El ex-subjefe de la Comisaría 8va de Santa Fe, Roque Oscar Romero, fue condenado en un juicio abreviado al admitir su culpabilidad por extorsionar a una víctima en la zona norte de la ciudad, exigiéndole un millón de pesos en una causa caratulada como «exacciones ilegales».
Condena por exacciones ilegales para exsubjefe de Comisaría 8va
Roque Oscar Romero, quien se desempeñaba como subjefe de la Comisaría 8va al momento de los hechos, fue condenado en Santa Fe mediante un juicio abreviado tras reconocer su participación en una maniobra calificada como «exacciones ilegales». Se trata del último de los tres efectivos policiales involucrados en un caso de extorsión que tuvo lugar en la zona norte de la ciudad.
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, fue el encargado de la investigación y presentó el acuerdo de juicio abreviado ante el juez penal Pablo Busaniche. Romero, quien cambió su defensa pública por el abogado particular Jorge Silva, admitió su culpabilidad en la audiencia celebrada este lunes.
Detalles de la pena impuesta
El magistrado impuso a Romero una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación absoluta para ejercer funciones en la fuerza policial. Adicionalmente, el ahora condenado deberá afrontar una multa de dos millones de pesos, en conformidad con lo previsto por el Código Penal para este tipo de delitos.
La condena de Romero se produce tiempo después de que sus cómplices, Germán Noval y Patricio Piacenza, fueran también sentenciados por el mismo hecho. Durante la audiencia, se puso de manifiesto que, si bien la pena es similar a la de los otros uniformados, la responsabilidad de Romero fue considerada mayor dada su jerarquía como subjefe de la dependencia y su rol determinante en la etapa de intimidación hacia la víctima.
El origen de la maniobra delictiva
El entramado delictivo comenzó cuando un joven se acercó a Germán Noval, quien realizaba tareas adicionales en una estación de servicio, para manifestarle su preocupación. Una motocicleta de su propiedad, que había entregado como parte de pago de una deuda, había sido secuestrada por su vinculación con un robo.
Lejos de brindarle asesoramiento, el efectivo le propuso una trama fraudulenta, a la que posteriormente se sumaron los otros dos policías. Le sugirió realizar una denuncia falsa por robo con el fin de «desvincularse» del incidente. Esta misma denuncia fue utilizada más tarde como herramienta de amenaza.
La participación de Romero y la investigación
Fue en este punto donde la figura de Romero cobró protagonismo. Valiéndose de su autoridad como subjefe, el entonces funcionario policial aseguró al joven que podría enfrentar una pena de hasta 15 años en prisión si no accedía a sus demandas. «Arreglá la plata con el pelado», fue la frase con la que Romero derivó a la víctima hacia sus cómplices para pactar el pago de un millón de pesos, a cambio de la devolución del vehículo y de evitar su detención.
La víctima, ante la intensa presión, recurrió a personal de Asuntos Internos, organizándose entonces un operativo de «entrega controlada» de dinero marcado. Los agentes debieron llevar a cabo una exhaustiva requisa en la comisaría para hallar el dinero, que había sido ocultado dentro de un balde con piedras.
A diferencia de Noval y Piacenza, quienes fueron aprehendidos en flagrancia durante el procedimiento, Romero logró evadir la acción inicial de la justicia al no encontrarse en la sede policial en el momento del operativo comandado por Asuntos Internos. Sin embargo, el testimonio de la víctima resultó fundamental para individualizar su rol en el plan criminal. Un paso decisivo en la investigación fue la rueda de reconocimiento de personas, donde la víctima lo señaló sin dudar como uno de los policías que lo habían extorsionado. El resultado de este operativo, sumado al reconocimiento positivo por parte de la víctima, terminó por sellar la suerte judicial de los tres efectivos.
Medidas de protección para la víctima
Durante la audiencia de juicio abreviado, la víctima manifestó un profundo temor hacia Romero, en particular debido a su posición de poder dentro de la fuerza. Ante esta situación, el juez impuso medidas de protección específicas, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto, para garantizar la seguridad del denunciante tras la condena.
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