La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) oficializaron su respaldo a la iniciativa de la Ley de Biocombustibles, un proyecto clave para la competitividad y la inversión en el sector bioenergético provincial. Las entidades, que representan más del 80% de la capacidad productiva de biodiésel del país, aguardan el dictamen final que se definirá la próxima semana en las comisiones del Senado Nacional, con un impacto esperado en la economía regional y la seguridad energética.
Respaldo industrial santafesino a la nueva Ley de Biocombustibles del Futuro
La Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (Fisfe) y la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) manifestaron su respaldo explícito a la postura que el gobierno provincial presentó en el Senado de la Nación. Su posición se expuso ante la reunión plenaria de las Comisiones de Energía, Minería y Combustible, y de Presupuesto y Hacienda, en el marco del debate por el proyecto de «Nueva Ley de Combustibles del Futuro». Este miércoles está prevista la última reunión informativa antes de la emisión del dictamen para su tratamiento en el recinto.
Antecedentes y ejes centrales de la propuesta
Las gremiales empresarias recordaron, a través de un comunicado, que en 2025 Santa Fe, como parte de la Liga Bioenergética de Provincias, impulsó un proyecto de ley de Biocombustibles. Aunque no obtuvo dictamen de comisión, esta iniciativa fue fundamental para la elaboración y presentación de los 5 proyectos que hoy tienen estado parlamentario, incluyendo el de la Liga de provincias productoras.
Desde Fisfe y UISF, representando a la mayoría de las empresas productoras de biodiésel no integradas de la provincia, destacaron que los cinco ejes propuestos por el Ministerio de Desarrollo Productivo del Ejecutivo Provincial son esenciales para reconfigurar el mercado. Argumentan que estas medidas promoverán la libre competencia, la equidad y la innovación, garantizando la continuidad y expansión de las empresas no integradas. Además, permitirán la participación de las empresas integradas, que controlan la materia prima principal, en un mercado en crecimiento, fomentando el desarrollo sostenible de ambos segmentos. El comunicado detalla los seis puntos clave planteados por Santa Fe ante el Senado nacional:
- Aumento del corte obligatorio a B15 y horizonte de competitividad a B20. Se solicita un corte inicial obligatorio del 15% (B15). Asimismo, si el biodiésel nacional es más competitivo que la importación de gasoil fósil, la autoridad de aplicación podría elevar automáticamente el corte hasta el 20% (B20). La Resolución 79/2026 ya estableció las especificaciones para B20.
- Equidad federal y 40% para el segmento no integrado. Similar al 40% del mercado de etanol reservado para la caña de azúcar (6 puntos sobre 15), se demanda igual tratamiento: un «Segmento de Oferta No Integrada» equivalente al 40% del mandato de biodiésel.
- División en dos segmentos de mercado. Se propone la creación de dos segmentos: uno para empresas integradas y refinadoras (hasta ahora excluidas) y otro para empresas no integradas. En ambos sectores, se aplicaría un límite máximo de participación (Market Cap) del 14% para prevenir cartelizaciones o monopolios:
- Segmento de oferta no integrado (40%): Abastecido exclusivamente con biodiésel (FAME) y licitado obligatoriamente en el Mercado Electrónico.
- Segmento de oferta integrado (60%): Con libre disponibilidad para industrias integradas y empresas refinadoras, permitiendo el coprocesamiento y los contratos privados.
- Reglas claras y límite a la discrecionalidad. La Secretaría de Energía solo podría reducir el corte obligatorio en situaciones extremas de desabastecimiento, por un lapso máximo de 90 días, debiendo restituirse el volumen una vez superada la crisis. Este punto busca garantizar la previsibilidad y certeza legal que las inversiones de capital requieren.
- Futuro energético y RIGI para la segunda generación. El objetivo es posicionar a Argentina como referente en la generación de biocombustibles avanzados. Se plantea que los proyectos superiores a USD 200 millones para plantas de Diésel Renovable (HVO), Combustible de Aviación Sostenible (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V) sean incluidos explícitamente en los beneficios de estabilidad por 30 años del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), establecido en la Ley 27.742.
- Defensa de la competencia y precios justos para insumos. La ley debe incorporar mecanismos de Defensa de la Competencia para asegurar la provisión de aceite de soja y metanol en el mercado interno a precio de paridad de exportación (Precio FAS). Esto implica que no se permitirá la discriminación de precios, siendo el valor de exportación el techo para el mercado local.
Impacto regional y beneficios económicos
Los industriales santafesinos subrayaron su apoyo a cualquier modernización legislativa que impulse sectores productivos dinámicos como el biodiésel. Argumentan que las empresas de este rubro no solo agregan valor a las cadenas agrícolas, sino que también fomentan el arraigo rural, sustituyen importaciones y contribuyen al cuidado del medio ambiente.
Recordaron que Santa Fe concentra más del 80% de la capacidad productiva nacional de biodiésel, lo que hace que el aumento del corte y la segmentación del mercado sean imprescindibles, especialmente ante el cierre de mercados de exportación por ventajas competitivas como los DEX o barreras paraarancelarias. Finalmente, señalaron que un incremento en los cortes o mezclas obligatorias es factible sin costo fiscal. Además, el biodiésel, actualmente más económico que el diésel fósil (más allá de coyunturas como la guerra), se presenta como una herramienta efectiva para mitigar posibles aumentos en el precio de surtidor y para fortalecer la seguridad energética del país.
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