Durante los primeros días de febrero demolieron la histórica casa de campo del primer intendente de Concordia, Federico Zorraquín.
La antigua edificación estaba ubicada en la esquina de calles San Carlos y Belgrano, en la zona del Parque San Carlos, rodeada de otras construcciones que forman parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
La casona, que hasta hace pocos días se mantenía en pie y en muy buen estado de conservación, no era una construcción más. Se trataba de una típica casa de campo a cuatro aguas con galería perimetral, emplazada originalmente sobre un predio mucho más amplio que con el correr de los años fue loteado, quedando reducido al solar de la esquina que ocupaba la vivienda principal.
La vivienda de la polémica perteneció a Federico Zorraquín, fallecido en 1908, y era conocida en el ámbito familiar como “La Redonda”, pese a que su planta era netamente cuadrada. El nombre probablemente respondería a su carácter panorámico y su apertura hacia las distintas orientaciones cardinales.
Hasta 1984, el inmueble perteneció a la Sociedad Anónima Comercial y Ganadera “Estancia Zorraquín”, que transfirió su dominio mediante escritura el 12 de noviembre de ese año. Allí residió hasta la década de 1960 Alcides Zorraquín, hijo del exintendente, quien luego se trasladó a otros domicilios urbanos.
Más allá de ser una construcción marcada por la historia por haber albergado al primer intendente de la ciudad, esa edificación tenía un valor significativo por haber sido una de las primeras grandes construcciones de Concordia. Durante las recientes calurosas jornadas de febrero, las paredes que todavía quedaban en pie fueron tiradas abajo.
RELEVANCIA HISTÓRICA
La demolición no pasó desapercibida y la idea de llevar a cabo ese acto no es reciente. En enero de 2024, desde el Ejecutivo habían presentado ante el Consejo Asesor de Patrimonio el expediente de demolición. La respuesta por parte de ese consejo fue negativa, ya que el inmueble –justificaron– tenía relevancia histórica.
Según informaron en ese momento, la construcción estaba protegida por la Ordenanza N° 29.789, por tratarse de un inmueble anterior a 1940. Según consta en el SIPAM, figura una mejora registrada en 1938. Lo que proponían, entonces, era “hacer algún tipo de subdivisión, respetando la construcción existente” o “buscar alternativas compatibles con un eventual desarrollo del terreno, pero preservando la edificación”.
Dos años después de esa discusión, nada de lo propuesto por el Consejo Asesor se cumplió y, con una autorización del Poder Ejecutivo, demolieron el lugar.
A pesar de la demolición, en la letra chica parecía haber un acuerdo. Tras averiguaciones, todo parece indicar que, a cambio de la destrucción de lo que quedaba en pie colocarán una placa o memorial como recordatorio simbólico, lo que para los profesionales que critican la intervención no es suficiente.
PÉRDIDA IRREPARABLE
Una vez que la noticia fue dada a conocer, las reacciones no tardaron en llegar. Quienes conocen sobre el tema hablan de “pérdida irreparable”.
La Regional Noreste del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos expresó su “profunda preocupación” ante la demolición y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener en el perfil histórico y urbanístico de la ciudad.
En un comunicado emitido poco después de la demolición, la entidad profesional señaló que la desaparición del inmueble representa “una pérdida irreparable” en términos patrimoniales y cuestionó el accionar de las autoridades locales por permitir, mediante omisiones, permisos o excepciones, intervenciones que modifican de manera sustancial el tejido urbano.
Desde el Colegio recordaron que en reiteradas oportunidades ofrecieron colaboración técnica para la revisión del Plan Urbano y el respeto al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, además de participar ad honorem en distintos consejos municipales vinculados a la protección de humedales, patrimonio y planeamiento.
Luego subrayaron que la vivienda demolida se encontraba en “un sector ligado a las instancias fundacionales de la ciudad, con valor arqueológico y patrimonial”.
En ese sentido, remarcaron la contradicción que, a su entender, implica impulsar premios a intervenciones edilicias patrimoniales y, al mismo tiempo, autorizar la demolición de una obra histórica en lugar de promover su preservación o puesta en valor.
Ese colegio de profesionales ha demostrado tener buena relación con el gobierno del intendente de Concordia, Francisco Azcué. Tanto es así, que le recordaron su participación en iniciativas como el concurso para la restauración del Castillo San Carlos y los aportes realizados en el denominado “Pacto de Julio”, pero ahora señalaron que en otras instancias recientes ni siquiera fueron consultados, dando a conocer su molestia por lo ocurrido hace pocos días.
Finalmente, se refieren en duros términos al modo de proceder que tuvo el Ejecutivo concordiense y aseguran que “la improvisación y la falta de planificación estratégica pueden tener efectos duraderos sobre la identidad urbana”. Si bien aclararon que no se atribuyen la verdad absoluta, insistieron en que el caso “expone contradicciones en la gestión del patrimonio y abre un debate sobre el modelo de ciudad que se está construyendo”.
Una vez que una voz disidente se hizo oír, distintos profesionales salieron a cuestionar la decisión. Por el momento no hubo explicaciones oficiales y lo cierto es que la obra histórica ya no forma parte del patrimonio de Concordia.
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