“Seis meses desde hoy, los detalles de cómo lo hacen, qué empresas van a llamar, todo queda bajo supervisión del municipio, a mí, a lo sumo, solamente me tienen que presentar un avance. La empresa se hace cargo del retiro y la clasificación, todo bajo los parámetros técnicos que disponga la Secretaría de Ambiente con control de la Municipalidad de Paraná. Seis meses, y ya no puedo dar más tiempo. Si en seis meses esto no se termina voy a proceder a la licitación”. Así dio por terminada la jueza Gabriela Teresita Mastaglia la tensa audiencia que se realizó este martes 4 de noviembre para que la firma Las 3E SRL cumpla con la orden judicial que el 29 de julio de 2024 dispuso la relocalización y retiro de toneladas de chatarra de residuos y residuos peligrosos acumulados durante más de 20 años por la firma de la familia Todoni.
La audiencia se desarrolló en medio de la tensión determinada por el hastío de los vecinos en la demora en hacer cumplir una orden judicial dispuesta hace más de un año. Estas dilaciones generaron una causa penal por desobediencia judicial. Mastaglia escuchó a las partes, sobre todo a una vecina que se presentó como vocera. La mujer resaltó las consecuencias en la salud física y psíquica y en las propiedades, que les viene causando el funcionamiento de la chatarrería durante más de 20 años.
La vecina sostuvo, respecto de las responsabilidades del Estado provincial y municipal, que a los vecinos les dolió que “no hayan estado presentes defendiéndonos, que se siga esperando en el tiempo y que usted (dirigiéndose a la jueza) cuando toma la decisión de que esto se haga rápido, siempre haya extensiones en el tiempo. Pensé que esto, a partir de la primera audiencia, se iba a resolver pronto y bien, y vemos que cómo se está tomando muy a la ligera y no se está viendo los problemas”. Estas expresiones fueron avaladas por la abogada de los vecinos, Aldana Sasia, que reforzó dirigiéndose a Mastaglia, con la que tuvo varios cruces durante la audiencia, destacando que “usted toma decisiones, que me perecen bien, pero no se están aplicando en tiempo y forma”.
CONCEJALA NO QUIERE ESCUCHAR
En el mismo tono, pero en sentido contrario se expresó una de las propietarias de la chatarrería, Romina Todoni, que es concejal de Paraná por La Libertad Avanza, mientras que su hermana Débora, es diputada provincial por el espacio, quien manifestó que “en este tiempo no puedo seguir escuchando a los vecinos decir lo que dicen porque desde el 2013 estamos insistiendo en el municipio con un ejido con urbanización como la gente para trasladarnos”.
En este punto, Mastaglia, que venía manejando con prudencia una tensa audiencia, le señaló que estaban para resolver para adelante. Allí, Todoni expresó que “no lo quiero escuchar más, por favor doctora, están dañando mi salud además del bolsillo”.
Mastaglia se mostró firme, pero permitió que todas las partes se expresaran y aportó dos ideas para la remoción de los residuos. Así, propuso que se trazara un plan “realista” que no se extendiese en el tiempo a cargo de la firma demandada con supervisión de los organismos provinciales y municipales. En este punto fue clara: “No quiero planes que después no podamos implementar”.
La jueza le dio la responsabilidad, tanto civil como penal, al licenciado en Salud Ambiental que asiste a la firma demanda, Mauro Cuello, para que la medida se cumpla en el plazo otorgado este martes. Entre otras definiciones importantes, la vocal se dirigió a la vecina presente en la sala y le manifestó: “Quiero que se vayan con el convencimiento de que esta causa va a seguir hasta el fin. Esos residuos se van a retirar”.
DAÑO AMBIENTAL
El predio del conflicto de Las 3E SRL, sito en Avenida José Hernández Nº 2561 de Paraná, tiene cuatro hectáreas. Funciona en el lugar desde hace más de 20 años. Su traslado se complica porque entre la chatarra que allí se deposita se encuentran residuos peligrosos que se mezclaron con los no peligrosos que, según la firma, comprenden un volumen importante y ya está listo para su traslado, lo que generaría un alivio para los vecinos. Mastaglia también fue categórica al sostener la clasificación es algo que no se negocia. Así, sentenció que no va a aceptar que se sostenga que aquello “es imposible”.
La fiscal Priscila Ramos Muzio, aportó que la empresa no cumplió con un plan de incendio, que está determinado en la sentencia de julio de 2024. En este sentido alertó que podría ocurrir una tragedia de importantes dimensiones si se sigue retardando el traslado ordenado hace más de un año y se mostró de acuerdo con las ideas aportadas por la jueza.
