El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina. El requerimiento busca que el exmandatario sea indagado por graves violaciones a los derechos humanos, en una causa judicial abierta en 2024 que ya posee una orden de captura internacional vigente.
La Justicia argentina solicita la extradición de Nicolás Maduro
La Justicia argentina ha dado un nuevo y significativo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El objetivo es que sea juzgado en Argentina por presuntas violaciones a los derechos humanos. Este requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
El inicio de la causa en 2024
El planteo se inscribe en un expediente que se inició en 2024, a partir de una denuncia formulada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Esta organización impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.
Según consta en el dictamen del fiscal, la solicitud de extradición se fundamenta en que «ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica«, lo que habilita a avanzar con el procedimiento de extradición activa. La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Maduro se encuentra imputado por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La investigación también involucra a otros integrantes de la cúpula del poder venezolano.
El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la «inmediata detención» de ambos para prestar declaración indagatoria. En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.
Desde el FADD sostuvieron que las acciones judiciales se dirigieron «contra Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad», en referencia a denuncias vinculadas a persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Fundamentos y alcances del pedido de extradición
El pedido de extradición presentado ahora por Stornelli retoma ese camino judicial y busca que el exmandatario venezolano sea trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia local. El fiscal calificó la medida como «urgente», al considerar que existe una orden de detención vigente y un llamado a indagatoria pendiente. En su dictamen, Stornelli recordó que la causa argentina ya cuenta con una orden de captura internacional vigente, lo que refuerza la necesidad de avanzar sin dilaciones. «Resulta imperioso iniciar el procedimiento de extradición a los fines de que el imputado sea sometido al presente proceso», sostuvo el fiscal.
La intervención de Estados Unidos y la Cancillería argentina
Uno de los aspectos centrales del planteo es la intervención que deberá tener la Cancillería argentina en caso de que el juez Sebastián Ramos haga lugar al pedido. De avanzar, se deberá enviar un exhorto diplomático a las autoridades estadounidenses para requerir formalmente la entrega de Maduro al país. El procedimiento de extradición activa implica una serie de pasos formales y negociaciones diplomáticas, que incluyen la evaluación por parte del país requerido sobre la legalidad del pedido y las garantías procesales. En este caso, la situación adquiere una complejidad adicional por tratarse de un exjefe de Estado y por el contexto internacional que rodea su detención.
Expectativa política y jurídica ante la decisión del juez Ramos
El juez Ramos deberá resolver ahora si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. En caso afirmativo, se pondrá en marcha un proceso que podría sentar un precedente relevante en materia de jurisdicción universal y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en tribunales argentinos.
La solicitud de extradición generó repercusiones inmediatas en el plano político y jurídico. Desde los sectores que impulsaron la denuncia original, interpretan el avance de la causa como un mensaje claro respecto del compromiso de la Justicia argentina con la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, especialistas en derecho internacional advierten que el proceso no estará exento de obstáculos, tanto por cuestiones diplomáticas como por eventuales planteos de inmunidad o competencia. Sin embargo, destacan que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales de distintos países bajo el principio de jurisdicción universal.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso en Comodoro Py, a la espera de la definición del juez Ramos. La decisión que adopte será clave para determinar si la Argentina avanza formalmente en el pedido de extradición de Nicolás Maduro y profundiza una causa que, desde su inicio, tuvo un fuerte impacto político regional.
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