A finales de 2023, la sociedad argentina, con un 44,7% de pobreza según datos de la UCA a noviembre de ese año, eligió un nuevo liderazgo en medio de una compleja situación socioeconómica. Las estadísticas de aquel período reflejaban un panorama de deterioro: la inflación interanual, previa a la devaluación de diciembre, se situaba en el 160,9%. Las reservas internacionales netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) eran negativas en US$ -11 mil millones y el déficit cuasi fiscal acumulaba 10 puntos del PBI, lo que equivalía a 4 bases monetarias. El déficit financiero del Sector Público Nacional ascendía a $ 8.737.137 millones, representando el 4,6% del PBI.
El sector industrial operaba con una deuda de US$ 45 mil millones en insumos importados impagos, una situación que, de no haberse sostenido, habría paralizado la producción. En un contexto de control de cambios, la brecha cambiaria oscilaba entre $ 360 y $ 800 por dólar, propiciando beneficios extraordinarios bajo la anuencia de la autoridad monetaria y el control aduanero.
La estanflación: debate actual y datos macroeconómicos
Recientemente, economistas y referentes del sector financiero han puesto en agenda el debate sobre la estanflación, definida como la coexistencia de recesión e inflación. Los datos actuales indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubica, al menos hasta abril, en un promedio del 2,5%, mientras que la actividad industrial manufacturera registró una contracción del -0,8% en 2025. El consumo masivo, por su parte, creció apenas un 2,5% en comparación con un 2024 deprimido.
Esta situación afecta particularmente a los sectores intensivos en mano de obra en un contexto de altos precios, en el cual se estima el cierre de 22 mil empresas. Según explicó el economista Fernando Marull, se trata de firmas que cesaron sus aportes a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), al tiempo que el trabajo independiente muestra un incremento, incluso en la ocupación industrial.
Esto sugiere un deterioro en la calidad del empleo, aunque no necesariamente en el nivel general de actividad económica. En línea con esta perspectiva, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró un aumento del 4,4% durante 2025. En diciembre, el indicador mostró un incremento del 3,5% interanual y un alza del 1,8% en relación con noviembre. El componente tendencia-ciclo presentó una variación positiva del 0,3%.
El clima político y sus implicancias
La calidad del diálogo público, fundamental para la institucionalidad republicana, se ve afectada por los comentarios presidenciales hacia el sector empresarial. Asimismo, ciertas voces opositoras, al comparar la situación actual con los datos de finales de 2023, omiten que el ciclo previo, bajo las gestiones de Alberto Fernández y Sergio Massa, presentaba un cuadro de deterioro económico con síntomas de profunda debilidad.
No resulta beneficioso que el gobierno nacional carezca de contrapesos políticos robustos, ni que omita argumentar sobre las proyecciones futuras para Argentina. Particularmente, el debate sobre los desafíos reales, contrastándolos con el escenario heredado antes de los comicios presidenciales, constituye un capital político que la actual gestión aún tiene «en desarrollo».
La gestión provincial y el rol nacional
En este contexto, el gobierno de Santa Fe, manteniendo la prudencia fiscal, implementa políticas de asistencia crediticia para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y las promueve frente a los nuevos «motores» productivos como el litio, el cobre, el petróleo o el gas. La provincia invierte en infraestructura, a diferencia de la Nación, que además mantiene una deuda significativa con Santa Fe. No obstante, la Casa Gris no tiene injerencia en la macroeconomía.
A nivel nacional, se reconoce el impacto de medidas propias. Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, tras un encuentro con el vocero presidencial Manuel Adorni, afirmó que no todas las empresas sobrevivirán, pero consideró que la dirección tomada es la correcta.
La administración nacional ha logrado importantes avances políticos, incluyendo la reforma laboral y la concreción de acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, así como del país con Estados Unidos. Adicionalmente, se espera la implementación del Régimen de Incentivo para Micro y Pequeñas Inversiones (RIMI) con beneficios fiscales para Pymes, que se suman a las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según lo manifestado por la Casa Rosada, aún quedan pendientes reformas fiscales y la previsional.
El Ministerio de Economía espera contrarrestar las críticas sobre la estanflación en junio, más por una proyectada desaceleración inflacionaria que por un repunte de la actividad fabril. La tolerancia social se configura como un factor decisivo para la Casa Rosada. Para ese entonces, se estima que habrá quedado atrás el efecto del pass-through (traslado a precios) derivado de la dolarización de carteras, que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó en unos US$ 35 mil millones, fenómeno ocurrido previo a los comicios del año pasado ante el temor de los agentes económicos a un retorno del modelo de economía cerrada.
Ingreso de divisas: perspectivas y desafíos
En el frente macroeconómico, la agroindustria podría aportar, en un escenario de clima y mercados favorables, hasta US$ 34.800 millones este año. Adicionalmente, se prevé la llegada de inversiones por entre US$ 5 mil y US$ 10 mil millones destinadas a Vaca Muerta y el sector minero. En lo que va de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha logrado comprar US$ 2.712 millones, una cifra que atenúa las críticas de la oposición en este aspecto.
El viceministro José Luis Daza y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Martín Vauthier, se encuentran en Washington gestionando el desembolso de US$ 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Bonar 2027 tuvo un debut exitoso, con dos emisiones que alcanzaron los US$ 250 millones a tasas del 5,9%. El ex secretario de Finanzas, Alejandro Lew, habría encaminado la estrategia del ministro Luis Caputo de buscar financiación en el mercado interno, lo que representa una alternativa más económica que las opciones disponibles en el ámbito internacional, especialmente considerando un Riesgo País que se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.
Junto con la expectativa de captar los «dólares del colchón», el Ministerio de Economía busca atraer a inversores locales, con el objetivo de acumular hasta US$ 2.000 millones a través de licitaciones quincenales, como la finalizada esta semana. Estos fondos son parte de los recursos previstos para afrontar vencimientos por US$ 4.900 millones a mediados de año. La estrategia oficial se basa en ofrecer el nuevo bono en tramos de menor magnitud, con un cupón del 6% anual y amortizaciones mensuales que se iniciarían a fines de marzo próximo y se extenderían hasta su vencimiento en octubre de 2027, antes de la finalización del mandato presidencial.
Política de tasas y deuda en pesos
Respecto a la deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas adjudicó $ 6,74 billones, un monto inferior a los vencimientos por $ 7,2 billones, lo que implicó un roll over del 93,3%. Esta fue una decisión estratégica, dado que el gobierno había recibido ofertas por un total de $ 8 billones.
De este modo, el Ministerio de Economía, que en las dos rondas anteriores había retirado liquidez del mercado al colocar más deuda de la que vencía, modificó su estrategia y liberó aproximadamente $ 460.000 millones al mercado. Este monto representa la reducción esperada en los depósitos del Tesoro en el Banco Central.
En el corto plazo, el Ministerio de Economía optó por no emitir deuda a tasa fija (Lecap) y concentró el 97% de la colocación de la semana en instrumentos ajustados por inflación (CER). La mayor liquidez en el sistema, sumada a la retracción de las tasas de interés, explica en parte la desaceleración de la caída del dólar en un período en el que el Banco Central se encontraba comprando divisas.
Análisis de la deuda consolidada
Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas, señaló que «La deuda en moneda local (incluyendo la capitalización de intereses) consolidada (Tesoro más pasivos remunerados en pesos del BCRA) con el sector privado se ubicó en 11,8% del PBI en enero de 2026, lo que representa una disminución respecto al promedio de 12,7% en 2025 y de la herencia del 27% registrada en diciembre de 2023.»
Asimismo, Furiase indicó: «Suponiendo una tasa real del 7,5% y un crecimiento económico del 4,5%, el superávit primario necesario para mantener el ratio en 11,8% del PBI es del 0,3%, cifra significativamente inferior al superávit primario del 1,4% del PBI alcanzado en 2025 y al estimado para 2026 (1,4%).»
Según la interpretación de Felipe Núñez, esta situación implicaría que «con un roll over del 100% y un crecimiento del 4,5% del PBI, la oferta de bonos en pesos se reducirá drásticamente, generando un exceso de demanda de estos instrumentos. Esto conduciría a una compresión de las tasas reales (debido a la disminución de la relación deuda/PBI) y nominales, impulsada por la desaceleración de la inflación».
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