Ante la postura oficial del Gobierno Nacional, que argumenta que, a partir del nuevo esquema de libertad tarifaria y desregulación del transporte automotor interjurisdiccional, las empresas deberán absorber el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas o en tratamiento oncopediátrico, el Diputado Nacional Diego Giuliano ha elaborado un proyecto de ley.
La iniciativa busca dejar sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y exigir el restablecimiento inmediato de los mecanismos necesarios para garantizar de manera efectiva dicho derecho.
“Una profunda preocupación institucional, jurídica y social”
En relación con la medida, Giuliano manifestó una profunda preocupación. «Sobran fundamentos para afirmar que la medida adoptada genera una profunda preocupación institucional, jurídica y social, donde además, en ningún lado se advierte una evaluación integral del impacto social, humano, sanitario y jurídico que la medida puede producir sobre colectivos especialmente protegidos», señaló.
El legislador fue enfático al criticar la lógica subyacente: «Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números».
La dimensión federal del transporte gratuito
El Diputado Nacional también destacó la relevancia de la dimensión federal. «También existe una dimensión federal que no puede ser ignorada. Muchas de las personas afectadas viven en el interior del país y dependen del transporte de larga distancia para acceder a controles médicos, tratamientos, rehabilitación o prestaciones de salud de mayor complejidad, que no se encuentran disponibles en sus localidades de origen», agregó.
Una herramienta de inclusión
Finalmente, Giuliano enfatizó la naturaleza puramente contable de la decisión. «Nos encontramos frente a una decisión construida desde una lógica puramente contable, donde se analiza una política pública sensible únicamente desde el costo económico, omitiendo que detrás de cada partida presupuestaria existen personas concretas, derechos fundamentales y obligaciones constitucionales indelegables del Estado«.
Concluyó que el transporte gratuito para estos colectivos no es un privilegio, sino una herramienta de inclusión y garantía de derechos: «Hablar de movilidad, en estos casos, es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, controles sanitarios, educación, integración social y mucho más.
El transporte gratuito destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos no constituye un privilegio, sino que es una herramienta concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos fundamentales».
