La Corte Suprema de Justicia quedó en posición de resolver la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal puede rechazar el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y dejar firmes los fallos que obligan a actualizar las partidas, o bien abocarse al fondo de la cuestión. Esta decisión es determinante para el presupuesto de las casas de estudio y los salarios de la comunidad académica en todo el país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en posición de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta situación se da luego de fallos favorables al reclamo de las casas de estudio en primera y segunda instancia.
La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades. Además, la norma exige recomponer salarios docentes y no docentes, y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en primera y segunda instancia, la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la ley.
En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos de la ley podría generar un «grave e irreparable perjuicio» para el Estado y afectar el equilibrio fiscal. Como fundamento para no cumplirla, invocan el hecho de que la ley esté judicializada y aún sin sentencia firme.
El estatus de la ley depende, entonces, del pronunciamiento de la Corte. En su batalla judicial para lograr que la norma no se aplique, el Gobierno llegó incluso a recusar a los integrantes del máximo tribunal y pedir su apartamiento de la causa. Argumentaron que, por ser docentes universitarios, los jueces podrían definir con parcialidad.
Facultades
Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión, valiéndose del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o avanzar hacia una sentencia definitiva. Según marca la normativa, no es necesario que el expediente gire al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque el Tribunal puede requerirla.
Si el Alto Tribunal desestima directamente la apelación oficial, lo que puede hacer por razones de «trascendencia» o «falta de agravio federal suficiente», quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
Por ello, todos prestan suma atención a lo que pueda suceder en la reunión de acuerdo de este jueves. Es de público conocimiento que la Corte no tiene plazos para expedirse, y en casos de tan alta exposición como estos, suele manejarse con criterios más políticos que estrictamente jurídicos.
La definición judicial llega después de una nueva Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, donde rectores, docentes y estudiantes reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley.
Las universidades denuncian una fuerte caída de las transferencias nacionales y alertan sobre el impacto en salarios, funcionamiento académico y hospitales universitarios. La ley en cuestión establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Esta ley fue sancionada trabajosamente por la oposición en 2024. Ante el veto de Milei, que no se pudo revertir, la ley fue nuevamente sancionada en 2025. Tras un nuevo veto presidencial y en un hecho de carácter inédito, ambas Cámaras del Congreso la ratificaron con la mayoría de dos tercios que exige la Constitución Nacional.
A fines de 2025, y ya con una nueva composición parlamentaria más favorable al oficialismo, el Gobierno intentó derogar la ley —junto con la emergencia en Discapacidad— dentro del capítulo XI de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, la derogación fue rechazada, junto con todo ese capítulo de la Ley de Leyes.
Pese a lo anterior, la implementación de la norma fue limitada en la Ley de Presupuesto 2026 y a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
La vía judicial
Por los motivos expuestos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, argumentando que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un «grave e irreparable perjuicio al Estado«.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Poder Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.
El argumento utilizado por los rectores universitarios es que el fallo de la Cámara —que confirmó la primera instancia— habilita a que no se suspenda la ejecución, pese al recurso extraordinario federal (REF) presentado por el Poder Ejecutivo (algo que está contemplado en el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Poderes divididos
En la multitudinaria marcha de este martes, que se replicó en todas las ciudades del país donde tienen sede universidades públicas, el reclamo fue fundamentalmente económico y presupuestario, pero también jurídico e institucional.
«Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», sostiene el documento de los rectores leído en los actos de cierre.
El texto también incluyó una exhortación directa a la propia Corte, en el sentido de que «escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario«.
«La crisis no es solo presupuestaria; como ciudadanas y ciudadanos, debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación», se advierte en el documento de los rectores leído este martes ante miles de personas en todo el país.
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