El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Elías Joel Baldiviezo Bortko a tres años de prisión efectiva por intentar inscribir una camioneta VW Amarok con documentación apócrifa en un Registro Automotor de Coronda. La pena fue unificada con una condena previa que el imputado registraba en la justicia de Córdoba.
Condena federal por intento de transferencia de vehículo robado
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó a un hombre de 25 años, oriundo de Córdoba, por haber intentado poner a su nombre una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada en 2018 en la provincia de Buenos Aires. El trámite, iniciado ante el Registro Automotor de la ciudad de Coronda, derivó en una sanción penal para Elías Joel Baldiviezo Bortko, declarado autor del delito de «uso de documento público falso o adulterado destinado a acreditar la titularidad o habilitación para circular de un vehículo automotor».
La sentencia, dictada por el juez José María Escobar Cello y difundida el 31 de marzo por la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le impuso tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Esta pena fue unificada con una condena anterior dictada por la justicia cordobesa. El fallo se dictó tras la declaración de admisibilidad de un acuerdo de juicio abreviado, al que arribaron la fiscal federal coadyuvante Jimena Caula y la defensa oficial a cargo de Fernando Sánchez, luego de que el proceso avanzara hasta la instancia de debate oral.
La maniobra frustrada en Coronda
La investigación se inició a partir de la denuncia del encargado del Registro Seccional de la Propiedad Automotor de la ciudad de Coronda. El 27 de marzo de 2019, una mandataria presentó la documentación necesaria para transferir un vehículo —título automotor, cédula, formularios 08 y 12— en favor del imputado.
Sin embargo, al analizar los papeles, el empleado registral detectó irregularidades. En varios documentos figuraban la firma y el sello de un supuesto encargado suplente interino del Registro N° 2 de Casilda, identificado como «Daniel O. Billoud», quien, según se corroboró, nunca existió ni prestó funciones en ese organismo. A ello se sumó otra inconsistencia relevante: el formulario 12, correspondiente a la verificación vehicular, indicaba que había sido emitido en la localidad de Murphy, donde no existe planta habilitada para ese tipo de controles.
Peritajes y secuestro del vehículo
Las sospechas iniciales se confirmaron con distintas medidas probatorias. Un peritaje del Gabinete Científico Rosario de la PFA concluyó que tanto el título automotor como la cédula de identificación eran falsos. Además, una nueva verificación técnica realizada el 28 de marzo de 2019 en la ciudad de Santa Fe, detectó anomalías en las numeraciones de chasis y motor, así como en las chapas patentes.
A partir de esos hallazgos, intervino el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que dispuso el secuestro del vehículo. Se trató de una camioneta VW Amarok que registraba pedido de secuestro por robo desde el 14 de junio de 2018, con radicación en Lanús Este. El caudal probatorio —incluyendo informes de organismos públicos, registros oficiales y pericias técnicas— permitió acreditar que el imputado utilizó al menos tres documentos apócrifos para intentar concretar la transferencia dominial.
La defensa del imputado y su desestimación
Durante la instrucción, Baldiviezo Bortko declaró por videoconferencia y aseguró haber firmado la documentación sin conocimiento de su falsedad. Según su versión, un hombre al que identificó como «Jiménez» le ofreció la camioneta para realizar trabajos de transporte en una supuesta fábrica de placas de yeso. El sujeto sostuvo que accedió a poner el vehículo a su nombre para agilizar los trámites laborales, y que desconocía tanto el origen del rodado como las irregularidades documentales.
No obstante, el tribunal consideró inverosímil esa versión. Entre otros puntos, se valoró que Baldiviezo Bortko no figuraba registrado ante la AFIP al momento de los hechos y que no se pudo acreditar la existencia de la empresa para la cual decía trabajar. En ese contexto, el juez concluyó que actuó «con pleno conocimiento de la falsedad de los documentos».
Condena y unificación de pena
En función de ello, el tribunal lo condenó a tres años de prisión efectiva. Asimismo, se ordenó la unificación de esa pena con otra impuesta el 6 de junio de 2024 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la 3ª Nominación de Córdoba, en una causa previa por robos agravados. Como resultado, se fijó una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y se ordenó que el condenado continúe privado de su libertad, permaneciendo a disposición conjunta de las justicias federal y provincial.
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