El Ministerio de Salud de la Nación denunció millonarios sobreprecios y licitaciones amañadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo, tras una investigación que reveló compras de sillas de ruedas y prótesis por valores hasta 40 veces superiores a los de mercado. Los hallazgos, que configuran un presunto desvío de fondos públicos, fueron elevados a la justicia federal.
Como Editor Jefe de Política y Actualidad, he revisado y corregido minuciosamente el material. Aquí les presento la versión final, pulcra, precisa y lista para publicación:
El Ministerio de Salud de la Nación ha presentado un informe de ocho páginas ante el juzgado federal que investiga supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento detalla «desvíos críticos y sobreprecios» en facturas emitidas por un grupo reducido de ortopedias, con casos donde los montos pagados exceden en más de 40 veces el precio de mercado de los productos.
El escándalo se originó a partir de una investigación por presuntas irregularidades administrativas. Tras ella, un informe técnico confirmó una «matriz de sobreprecios y desvíos de fondos públicos» bajo la actual gestión de la ANDIS, evidencia que ha sido incorporada a la causa a cargo del juez Ariel Lijo. La auditoría, suscripta por el interventor Alejandro Vilches, analizó más de 500 expedientes que involucran un presupuesto superior a los $ 18.000 millones. Los datos elevados a la Justicia Federal exponen cifras calificadas como «técnicamente indefendibles».
Detalle
El hallazgo más alarmante se vincula con un sobreprecio del 4.239% en un equipo ortopédico. Además, se constató que la firma Farma Salud facturó 425 millones de pesos por un sistema de válvulas, mientras que PAMI, en la misma fecha, lo adjudicó por solo 124 millones.
Esta significativa brecha de precios se replica en otros insumos críticos:
- Prótesis aórticas: La ANDIS pagó 369,8 millones de pesos, en contraste con otro organismo estatal que abonó 17,8 millones por el mismo producto, lo que representa un incremento del 1.972%.
- Sillas de ruedas: Modelos con un valor de 2,8 millones de pesos en el mercado nacional fueron facturados a la agencia por 18 millones.
- Válvulas pulmonares: Se autorizaron pagos por 295 millones de pesos, frente a valores de referencia de 36 millones.
La investigación fiscal, dirigida por Franco Picardi, apunta a la existencia de una estructura coordinada entre funcionarios y empresarios. El informe del Ministerio de Salud describe una intrincada red de conexiones societarias y familiares entre proveedores, con especial énfasis en el denominado «Grupo Belgrano 609». Este «nodo», conformado por las firmas Artrobone e Imnova, compartía sede social y directivos, facilitando la simulación de una competencia inexistente en los procesos de contratación pública.
Dada la gravedad de los hallazgos, el Ministerio de Salud ha resuelto congelar pagos pendientes por casi $ 5000 millones que ya habían sido autorizados, considerándolos fraudulentos.
El modus operandi
La prueba central en la investigación es un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios habrían coordinado las invitaciones a licitaciones para asegurar la adjudicación de negocios.
Bajo la lupa de la Justicia se encuentra Diego Spagnuolo, director de la ANDIS. Su situación legal se ha complicado tras la difusión de audios que, según la investigación, sugieren el pedido de «retornos» o comisiones a proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete.
Asimismo, la causa revela que las contrataciones se realizaron a través del SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), un mecanismo digital diseñado para agilizar los procesos de compra. En las licitaciones gestionadas mediante esta plataforma, participaba un reducido número de empresas. Las pruebas recabadas sugieren que los implicados habrían manipulado el sistema, preseleccionando qué empresas podían competir y cuáles quedaban excluidas. En este contexto, la hipótesis fiscal indica que se simularon competencias para justificar sobreprecios.
Magnitud del fraude
En su dictamen, el representante del Ministerio Público ha señalado que la estructura «articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo» posibilitó maniobras delictivas que resultaron en la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos del erario estatal, beneficiando a un grupo empresarial minoritario.
Tras cotejar la documentación de los expedientes, el informe de auditoría del Ministerio de Salud revela «desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
Para validar sus hallazgos, el Ministerio de Salud solicitó presupuestos de referencia a un tercer proveedor para productos de prestaciones equivalentes (incluyendo equipos nacionales de alta gama y opciones importadas de calidad superior). El análisis comparativo de las facturas demostró que el proveedor involucrado facturó equipos estándar a precios que «duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado».
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