El Gobierno de la República Argentina ha implementado nuevas medidas restrictivas para el ingreso al país de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Esta disposición emerge en un contexto internacional marcado por la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América.
La decisión fue comunicada este sábado por el Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, a través de una publicación en la red social X. El mensaje alude a posibles vinculaciones con el régimen previamente derrocado por la administración de Donald Trump, y que ahora transita un proceso bajo la égida estadounidense.
«La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro«, se lee en el inicio del mensaje del funcionario en sus plataformas digitales.
Los detalles de la disposición migratoria y sus destinatarios
En un trabajo articulado con otros organismos del Estado Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones ha establecido un marco de restricciones específicas para aquellos ciudadanos venezolanos que mantengan lazos con el anterior régimen de Maduro. El comunicado oficial puntualiza que estas limitaciones abarcan a «funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros».
La medida persigue el objetivo de impedir que «los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no puedan ingresar a nuestro país», conforme a la línea argumental que el gobierno libertario ha sostenido y difundido públicamente desde las primeras horas de la jornada.
El firme respaldo de la Cancillería a la operación estadounidense en Venezuela
Previamente a estas definiciones migratorias, el Gobierno de la República Argentina ya había manifestado su firme respaldo a la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano. En ese pronunciamiento, se destacó la relevancia estratégica de la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro.
A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería Argentina, y validado por altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la administración nacional calificó la acción de Washington como una «medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región».
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