El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni mantuvieron una reunión de trabajo en la Residencia de Olivos. Durante el encuentro, repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gestión, en un contexto político sensible.
Según trascendió, uno de los ejes centrales fue la necesidad de optimizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, especialmente ante las denuncias que involucran al jefe de Gabinete y que han generado un aumento de la presión desde sectores de la Oposición.
Planificación y agenda ministerial
En esa línea, Adorni iniciará una ronda de encuentros con ministros y equipos técnicos. El objetivo es analizar el estado de cada cartera y proyectar objetivos de cara al período 2026/2027. El cronograma prevé una serie de reuniones estratégicas durante la próxima semana: el 6 de abril a las 14 será el turno del Ministerio de Seguridad, el 7 de abril a las 14 se realizará el encuentro en el Ministerio de Salud, y el 8 de abril a las 10 continuará en el Ministerio de Defensa.
La intención oficial es evaluar la ejecución de políticas públicas y ajustar la planificación operativa en un contexto económico y político que exige resultados concretos en el corto plazo.
Cuestionamientos a Adorni y respaldo presidencial
La reunión en la Residencia de Olivos se produjo en medio de cuestionamientos vinculados a presuntas inconsistencias patrimoniales y al uso de recursos públicos que involucran al jefe de Gabinete. Estas acusaciones han derivado en presentaciones judiciales y han sumado tensión a la dinámica interna del Gobierno, en un escenario donde la Oposición busca capitalizar el tema en el plano político. Desde el entorno oficial, sin embargo, se ha buscado relativizar el impacto de las denuncias, remarcando que Adorni cuenta con el respaldo pleno del Presidente.
El propio funcionario rechazó las imputaciones y aseguró no tener «nada que ocultar», al tiempo que insistió en que su gestión se mantiene dentro de los parámetros legales. En este marco, el Gobierno intenta sostener su agenda de gestión mientras enfrenta un clima político más exigente, donde las decisiones administrativas conviven con el impacto de las disputas públicas.
