Tras casi dos décadas de un régimen de promoción que impulsó un significativo desarrollo industrial, el sector de biocombustibles en Argentina muestra claros signos de agobio. La discusión sobre su reforma busca consolidarse en una agenda legislativa que, con frecuencia, se ve más influenciada por intereses sectoriales o de poder que por el interés general.
En este contexto, la Fundación Mediterránea, a través de su instituto Ieral, ha presentado un análisis exhaustivo que propone una transformación profunda: migrar de un sistema tutelado y de «precios administrados», característico de la ley vigente (impulsada por Máximo Kirchner), hacia uno fundamentado en la eficiencia y la competencia de mercado.
Un gigante industrial con potencial subutilizado
El biodiésel, cuya producción es decisiva en el sur santafesino, representa un gigante industrial con ventajas estratégicas significativas. Sin embargo, actualmente tiene sin utilizar el 70% de su capacidad productiva, la cual asciende a unos 4,5 millones de toneladas anuales. Mientras que en años como 2011 o 2017 las exportaciones de biodiésel superaron los 1.800 millones de litros, el presente del sector es magro, con envíos que cayeron a 437 millones en 2024, según datos del Ieral.
Esta marcada caída en las exportaciones se atribuye a una pérdida de competitividad, producto de las retenciones. La reducción de los diferenciales de derechos de exportación en el pasado provocó el levantamiento de barreras por parte de mercados clave como Europa y Estados Unidos, que interpretaron la situación como una forma de «dumping». A pesar de estos desafíos, el potencial del sector sigue intacto.
El uso de biodiésel no solo ofrece ventajas ambientales y contribuye a la sustitución de importaciones, sino que también fortalece las economías regionales al incorporar a las Pymes, agregar valor en origen, generar empleo y diversificar la matriz energética del país, reduciendo la dependencia de shocks externos en el precio del petróleo. En un contexto de alta volatilidad del crudo por tensiones geopolíticas, el combustible verde actúa además como un seguro de estabilidad.
El salto al 15%: una oportunidad de la industria nacional
Uno de los puntos más sólidos de la propuesta del Ieral radica en el aprovechamiento de la capacidad industrial instalada. Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil que se comercializa en los surtidores del país es del 7,5%. No obstante, la industria está técnicamente preparada para incrementar este corte al 15% (conocido como B15) de forma inmediata.
Esta elevación al 15% se considera un nivel «drop-in», lo que significa que puede aplicarse al parque automotor actual (incluyendo camiones, ómnibus y maquinaria agrícola) sin necesidad de ajustes mecánicos, cambios en el sistema de inyección o reconfiguración de la logística de distribución. Lo más relevante es que este incremento puede ser abastecido en su totalidad por la industria nacional, sin desviar materia prima de otros usos ni generar presiones sobre el precio de los alimentos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el costo adicional que implicaría aplicar la elevación de los cortes al 15% tanto en bioetanol como en biodiésel, considerando que estos no pagan el impuesto a los combustibles. Para 2026, el costo adicional proyectado sería del orden de los $ 245 mil millones, equivalente al 0,02% del PBI.
Duelo de proyectos en el Congreso Nacional
La Fundación Mediterránea examinó las dos iniciativas principales que esperan debate en el Poder Legislativo. El primero es el proyecto del Oficialismo (D6969/2024), que apuesta por una liberalización agresiva. Propone eliminar la fijación estatal de precios y permitir que las petroleras y grandes exportadores compitan libremente en el mercado interno. Su objetivo es que, para 2031, todo el volumen de mezcla se pacte libremente entre las partes, fomentando la inversión y la baja permanente de costos.
Por otro lado, el Proyecto de la Liga Bioenergética (S1495/2024), impulsado por las provincias productoras, busca una transición más protegida para las Pymes, que operan con desventaja frente a las grandes aceiteras del sur santafesino.
Esta iniciativa propone un sistema de licitaciones con precios máximos (paridad de importación) y mantiene la exclusión de las petroleras del núcleo del negocio. Además, garantiza un «piso colectivo» de participación para las Pymes, con el fin de evitar que los grandes jugadores capturen la totalidad del mercado.
Sin embargo, al menos hasta la guerra en Medio Oriente, el biodiésel suponía encarecer los surtidores en momentos en que el gobierno central tiene en la batalla contra la inflación un objetivo estratégico decisivo para la suerte de la administración libertaria.
El impacto de las retenciones y la ventana de oportunidad
El análisis del Ieral subraya el peso relativo de los derechos de exportación. Al tratarse de un impuesto marcadamente distorsivo, es probable y deseable que en los próximos años se avance hacia una baja o eliminación de esta carga tributaria. Esta decisión de política económica tendría un impacto directo y profundo sobre el sector. Una menor carga impositiva —señalan los autores del análisis— mejora automáticamente la rentabilidad del complejo agroexportador, elevando los precios internos de granos y aceites, principales insumos de los biocombustibles.
Este efecto puede ser especialmente relevante en el biodiésel, ya que el aceite de soja está actualmente gravado con una alícuota del 22,5% (según datos de diciembre de 2025), muy superior a las que se aplican sobre los cereales (entre 7,5% y 8,5%) o el petróleo (entre 0% y 8% según el precio del barril). La eventual suba de los precios internos de las materias primas presionaría sobre los costos de producción de los biocombustibles, reduciendo los márgenes de las empresas en un mercado regulado, particularmente en segmentos de menor escala o eficiencia, lo que exigiría mayores compensaciones por parte del gobierno nacional o incrementos de precios finales de los combustibles.
La eficiencia como eje de la nueva regulación
Para el Ieral, aunque ambos proyectos legislativos coinciden en la necesidad de aumentar los cortes y reducir la discrecionalidad estatal, el esquema de libertad de precios propuesto por el oficialismo resulta más apropiado para promover la innovación. No obstante, los analistas advierten que, para que este modelo funcione eficazmente, se requiere una política de defensa de la competencia muy activa, orientada a evitar abusos de poder de mercado por parte de las grandes refinadoras.
La conclusión del informe es clara: dada la fragilidad de la gestión pública en Argentina, el nuevo régimen debe priorizar mecanismos simples y transparentes. «Un esquema que requiera intervención estatal en temas complejos como asignar volúmenes o determinar precios corre el riesgo de cristalizar ineficiencias y discrecionalidad», sentencia el informe de la Fundación Mediterránea, abogando por un marco regulatorio que fomente la competencia y la eficiencia en el sector de biocombustibles.
Casilda firmó un convenio con Vialidad Provincial para repavimentar la Ruta 19-S
La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para poner en marcha obras de reacondicionamiento vial en la Ruta Provincial 19-S. Con una inversión superior a los 214 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días, los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del…
El programa Punto Móvil Mujer brindó asesoramiento contra la violencia de género en Rincón del Doll y Paraná
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos intensificó las jornadas territoriales del programa Punto Móvil Mujer en Rincón del Doll y Paraná, con el objetivo de brindar asesoramiento integral y articular herramientas de prevención contra la violencia de género. La iniciativa, encabezada por la directora de Mujeres provincial, Joaquina Brondi, descentraliza las políticas públicas…
