El escenario económico previo al inicio del actual gobierno se caracterizaba por un déficit fiscal persistente, financiado mediante emisión monetaria, lo que a su vez aceleraba la inflación y llevaba a las empresas a incorporar márgenes preventivos en sus listas de precios.
Antes de la denominada «devaluación de Milei», en noviembre de 2023, el Nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un alza mensual del 12,8% y acumulado una variación interanual del 148,2%. Una dinámica claramente insostenible.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca la reducción del «impuesto inflacionario» en un contexto donde el IPC aún se ubica en torno al 2,5% mensual, representando un desafío constante para el gobierno. Sin embargo, gracias a esta desaceleración y a la eliminación o baja de ciertos impuestos, la presión tributaria efectiva nacional (es decir, la recaudación en relación con el tamaño de la economía) se ha posicionado como la más baja de la última década.
Para el año 2025, se proyecta un descenso de 1,1 puntos porcentuales, alcanzando un 21,4% del PBI (considerando solo la recaudación nacional). En contraste, el año 2015, último de la gestión de Cristina Fernández como presidenta y récord de presión fiscal, esa relación había llegado al 26,2%. Esto refleja la magnitud de los recursos privados que pasaron a manos del gobierno central, cuyas prestaciones, en aquel entonces, se asocian con la derrota en los comicios presidenciales de ese año.
Descenso de la recaudación y sus componentes
Este proceso implica un alivio en la carga fiscal para el sector privado, pero también una reducción de los recursos nacionales, a menos que se produzca un crecimiento económico que compense esta dinámica.
Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional de 2025 habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024. Este resultado se explica principalmente por la baja relativa de las retenciones a las exportaciones. Si se excluye la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación nacional habría experimentado un aumento del 4,5%.
En términos de variación real interanual, para el año 2025, los tributos con mayor caída (sin considerar la eliminación del Impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%). En contrapartida, se observaron aumentos relativos en otros componentes. Los tributos con mayor incremento habrían sido impuestos a los combustibles (42,9%, impulsado por una suba de alícuotas), derechos de importación (22,3% debido a un aumento de volúmenes) y la seguridad social (13,8%).
La situación fiscal de la provincia de Santa Fe
Santa Fe ha manifestado una tendencia de crecimiento sostenido en su presión fiscal propia durante las últimas dos décadas. No obstante, se mantiene por debajo del promedio de las provincias más grandes del país (Buenos Aires, Córdoba y Mendoza), lo que le confiere ventajas competitivas para la promoción de la producción.
Entre los años 2000 y 2024, la presión tributaria efectiva de Santa Fe creció aproximadamente un 48%. Este fenómeno es común en las jurisdicciones argentinas y se debe, en parte, a que la Nación se desprendió de servicios y, al mismo tiempo, incumple, por ejemplo, con la compensación a provincias que —como Santa Fe— no transfirieron su caja de jubilaciones al sistema nacional.
Hecha la salvedad, el dato más relevante de la serie es que entre el 80% y el 89% de la recaudación propia de Santa Fe proviene de Ingresos Brutos. El resto se distribuye entre el Impuesto de Sellos (-6%) y el Impuesto Inmobiliario (-4%). La Nación, por su parte, promueve la eliminación de Ingresos Brutos o su sustitución por un «súper IVA».
En la provincia, al igual que en el resto de los estados subnacionales, Ingresos Brutos es considerado un «impuesto distorsivo» del que los gobernadores no pueden prescindir sin un acuerdo fiscal con el gobierno central. Mientras tanto, Santa Fe sigue siendo una de las provincias con menor presión fiscal entre los grandes distritos. En 2024, mientras que Misiones lideró con un 7,5% y Buenos Aires registró un 7,2%, Santa Fe se ubicó en el 5,3% (considerando provincia más municipios), lo que la posiciona como la «más competitiva» fiscalmente dentro del grupo de las cuatro provincias más pobladas del país.
Proyecciones y reformas fiscales en Santa Fe
La Constitución de Santa Fe, tras su reforma en 2025, incorpora el equilibrio fiscal como principio fundamental, obligando al Estado a no gastar más de lo que ingresa. Esta premisa, de corte «libertario», se aplica en un gobierno, el de Maximiliano Pullaro, que si bien denosta el «populismo kirchnerista», mantiene su cauce en la responsabilidad de gestionar la salud, la seguridad, la educación, la justicia y la infraestructura para el desarrollo de la provincia.
La ley tributaria recientemente sancionada fue concebida con reformas y beneficios impositivos proyectados para el año 2026, con el objetivo de aliviar progresivamente la carga financiera de actores productivos o consumidores, en un equilibrio entre el precepto constitucional y la presión ejercida por el gobierno nacional.
Entre las medidas de carácter general, se destacan importantes bonificaciones para los contribuyentes cumplidores y exenciones en el Impuesto de Sellos para contratos de alquiler y créditos hipotecarios. El sector agropecuario e industrial recibirá incentivos específicos, incluyendo descuentos en el Impuesto Inmobiliario rural y la posibilidad de computar facturas eléctricas como crédito fiscal.
Asimismo, se implementa una reducción de alícuotas para miles de pequeños comercios y deducciones por la contratación de nuevo personal. El plan también contempla alivios en el transporte y las actividades financieras con el fin de estimular la inversión regional. Finalmente, se busca simplificar la gestión tributaria mediante la agilización en la devolución de saldos a favor.
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