La multitud que marchó este martes por las calles del centro de Paraná y desembocó en la Casa Gris, siguió atentamente los ejes que se plantearon en un documento – que plasmó las posiciones de distintos colectivos- que cuestionó que “el ajuste no es solo universitario. Vivimos un plan de ataque generalizado sobre la clase trabajadora de nuestro país, sobre su industria y soberanía. Lo que hoy vive la universidad es el reflejo de un modelo de desarticulación del entramado social”.
También hizo hincapié en que “el gobierno nacional impuso un recorte inédito a los fondos destinados al sistema universitario. Las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026: ese ajuste ubica a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior. El ajuste en ciencia y tecnología no es un discurso, está escrito en el presupuesto. En 2025, la inversión estatal en ciencia cayó a un mísero 0,167% del PBI, el nivel más bajo desde que existen registros en Argentina”.
También planteó: “Seguimos exigiendo en este torrente de Unidad salarios dignos, preservar nuestras jubilaciones con el 82% móvil, condiciones laborales saludables, inversión en infraestructura y derecho social a la educación para cada familia, para cada estudiante”.
Finalmente se expresó: “Basta de empobrecer salarios y jubilaciones.Cese el abandono de la infraestructura de los edificios escolares. Basta de pretender cerrar cargos docentes, escuelas y carreras de formación”.
Otro colectivo que se identificó como “Agus Indignadxs” siguió una misma línea argumental y criticó que “en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio sigue el mismo libreto de ajuste de Javier Milei, empujando a la educación pública provincial a una situación de emergencia absoluta”.
En aquella línea se alertó que “esta política de asfixia encuentra en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a un ejecutor fundamental: el rector Luciano Filipuzzi, quien en lugar de defender nuestra universidad, es cómplice del vaciamiento”.
¿No será…?
El documento criticó que “en los medios de comunicación nos defenestran, nos tildan de vagos, de militantes pagos, de que tenemos falta de voluntad para recibirnos en tiempo y forma. ¿No será que los estudiantes no se reciben porque estamos cada vez más ahogados por un contexto que nos empuja a trabajar por salarios de miseria? No alcanza ni para comprar un apunte, no alcanza para viajar en el transporte público”.
Añadió que “la mayoría de los estudiantes no pueden pagar un alquiler y deben viajar horas desde sus pueblos y ciudades a la universidad con boletos a precios altísimos. Es triste ver que nuestros pares se quedan sin acceso a estudiar cuando la educación pública en nuestro país es un derecho”. Ante aquella realidad, se sostuvo que “la universidad pública es la herramienta de movilidad social ascendente más valiosa que tenemos y está siendo vaciada y desmantelada por un gobierno nacional que nos quiere individualizados, que busca romper los lazos de solidaridad que han hermanado el movimiento estudiantil desde la reforma universitaria de 1918”.
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