El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita identificar y detener al autor del abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad sufrido por una adolescente de 16 años en enero pasado, en una playa de Miramar, provincia de Buenos Aires.
Oficializan recompensa por un abuso sexual agravado en Miramar
El gobierno nacional oficializó este jueves una recompensa de 10 millones de pesos, destinada a quienes aporten datos que permitan identificar y detener al autor de un grave hecho de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad. El suceso ocurrió en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca acelerar la investigación judicial que permanece abierta desde fines de enero. La resolución fue emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional y lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva. El ofrecimiento económico tiene por objetivo obtener información clave que permita avanzar en una causa que conmocionó a la comunidad de Miramar y que involucra a una víctima menor de edad.
Detalles del hecho investigado
De acuerdo con la publicación oficial, el hecho investigado ocurrió el 29 de enero de 2026, alrededor de las 5.15 de la madrugada, en la zona de playas ubicada a la altura de calle 31, en la ciudad balnearia bonaerense. La víctima fue una adolescente de 16 años, quien habría sido interceptada por un hombre que, posteriormente, la abusó sexualmente y la privó ilegítimamente de la libertad.
Según consta en la investigación judicial, el sospechoso sería un hombre de aproximadamente 30 años, de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. Al momento del ataque, vestía ropa oscura: un buzo y un pantalón negro. Hasta el momento, las tareas investigativas realizadas no permitieron identificarlo ni localizarlo.
La labor judicial y el llamado a la colaboración
La recompensa fue oficializada mediante la Resolución 433/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Allí se establece que cualquier persona que aporte datos útiles y verificables podrá acceder al pago de hasta 10 millones de pesos, siempre que no haya intervenido en el delito investigado.
El documento indica que la investigación tramita ante la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado, a cargo de la fiscal Ana María Caro. Desde esa dependencia judicial se solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional el ofrecimiento de una recompensa para intentar destrabar la causa.
La resolución remarca la gravedad del hecho y la situación de vulnerabilidad de la víctima. En ese sentido, el gobierno nacional consideró imperativo avanzar con una medida extraordinaria que incentive la colaboración ciudadana y permita obtener información relevante para esclarecer el caso.
Las autoridades precisaron que quienes tengan información podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. El sistema garantiza la preservación de identidad de quienes aporten datos y establece que el pago se concretará una vez que la información sea corroborada y considerada de utilidad para la investigación judicial.
La decisión de ofrecer una recompensa económica busca ampliar el alcance de la búsqueda y lograr que posibles testigos o personas con información relevante colaboren con la Justicia. Habitualmente, este tipo de mecanismos son utilizados en casos complejos o de alta sensibilidad social cuando las investigaciones no logran avances concretos.
En la resolución publicada este jueves, también se instruyó a las fuerzas federales y a distintas áreas del Ministerio de Seguridad a difundir la búsqueda en medios de comunicación y mediante afiches oficiales. El objetivo es darle mayor visibilidad al caso y aumentar las posibilidades de obtener datos certeros sobre el sospechoso.
La normativa establece además que la recompensa tendrá validez en todo el territorio argentino y que la evaluación de la información aportada estará a cargo de las autoridades judiciales y ministeriales intervinientes.
Mientras tanto, la causa continúa abierta y bajo investigación. Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la identificación del responsable del ataque ocurrido en la costa bonaerense.
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