Tres miembros de la Policía de Santa Fe permanecen detenidos desde el pasado sábado 22 de noviembre, a la espera de la audiencia imputativa que se llevará a cabo en el subsuelo de los tribunales locales este miércoles por la tarde.
Se trata de los oficiales Matías Adrián M., Pedro José G. y el subinspector Eduardo Manuel M., quienes serán imputados ante el juez Sergio Carraro. La defensa de los acusados estará a cargo de la defensora pública Virginia Segado y los abogados particulares Juan Carlos Galetto y Alberto Crucci.
La denuncia por «apriete»
La investigación, a cargo de la Unidad Especial de Asuntos Internos, se inició a partir de una denuncia de una persona que habría sido «presionada para que pague una coima» durante un procedimiento policial en la zona de Los Zapallos.
Así lo confirmó el subsecretario de Control de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Dr. Lucas Covacich. El funcionario explicó que se consultó a la Fiscalía, que dispuso una verificación en el lugar del control y, al no encontrarlo, ordenó dirigirse a la base policial de San Javier.
El control irregular en el departamento Garay
Según la denuncia, el hecho ocurrió el sábado al mediodía en el kilómetro 27 de la Ruta Provincial Nº 1, en el departamento Garay. Allí, los tres efectivos sindicados montaron un control de tránsito e inspeccionaron una camioneta a la que le faltaba la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).
El conductor y acompañantes fueron conminados a abonar la suma de $500.000 para poder continuar el viaje, lo que derivó en una negociación que incluyó pagos en efectivo y transferencias. Del relato de las víctimas se desprende que realizaron una transferencia de dinero a la cuenta de una mujer domiciliada en Colonia Teresa, y reunieron otra suma en efectivo, que fue distribuida en billetes de mil y dos mil pesos.
Intervención de Asuntos Internos
Una vez habilitados a continuar su viaje, el conductor del vehículo en infracción se detuvo en la localidad de Los Zapallos para radicar la denuncia en la Subcomisaría 5ª de la Unidad Regional VII. Tras la presentación, se comunicaron con el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, quien dio participación a Asuntos Internos para que realizara las medidas correspondientes.
Una comisión de AI se trasladó hacia la costa, pero al llegar al punto señalado en la denuncia, el retén policial ya no estaba. Por ello, se dirigieron a la ciudad de San Javier, sede de la base operativa de la Guardia Policial.
Hallazgo de dinero y otras pruebas
Producto de la requisa efectuada en la base de San Javier, los efectivos de Asuntos Internos hallaron $1.420.000 y 400 dólares dentro de un chaleco balístico. Además, se encontraron $400.000 en el interior de una billetera y $200.000 en la guantera del automóvil particular de uno de los involucrados. El total secuestrado asciende a más de $2.000.000 en moneda nacional, además de los dólares. También fueron incautados los teléfonos celulares de los tres integrantes de la patrulla.
La posición de la defensa
En el marco de la audiencia, el Dr. Juan Carlos Galetto, abogado de Eduardo M., se refirió a la situación de su defendido. El letrado aseguró que el subinspector «estaba por otro lado, haciendo control de alcoholemia» y que no tuvo relación con la maniobra delictiva. Sostuvo que su cliente «nunca habló con las víctimas» y que «se enteró de lo que estaba pasando cuando llegó Asuntos Internos a la base de San Javier».
Para respaldar sus dichos, el defensor afirmó que ninguno de los testigos o víctimas mencionó a su cliente en la denuncia y que existen pruebas fotográficas que demuestran que se encontraba a distancia, realizando otras labores. «Podrán pensar que todos estaban de acuerdo, pero en los hechos nunca tuvo contacto ni habló con los denunciantes», concluyó Galetto.
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