El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió sobre una «debilidad» en el proyecto de ley de reforma laboral enviado al Senado. Según el centro de estudios, la propuesta no contempla los factores estructurales que inciden en la masiva informalidad laboral de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), lo que podría comprometer el objetivo de una formalización masiva de empleo en el mercado argentino.
El desafío de la formalización laboral en el proyecto de ley
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) ha planteado un interrogante central sobre el proyecto de ley de reforma laboral: si su diseño actual es suficiente para motorizar un proceso masivo de formalización laboral. Desde el centro de estudios, que dirige Jorge Colina, se sugiere la imperiosa necesidad de contemplar la realidad de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para alcanzar este propósito.
Diagnóstico de la informalidad laboral
El análisis de Idesa se fundamenta en datos del mercado laboral proporcionados por el Indec. Según estas cifras, el 40% de los asalariados en empresas privadas se encuentra en situación de informalidad. Al desagregar esta estadística, se observa que el 80% de estos trabajadores informales se concentra en empresas con menos de 10 trabajadores. Un 16% opera en compañías que emplean entre 10 y 100 trabajadores, mientras que solo el 4% restante corresponde a empresas con más de 100 empleados.
Estos indicadores revelan que la incidencia de la informalidad es marginal en las grandes corporaciones. La inmensa mayoría de los asalariados informales desarrolla sus tareas en microempresas con menos de 10 trabajadores, y una porción significativa, aunque menor, en empresas medianas con hasta 100 trabajadores.
La debilidad del proyecto: ignorar a las microempresas
Considerando estas evidencias, Idesa sostiene que una debilidad crucial del proyecto de ley radica en no abordar los factores que más influyen en la masividad de la informalidad en las empresas de menor tamaño. Entre estos factores se destacan la dificultad para aplicar los convenios colectivos de actividad, que fueron concebidos originalmente para las necesidades de grandes empresas y se encuentran obsoletos por décadas sin actualizar, y las elevadas cargas sociales que recaen sobre el sector.
Propuestas para incentivar la formalización
En materia de negociación colectiva, Idesa recomienda establecer que los convenios colectivos de actividad no sean aplicables a empresas con menos de 10 trabajadores. Esto implicaría que los pequeños emprendimientos estén obligados a respetar únicamente la legislación laboral vigente, como la Ley de Contrato de Trabajo, la jornada laboral y el salario mínimo, sin la aplicación del convenio colectivo de actividad. Adicionalmente, se propone la posibilidad de que las empresas medianas puedan desengancharse del convenio sectorial y celebrar acuerdos propios con sus trabajadores mediante convenios de empresa.
Respecto a las cargas sociales, el instituto sugiere una medida de alivio para las empresas más pequeñas: la implementación de un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. El Consejo de Política Social, un organismo gubernamental, ya propuso un mínimo no imponible a la masa salarial de $ 5.000.000 mensuales, estimando que su costo fiscal rondaría el 0,23% del PBI. Este monto representa menos de la mitad del costo que demandará la constitución del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para los despidos, cuyo cálculo se ubica en el orden del 0,5% del PBI. Con esta estrategia, se podría aliviar sustancialmente los costos laborales de las micro y pequeñas empresas con un costo fiscal más acotado.
Alcance y objetivos de la reforma laboral
Si bien el análisis de Idesa reconoce que el texto remitido al Congreso incluye «muchas reformas que van en la dirección correcta», su principal debilidad es que no resuelve los problemas fundamentales que afectan a las empresas donde se genera el 80% del empleo informal.
El proyecto de reforma, que consta de casi 200 artículos, aborda una vasta cantidad de cuestiones aclaratorias sobre la Ley de Contrato de Trabajo y leyes complementarias, además de introducir nuevas reglas para el funcionamiento de la negociación colectiva y los sindicatos. Entre sus puntos salientes, se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obliga a las empresas a destinar un 3% de la masa salarial –que se neteará de las contribuciones patronales con destino a Anses– para financiar parte de las indemnizaciones por despido. A esto se suma un régimen de fomento a la contratación con reducción transitoria de contribuciones patronales para nuevos trabajadores, la posibilidad de un blanqueo de trabajadores y, sin relación directa con la cuestión laboral, ajustes sobre el sistema tributario.
Idesa recuerda que uno de los principales objetivos de esta reforma es promover la formalización laboral. Las expectativas en este plano son tan elevadas que, incluso, se pospuso una reforma previsional bajo la premisa de que la formalización de trabajadores que genere la reforma laboral permitirá mejorar la situación financiera del sistema previsional.
Finalmente, el organismo concluye que el Congreso tiene la oportunidad de suplir las deficiencias del proyecto, permitiendo que las Pymes queden excluidas de los convenios colectivos de actividad y estableciendo un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. La combinación de estas dos herramientas tiene la potencia necesaria para inducir una fuerte formalización laboral en el país.
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