El Gobierno Nacional anunció recientemente una actualización en los aranceles para los prestadores de servicios a personas con discapacidad, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Esta determinación se produce tras semanas de intensas protestas y reclamos por la falta de aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa aprobada por el Congreso de la Nación que aún aguarda su completa implementación.
La medida fue acordada en el ámbito del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, una instancia en la que participaron representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Es importante destacar que Daniel Lipani, quien integró la reunión en representación del Comité Asesor de la ANDIS, manifestó su voto en contra del esquema de aumentos propuesto por el Ejecutivo.
Cómo se aplicarán los incrementos y su justificación oficial
Fuentes gubernamentales detallaron que el incremento se efectuará en tres tramos consecutivos. Para las prestaciones vinculadas al transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo, los aumentos se desglosarán en un 14% en octubre, un 10% en noviembre y un 8% en diciembre. En el caso del resto de las prestaciones, la suba se aplicará con un 12% en octubre, un 8,25% en noviembre y un 7% en diciembre.
El aumento total acumulado alcanzará el 34,53% para el primer grupo de servicios y el 29,73% para el segundo. Voceros oficiales justificaron esta actualización al señalar que se ubicará por encima de la inflación proyectada para el año en curso y que su objetivo primordial es «garantizar la continuidad y calidad de la atención» a las personas con discapacidad.
La partida presupuestaria adicional necesaria para cubrir estos aumentos, correspondientes al último trimestre del año, fue aprobada mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y gestionada de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud.
Las demandas del sector de la discapacidad y el rechazo a la propuesta oficial
El anuncio gubernamental llega después de una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en diversos puntos del país. Organizaciones sindicales, sociales y sanitarias habían exigido al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada a comienzos de este año, y reclamaron de forma contundente la actualización del nomenclador nacional, cuyos valores se encontraban congelados desde diciembre de 2022, momento en que se había otorgado un incremento mínimo del 0,5%.
Fuentes del Ministerio de Salud, que coordina junto a la ANDIS el seguimiento de las prestaciones, enfatizaron que la decisión busca «acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención».
Sin embargo, el sector privado y las entidades que agrupan a los prestadores expresaron su profunda disconformidad con el monto otorgado. Daniel Lipani, quien representa a los prestadores en el Directorio, había presentado una moción alternativa que proponía un aumento del 70% desde octubre, la cual fue rechazada. Al respecto, Lipani sostuvo que «el ajuste otorgado no cubre los costos reales de funcionamiento ni la inflación acumulada».
Demoras, crisis en el sector y las perspectivas futuras del financiamiento
Desde el último aumento generalizado en diciembre de 2022, los prestadores advirtieron sobre un sostenido deterioro en los aranceles, una situación que, según denuncian, derivó en la suspensión de servicios, el cierre de numerosos centros de día y recurrentes demoras en los pagos.
«Hubo prestadores que no pudieron afrontar sueldos ni alquileres, y otros que dejaron de atender por falta de cobertura. Este ajuste llega tarde y no resuelve el problema estructural», indicaron desde una red de instituciones con sede en la provincia de Buenos Aires. El nuevo incremento alcanzará a rubros como internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros, y los valores se aplicarán sobre el nomenclador nacional, que constituye la referencia oficial para los aranceles de todo el sistema de discapacidad.
Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron que la medida se enmarca en un esquema de revisión trimestral, aunque no se establecieron, al menos por el momento, nuevos mecanismos automáticos de actualización. «El objetivo es sostener el funcionamiento del sistema mientras se avanza en una reforma integral del financiamiento», señalaron desde la ANDIS.
Este aumento se produce en un particular contexto político, con el Gobierno Nacional buscando ordenar las cuentas públicas y demostrar capacidad de respuesta ante reclamos sociales sensibles, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. No obstante, los prestadores insisten en que el monto otorgado «no compensa la pérdida acumulada ni garantiza la sostenibilidad de los servicios».
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