La Comisión especial investigadora de los casos de fentanilo contaminado y/o adulterado se reunió este miércoles a las 9 de la mañana en el Congreso de la Nación, en un encuentro marcado por las ausencias de dos funcionarios clave.
Habían sido convocados el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Bisio.
Ambos justificaron su inasistencia invocando «cuestiones de agenda», una explicación que generó malestar entre los integrantes del grupo de trabajo. La reunión, presidida por la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal), finalmente comenzó a las 9:30, momento en el que se confirmó la ausencia de los convocados. Ante esta situación, a pedido del diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), se decidió comunicar las inasistencias a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del oficialista Martín Menem.
Cronograma y objetivos de la comisión investigadora
La comisión, creada por unanimidad en la Cámara baja, trabaja desde septiembre y tiene previsto presentar las conclusiones de su labor el próximo 9 de diciembre. Previamente, el 2 de diciembre, se realizará una última reunión para ajustar el texto final que incluirá recomendaciones dirigidas a la próxima composición del Congreso.
La jura de los diputados y diputadas electos el 26 de octubre está programada para el 3 de diciembre, lo que otorga un carácter urgente a las conclusiones del informe. Entre las principales solicitudes, se destacará la necesidad de un marco regulatorio específico para la ANMAT, organismo creado por decreto en 1992 tras el trágico episodio del propóleo, así como la implementación de normativas claras sobre la trazabilidad de los medicamentos.
La continuidad de la comisión investigadora, aún con una nueva composición legislativa, será uno de los temas a definir después del 10 de diciembre, considerando que la causa judicial sigue su curso. La comisión está integrada por representantes de todas las fuerzas políticas y es liderada por la propia Mónica Fein (Encuentro Federal), Silvana Giúdici (La Libertad Avanza) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). En una medida inédita, a principios de noviembre la comisión se constituyó en la ciudad de Rosario para sesionar.
Testimonios clave y avances en la causa judicial del fentanilo
Desde el inicio de sus funciones, la comisión ha recibido importantes testimonios, siempre con la presencia de familiares de las víctimas. Entre los declarantes se encuentran autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se detectó el primer brote que desencadenó la denuncia y la alerta nacional.
Una semana antes de esta última reunión, había sido el turno del juez federal Ernesto Kreplak, quien, con sede en La Plata, es el responsable de la causa judicial que investiga la cadena de responsabilidades detrás del letal brote de fentanilo. La vicepresidenta de la comisión, Silvana Giúdici, destacó que fue la propia ANMAT la que realizó la denuncia penal que dio origen a la causa en mayo, y que actualmente se encuentran abiertos dos sumarios administrativos en paralelo.
Debate político y reclamos por la responsabilidad oficial
Durante la sesión, los distintos bloques parlamentarios expresaron sus posiciones sobre las ausencias y la investigación en curso. El Ministerio de Salud de la Nación comunicó su inasistencia mediante una nota con firma digital minutos antes de las 8 de la mañana, aduciendo participación en la reunión de gabinete anunciada para ese mismo miércoles por la mañana, que marcó el debut de Manuel Adorni en el rol de Jefe de Gabinete.
Por su parte, la ANMAT invocó su participación en las «Jornadas de Integración de la Genómica». Ambas instituciones manifestaron su disposición a colaborar por escrito con los requerimientos de la comisión.
La diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) propuso incorporar al informe final un capítulo específico sobre la responsabilidad ética que cabe a los funcionarios públicos en casos de esta gravedad. Desde la Unión Cívica Radical, la diputada Karina Banfi advirtió sobre el incumplimiento de varios artículos de la Constitución Nacional, haciendo referencia a los deberes de funcionario público, el acceso a la información pública y la ley de ética pública.
En contraste, la vicepresidenta Silvana Giúdici (La Libertad Avanza) señaló que, si bien los funcionarios no asistieron, sí habían respondido a las distintas requisitorias por escrito. Giúdici criticó la «falta de normativa, una profusión de normas mezcladas y enrevesadas» que impiden un manual claro de fiscalización, una situación que, según ella, facilita la «corruptela» en todos los gobiernos y organismos.
La diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria), por su parte, cuestionó la calidad de las respuestas recibidas hasta el momento por parte de los organismos públicos a los pedidos de la investigación parlamentaria.
