallecido.
EL CASO
Mercedes Rodríguez tenía 73 años cuando el 28 de octubre de 2023, alrededor de las 14:30, fue abordada por las dos acusadas, que, según la hipótesis acusatoria que fue acogida por un jurado popular, la golpearon, la ataron de pies y manos y le metieron un repasador en la garganta y un trapo en la boca que la terminó matando por asfixia. El hecho ocurrió en la casa de la víctima, en barrio Paraná XVI.
El viernes 16 de mayo, tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular las encontró culpables del crimen de la mujer. El juez técnico, Gervasio Labriola, las condenó con la única pena posible para los delitos por los que fueron consideradas culpables: prisión perpetua. Fuentes judiciales indicaron que en la previa al debate, Fiscalía les había propuesto a las defensas una salida alternativa al juicio consistente en la pena de 16 años de prisión.
Los argumentos de las defensas fueron coincidentes en sostener que el jurado popular habría emitido un veredicto “emocional” que se habría sostenido en el apasionado alegato de los fiscales y en cómo presentaron el caso: una mujer vulnerable como víctima y dos mujeres jóvenes como autoras de un crimen planificado que se concretó por un “ataque sorpresivo”, a “traición” y “atroz”.
También cuestionaron lo que entendieron como testimonios contradictorios de algunos testigos y solo se diferenciaron cuando la defensa de Giménez se apoyó en una testigo que fue puesta en crisis por la defensa de González. La testigo, que era amiga de González declaró que aquella llegó a su casa el día del hecho y le dijo que había mandado “una cagada”, le confesó el crimen y el móvil, que fue la intención de robar. Esto fue desestimado por el fiscal, que defendió la solidez del testimonio de la testigo.
Las defensas también cuestionaron la calificación legal. Dijeron que no hubo intención de darle muerte, solo se habría pretendido evitar que la víctima gritara. En este punto destacaron que el móvil quedó desvirtuado por los policías que declararon en el juicio y dijeron que no fue motivo de investigación.
El fiscal sostuvo que el desorden que se observó en la habitación de la víctima, con carteras abiertas desparramadas en la cama y otros muebles removidos, más la “confesión” de González a su amiga, fueron evidencias de que el móvil existió, pero quedó el grado de tentativa porque al lugar llegó la nieta de la víctima, generando la huida de las condenadas.
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