El Senado de la Nación se prepara para el sprint final antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias de febrero, extendido hasta el sábado 28. En el Congreso de la Nación, el protagonismo recaerá en la Cámara alta durante tres días clave: el martes, con la sesión preparatoria para la elección de autoridades; el jueves, con el tratamiento de la Ley Penal Juvenil; y el viernes, con la Reforma Laboral. Estos son solo algunos de los temas en agenda.
El objetivo del Poder Ejecutivo es que se aprueben al menos dos de las leyes en las que más empeñó en las últimas semanas, a fin de mostrar resultados positivos el domingo 1º de marzo. En esa fecha, el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, en la misma semana podría definirse un nuevo paro general de 24 horas, con 12 horas adicionales de movilización. La decisión recae en los gremios, encabezados por la UOM, Aceiteros y Pilotos, que se reunirán el martes por la tarde con la expectativa de sumar a la CGT a la medida. La central de trabajadores protagonizó una huelga nacional el jueves último, mientras la Cámara de Diputados aprobaba la Reforma Laboral. Dado que se introdujeron cambios, la norma regresa al Senado, y el reclamo gremial se reactiva.
En definitiva, además de jornadas intensas desde el punto de vista legislativo e informativo, se anticipa que los próximos días serán de alta conflictividad. No se anticipa un clima de tranquilidad para la primera semana de marzo: el Congreso Nacional de CTERA anunció un paro docente en todo el país para el inicio del ciclo lectivo, previsto para el lunes 2. En Santa Fe, Amsafe ha confirmado una medida de fuerza en rechazo a la propuesta salarial del gobierno en la última reunión paritaria, y varias provincias evalúan adherir a la decisión nacional.
Será crucial seguir de cerca el desarrollo de estos frentes de conflicto. A continuación, un repaso de los próximos días, jornada por jornada.
Sesión preparatoria en el Senado
Este 24 de febrero a las 12, se llevará a cabo la sesión preparatoria establecida por el artículo 1° del reglamento del Senado para la elección de autoridades. Aunque no acapare la atención masiva, esta instancia es fundamental, ya que define el rol de las diferentes fuerzas políticas en el control de la Cámara.
Según anticipa el sitio especializado Parlamentario.com, los cargos actuales se mantendrían, con la salvedad de la vicepresidencia 1°, que le corresponde al Bloque Justicialista. Este bloque, en línea con lo sucedido en las comisiones, reservaría el lugar y designaría a su representante más adelante. Cabe recordar que hasta el 10 de diciembre pasado, ese puesto era ocupado por la neuquina Silvia Sapag, quien ya no es senadora.
De esta manera, el presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vicepresidenta primera, la santafesina Carolina Losada; y la vicepresidenta segunda, la cordobesa Alejandra Vigo. También se procederá a la elección de los secretarios administrativos y parlamentarios.
Debate clave: la Ley Penal Juvenil
Para el penúltimo día hábil de la semana, el Senado tiene previsto sesionar con el objetivo de convertir en ley el Régimen Penal Juvenil, siempre que se repita el resultado positivo obtenido en la Cámara de Diputados. El principal aspecto de esta iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, siendo actualmente de 16.
La media sanción de la Cámara baja fue puesta a consideración en un plenario de comisiones el jueves último, logrando un dictamen que será llevado al recinto. En dicho plenario, estuvieron presentes familiares de víctimas de delitos cometidos por menores de edad, entre ellas, la madre de Jeremías Monzón, en cuyo asesinato intervinieron una joven de 16 años y dos adolescentes de 14.
En síntesis, la Ley Penal Juvenil, que busca reformar una normativa vigente desde la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad. Asimismo, establece que los menores no deben mezclarse con adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias para su reinserción social y ciudadana. El proyecto descarta la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Además de las críticas de un sector de la oposición, que advierte sobre la falta de evidencia empírica en Latinoamérica y el mundo que respalde la idea de que una aplicación más severa del Código Penal a menores reduzca los índices de criminalidad o delincuencia, otros organismos también manifestaron reparos a su aprobación. Tal es el caso de la Iglesia Católica, que se pronunció a través de un documento encabezado por la Pastoral Social, y de Unicef.
Este último organismo advirtió que el Comité de los Derechos del Niño, responsable de supervisar el cumplimiento de la Convención, «le solicitó al Estado mantener la edad mínima en 16 años y evitar cualquier regresión. Reducirla implicaría apartarse de estas recomendaciones y podría evaluarse como una disminución del nivel de protección vigente de los derechos y garantías de los adolescentes de 14 y 15 años».
Asimismo, las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes de varias provincias, incluida Santa Fe, evaluaron en un pronunciamiento conjunto que «la baja de la edad mínima constituye una regresión normativa, expresamente desaconsejada por los organismos internacionales de control».
Por su parte, el Gobierno y los partidarios de la ley sostienen que un menor de 14 años es consciente y comprende la naturaleza y efectos de la acción delictiva que está cometiendo, poseyendo capacidad de discernimiento, por lo que debería ser punible como un adulto.
El texto que el Senado se apresta a debatir establece que para delitos con penas menores a 3 años se descartan las penas de prisión. En cambio, para las penas de entre 3 y 10 años, vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
En cuanto al financiamiento, un tema ampliamente debatido debido a las nuevas erogaciones que implicarán las modificaciones introducidas, se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia para la puesta en práctica de la ley.
La Reforma Laboral vuelve al Senado
Para el último día hábil de la semana, el viernes a las 11, está previsto el debate y la posible sanción de la ley de Reforma Laboral. Es importante destacar que, desde la oposición, se rechaza el término «modernización» impulsado por el Gobierno, interpretando que la norma no incorpora los cambios necesarios en el mundo del trabajo.
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara alta el 11 de febrero, y posteriormente recibió apoyo, pero también modificaciones, en la Cámara de Diputados (que el 19 de este mes eliminó el artículo 44 sobre reducciones salariales en caso de enfermedad del trabajador). Ahora, la iniciativa regresa a su lugar de origen, el Senado, con la certeza de un posible nuevo paro y movilización fuera del Congreso.
Esta ley impactará directamente en las relaciones laborales, ya que introducirá cambios significativos en áreas como vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas, pago de indemnizaciones y el derecho de huelga.
Desde el Gobierno Nacional asumen que la norma será judicializada, pero insisten en su pronta sanción. Todo indica que el proceso concluirá con su aprobación, aunque en un clima de elevada conflictividad.
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