Un nuevo proyecto de ordenanza, que ya fue presentado en el Concejo, podría reabrir un debate que tiene al menos unos 15 años en la política local: las atribuciones del Poder Legislativo (el Concejo de Santa Fe) frente a las del Poder Ejecutivo (la Municipalidad). La propuesta busca que cualquier futuro aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros por colectivos necesite la aprobación final del Concejo, algo que hoy no ocurre.
La última suba del boleto, recordada por los vecinos, fue formalizada por decreto N° 00048/2026 del intendente Juan Pablo Poletti el 19 de mayo.
Así se define la tarifa actualmente
¿Cómo se aprueba hoy una actualización de la tarifa de un servicio tan esencial? Primero, las empresas de transporte envían una nota a la Municipalidad solicitando una nueva redeterminación tarifaria. Luego, la Subsecretaría de Control, Transporte y Movilidad municipal analiza la evolución de los costos, comparándolos con la última suba autorizada.
Este análisis se realiza siguiendo una fórmula polinómica, estipulada en la Ordenanza N° 11.580, que es la que regula el servicio de colectivos en la ciudad. Dicha fórmula considera variables clave como el costo de unidades nuevas, el precio del gasoil, los salarios acordados en paritarias para la UTA, los índices de variación de precios (IPC) y los subsidios recibidos.
Si el cálculo indica que la variación total de los costos supera el 5% respecto al último valor fijado, se considera que hay condiciones para autorizar un aumento. En este punto, el Órgano de Control de Transporte debe emitir un dictamen. Todo este proceso está detallado en el artículo 16 de la Ordenanza N° 11.580, que concede al Ejecutivo la potestad de «proceder a la redeterminación de las tarifas». Como vemos, el Concejo, en la actualidad, no tiene injerencia técnico-jurídica en esta decisión.
El cambio que buscan los concejales
El proyecto de ordenanza es impulsado por la concejala Violeta Quiroz, del bloque Mesas de Trabajo, y cuenta con la coautoría de los ediles justicialistas Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, ambos del Bloque PJ. Estos tres legisladores forman parte de la oposición en el Concejo.
La propuesta busca modificar el mencionado artículo 16 de la ordenanza, pero sin alterar la fórmula que se utiliza para calcular los incrementos. Lo fundamental es la inclusión de dos nuevos artículos. El primero establece que: «Una vez efectuado el cálculo correspondiente, el Ejecutivo deberá remitir al Concejo el estudio técnico, económico y financiero que fundamente la redeterminación tarifaria propuesta, acompañado de toda la documentación respaldatoria».
Y la clave del cambio radica en el segundo agregado: «La nueva tarifa (redeterminada) sólo podrá entrar en vigencia previa aprobación del Concejo mediante la sanción de la correspondiente ordenanza». Esto significa que la palabra final sobre el precio del boleto, que hoy está en manos del Ejecutivo, pasaría a ser potestad de los concejales, reunidos en el recinto de calle Salta 2943.
Los argumentos detrás de la propuesta
Los concejales Violeta Quiroz, Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel fundamentan su iniciativa en la necesidad de «fortalecer el control institucional» y la «legitimidad democrática» sobre una decisión que, como bien señalan, «impacta directamente sobre miles de vecinos de Santa Fe».
Explican que los aumentos del boleto en los últimos años han generado «una profunda afectación sobre las economías familiares». Además, consideran que cada actualización tarifaria «fue aplicada mediante decisiones administrativas (decretos) por el Ejecutivo, sin la necesaria intervención del Cuerpo Legislativo».
Para los ediles, el valor del boleto «no constituye una cuestión meramente técnica o matemática», sino que «detrás de cada aumento existen definiciones políticas, económicas y sociales que deben ser debatidas públicamente por los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía», es decir, los concejales.
En síntesis, la modificación busca «recuperar herramientas de control democrático sobre políticas públicas que afectan de forma directa a los santafesinos» y «fortalecer el rol institucional del Concejo, promoviendo una mayor participación y transparencia en las decisiones vinculadas al transporte público».
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