Santa Fe lidera las estadísticas nacionales de juicios laborales por cada mil trabajadores, consolidándose como la provincia donde más ha crecido este indicador. Este fenómeno se da en un contexto particular: el incremento de demandas judiciales coexiste con un retroceso en los accidentes y enfermedades laborales.
Así lo revela un informe de Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del Ieral-Fundación Mediterránea, elaborado en base a datos proporcionados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación.
Un mapa judicial desigual y la arbitrariedad territorial
El estudio de Caullo pone de manifiesto una profunda disparidad geográfica en las tasas de juicios. Mientras algunas provincias como Salta registran apenas 0,1 casos por cada mil trabajadores asegurados, Santa Fe y San Luis exhiben cifras alarmantes, con 24 y 23 juicios por mil asegurados, respectivamente. Esta marcada brecha configura un escenario de «arbitrariedad territorial», que no solo erosiona el principio de igualdad ante la ley, sino que también profundiza la incertidumbre económica para las empresas.
De acuerdo con el informe, cerca del 80% de los juicios del sistema se concentran en apenas nueve jurisdicciones. Entre ellas, Santa Fe, San Luis y Chubut muestran los incrementos más significativos en el último período. La analista estima que, al cierre de 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales podría alcanzar las 125.000 presentaciones, un volumen similar al máximo histórico registrado en 2017, lo que marca un retorno preocupante a niveles previos a la reforma legislativa.
Impacto directo en el empleo formal y los costos empresariales
La creciente litigiosidad laboral vuelve a posicionarse como un factor clave que condiciona la generación de empleo formal en el país. El análisis del Ieral subraya que los datos recientes muestran un retorno a niveles de judicialización que, en su momento, motivaron la reforma legal de 2017.
Este retroceso, en pocos años, diluye los avances logrados tras la sanción de la Ley 27.348, generando un escenario de incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y una presión al alza sobre las alícuotas que deben abonar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Este contexto de «menos siniestros, pero más juicios» representa uno de los capítulos más desafiantes para la reforma laboral que impulsa el gobierno central. El reporte del Ieral es contundente al afirmar que el incremento de demandas se da en un escenario de descenso de la siniestralidad, lo que confirma que el verdadero motor del fenómeno no reside en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
El rol clave de las pericias médicas y las «distorsiones» del sistema
Caullo apunta a las pericias médicas como un elemento central para comprender la problemática. En varias provincias, rige un esquema donde los honorarios del perito judicial no se fijan en función del trabajo realizado, sino como un porcentaje de la incapacidad determinada. Esta modalidad genera una «tendencia sistemática al sobrediagnóstico», según la especialista.
A ello se suma, según el informe, la falta de especialización de muchos profesionales en la valuación del daño laboral, la ausencia de capacitación específica y la inexistencia de mecanismos sistemáticos para monitorear su desempeño. La distorsión más grave, no obstante, surge del procedimiento que los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador, en lugar de simplemente revisar el dictamen previo de la Comisión Médica, complejizando el proceso y abriendo más puertas al litigio.
La Ley 27.348 y su implementación «muy parcial»
La Ley 27.348, sancionada en 2017, buscó precisamente corregir estas deficiencias. La normativa preveía la creación de Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) integrados por profesionales seleccionados por concurso, especializados y capacitados, con un esquema de remuneración adecuado, sujetos a monitoreo y con procedimientos que los obligaban a revisar técnicamente el dictamen de la Comisión Médica.
Sin embargo, la especialista señala que la implementación de esta ley ha sido «muy parcial». En la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo la provincia de Santa Fe, se mantienen las condiciones que incentivan a litigar, frustrando así el objetivo original de la norma.
Medidas provinciales para revertir la tendencia
Consciente de esta problemática que resta competitividad sistémica a la economía santafesina, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó recientemente un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, busca generar un marco de acción conjunto.
El presidente de la Corte santafesina, Roberto Falistocco, destacó que ya se ha llamado a concurso para la designación de nuevos peritos del Poder Judicial. Por su parte, el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, expresó su optimismo, augurando que estas medidas permitirán a los empleadores estar mejor asegurados y reducir costos laborales, lo que podría generar mayor margen para la inversión y el crecimiento de la industria santafesina.
El factor económico: alícuotas de ART bajo presión
El costo de la litigiosidad tiene un impacto directo en las finanzas de las empresas. La cuota que abonan a las ART, expresada como porcentaje de la masa salarial, se compone de dos elementos: el riesgo real de la actividad y el costo esperado de litigiosidad. Cuando este último crece y se desacopla de la siniestralidad, termina dominando la estructura de costos del seguro. En la práctica, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por el riesgo judicial.
Esta dinámica ha provocado un crecimiento de las alícuotas, que en agosto pasado ya alcanzaron un promedio del 2,9% de la masa salarial. Caullo recuerda que, entre 2010 y 2016, a pesar de la caída de la siniestralidad, la alícuota promedio del sistema subió del 3,20% al 3,46%. Tras la reforma de 2017 y la consecuente reducción de juicios, las alícuotas iniciaron un descenso sostenido. No obstante, desde 2021/2022, con el retorno de la litigiosidad, las primas volvieron a presionar al alza, impulsadas por la masificación de juicios que distorsiona la lógica actuarial del sistema.
Actualmente, se estima que los juicios insumen aproximadamente un tercio de la alícuota total, amenazando la sustentabilidad de la cobertura. El aumento de estas alícuotas justifica la preocupación y el reclamo de los empleadores, pero el informe advierte que, en la medida en que estos incrementos alcanzan a cubrir solo parcialmente el impacto financiero de la judicialización, la sostenibilidad del sistema se erosiona. La reciente decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de establecer una inhibición general de bienes sobre una ART, ante una situación de déficit financiero, es una clara señal de alerta sobre posibles riesgos sistémicos para el conjunto del sector.
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