La Justicia santafesina condenó a Guillermo Sebastián Pucheta a 4 años y 6 meses de prisión por intentar extorsionar a un empresario local. La maniobra, que incluyó amenazas telefónicas y la presencia de uno de los implicados en la joyería de la esposa de la víctima en la ciudad de Santa Fe, también involucra a un empresario uruguayo extraditado en la investigación.
Condena por tentativa de extorsión y amenazas
La justicia santafesina condenó a Guillermo Sebastián Pucheta, de 24 años, por integrar la banda que intentó extorsionar a un empresario local. Tras admitir su responsabilidad en un juicio abreviado, Pucheta fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva.
La jueza penal Susana Luna dictó la resolución, convalidando el acuerdo de partes alcanzado entre la fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, y el defensor particular Alejo Almirón Petrone. Pucheta se encontraba con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Coronda, donde ahora comenzará a cumplir la pena impuesta.
La condena actual unifica una sentencia anterior. El 7 de agosto de 2025, el imputado había recibido 1 año y 6 meses de prisión condicional. Ante este nuevo fallo, la fiscalía solicitó la revocatoria de dicho beneficio y la unificación de ambas sanciones, resultando en la pena única de 4 años y medio de prisión, además de declarar su reincidencia.
El caso principal: Extorsión a empresario
La investigación con mayor repercusión se centró en la tentativa de extorsión ocurrida entre el 1 y el 10 de octubre del año pasado. Pucheta y otros implicados buscaron intimidar a un empresario santafesino del rubro de nutrición animal, exigiendo el pago de 100 mil dólares bajo amenazas dirigidas a la víctima y su entorno familiar.
Según la acusación fiscal, las intimidaciones comenzaron con llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp. La situación escaló el 9 de octubre, cuando uno de los extorsionadores se presentó personalmente en el comercio de la esposa del empresario, una reconocida joyería de la capital provincial.
La víctima había denunciado la situación de manera online desde el inicio de los hechos, lo que permitió a la fiscalía activar la investigación judicial. Al día siguiente de la visita a la joyería, el 10 de octubre, la justicia ordenó un allanamiento en un monoblock del barrio Las Flores, donde Pucheta fue aprehendido.
El procedimiento policial se concretó en un departamento ubicado en la intersección de Regimiento 12 de Infantería y Aguado. En el lugar, Pucheta se encontraba junto a su pareja y su hija, una bebé. Durante el operativo, los efectivos de la PDI (Policía de Investigaciones) secuestraron además un arma de fuego calibre .22.
Otro hecho violento: Amenazas en Doctor Zavalla
Además de la tentativa de extorsión, la fiscalía imputó a Pucheta por otro episodio de violencia ocurrido el 12 de junio de 2025. Ese día, Pucheta y un cómplice no identificado se presentaron en la vivienda de un vecino, en Doctor Zavalla al 1800, con la finalidad de exigir el pago de una deuda.
De acuerdo con la pesquisa, ambos hombres llegaron en una motocicleta 110 en mal estado de conservación. Desde allí, Pucheta amenazó a la víctima con un arma, advirtiéndole que, si no conseguía el dinero antes de las 17 horas, regresarían por la noche a «tirotear la casa», asegurando que «no le importaba nada». Estas intimidaciones también habían sido enviadas previamente a través de llamadas y mensajes.
Por estos hechos, la fiscalía atribuyó a Pucheta los delitos de amenazas calificadas, coautor de extorsión en grado de tentativa y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Los otros implicados en la maniobra
La investigación sostiene que la tentativa de extorsión fue ejecutada por al menos cuatro personas que actuaron con una distribución de roles. Además de Pucheta, la causa vincula al transportista Rodolfo Eduardo Liendo, a José Luis Ríos –quien se encuentra detenido en Puerto Madryn– y al empresario uruguayo Walter Antonio Roel de Armas.
Este último, de 69 años, fue extraditado desde Uruguay tras una notificación roja de Interpol. A fines de febrero, fue imputado como coautor del intento de extorsión y actualmente atraviesa el proceso con prisión preventiva morigerada, bajo la defensa del abogado Jorge Hernando Qüesta.
Para la fiscalía, Roel de Armas y Liendo habrían aportado información personal y sensible de la víctima, incluyendo números telefónicos, domicilios particulares y laborales, datos de su pareja e incluso del establecimiento educativo al que asiste su hijo menor. Este conocimiento, según los investigadores de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), fue clave para dotar de credibilidad a las amenazas.
Con esos datos, Pucheta y Ríos habrían sido los encargados de materializar las intimidaciones mediante mensajes y audios, en los que exigían el pago de la supuesta deuda y advertían sobre posibles ataques contra la familia.
En el marco del proceso abreviado, la fiscalía informó que las víctimas manifestaron su conformidad con la solución del caso. Por ello, la jueza Luna declaró admisible el acuerdo y dictó la condena. La investigación, en tanto, continúa respecto de los restantes involucrados en la maniobra extorsiva.
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