La Justicia de Santa Fe ordenó a cuatro billeteras virtuales restituir un total de casi 29 millones de pesos a dos clientes que fueron víctimas de estafas virtuales. La medida, dispuesta en los tribunales locales, establece que uno de los damnificados reciba 16.685.703 pesos y el otro 12.401.876 pesos, debido a la negligencia de las plataformas en la validación de identidad.
Orden judicial por estafas virtuales
El juez Sergio Carraro hizo lugar al pedido del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro, y ordenó a cuatro billeteras virtuales restituir un total de 29.087.579,55 pesos a dos clientes que fueron víctimas de estafas virtuales. La medida fue dispuesta en el marco de un legajo penal que investiga el propio fiscal, tras una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Negligencia de las entidades financieras
El funcionario del MPA solicitó el cese del estado antijurídico que afectaba a los damnificados, fundamentando su pedido en la negligencia con la que actuaron las entidades financieras. Según expuso Nigro, estas plataformas mostraron falencias en los procesos de validación de identidad necesarios para la gestión de cuentas comitentes.
Se precisó que una de las víctimas recibirá 16.685.703,55 pesos y la otra, 12.401.876 pesos. Estos montos corresponden a los fondos que poseían en cuentas bancarias que fueron vaciadas ilegítimamente a mediados del año pasado como resultado de las maniobras fraudulentas.
Modus operandi del engaño
Respecto al método utilizado por los estafadores, el fiscal Nigro especificó que las dos personas damnificadas operaban en una misma plataforma de inversiones. Su dinero fue enviado a cuentas que, si bien figuraban a su nombre, habían sido abiertas en otras billeteras virtuales utilizando fotos y datos biométricos de terceros, sin el consentimiento ni conocimiento de las víctimas.
Investigación en curso
Nigro remarcó que la investigación penal de las estafas se mantiene en curso. El objetivo de la fiscalía es individualizar a los involucrados en las maniobras fraudulentas y determinar las responsabilidades correspondientes en cada caso.
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