Un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que, entre 2024 y 2025, Argentina experimentó una reducción de la pobreza por ingresos que, paradójicamente, convive con un aumento de las carencias en derechos sociales fundamentales. Los déficits más notorios se observan en el acceso a empleo de calidad, salud y alimentación adecuada para gran parte de la población.
Un interrogante central interpela el análisis de la situación social en Argentina: ¿cómo es posible que informes de diferentes organismos coincidan en que la pobreza monetaria disminuyó en el último tramo de 2025 y, sin embargo, persistan desigualdades arraigadas y se profundicen las privaciones?
Un estudio reciente, realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), profundiza en esta aparente contradicción. El informe advierte que «la reducción de la pobreza por ingresos convive con el aumento de déficits en el acceso a derechos sociales básicos, como el empleo de calidad, la salud y una alimentación adecuada».
La persistencia de la vulnerabilidad infantil
En sintonía con estas preocupaciones, Unicef Argentina difundió en los últimos días su propio informe sobre la disminución de la pobreza infantil en el país. Lejos de ofrecer datos para celebrar, el relevamiento indica que en el segundo semestre de 2025 en Argentina, el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encontraba por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Si bien esta cifra representa una baja respecto del primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 67,1% y la pobreza extrema al 27,3%, la organización advirtió sobre un posible «rebote» para el primer tramo de 2026, alentado por factores como la caída de los ingresos y el ajuste fiscal.
Según la UCA, entre 2017 y 2025 «se evidencia un incremento del déficit en casi todos los indicadores de acceso a derechos, a excepción de servicios y condiciones de la vivienda». En síntesis, «la mejora relativa observada en la tasa de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no constituye evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida». De hecho, mientras la tasa de pobreza por ingresos revierte su tendencia —reduciéndose la proporción de hogares que no acceden a una canasta básica total—, los indicadores de carencias no monetarias dan cuenta de un deterioro en el acceso a derechos sociales, con la única excepción de aquellos con tres o más carencias.
De esta manera, «el crecimiento, pero sin inclusión social, con caída incluso de los niveles de pobreza, no es suficiente para alcanzar un efectivo desarrollo y mayor equidad. La elevada proporción de hogares en condición de privaciones económicas y sociales debe reconocerse como un problema estructural de la Argentina«.
El estudio, realizado por Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Miranda Correa, hace foco en el carácter «multidimensional» de la pobreza, «en tanto permite considerar el acceso directo a recursos, bienes, servicios, funcionamientos o capacidades que no se reducen al ingreso monetario». Esta perspectiva es crucial porque, si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, «la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja, y abarca una serie amplia de condiciones económicas y materiales por parte de los hogares».
Para analizar el bienestar de los hogares desde esta perspectiva multidimensional, se evaluaron seis dimensiones clave de privación o carencias, consideradas en el espacio de los derechos sociales y económicos: alimentación, vivienda digna, accesos educativos, salud, servicios básicos (saneamiento y calidad de vida) y empleo y seguridad social.
Principales carencias
Al momento de definir dónde se profundizó la vulnerabilidad de los hogares, se observa que, entre 2017 y 2025, el mayor deterioro se concentra en dimensiones «especialmente centrales» para las condiciones de vida: alimentación (pasando de 13,1% de hogares a 18,7%), trabajo (de 26,7% a 33,1%) y acceso a la salud (de 29,2% a 34,3%).
Como se evidencia, la falta de acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial alcanza a alrededor de un tercio de los hogares, «lo cual da cuenta de una proporción elevada y creciente de hogares excluidos de los mecanismos de protección». En contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y precariedad, «amplios segmentos de la población quedan excluidos de mecanismos institucionales de protección frente a los riesgos sociales».
El deterioro en las dimensiones de alimentación, salud y empleo de calidad refleja una mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad, desprotección social y una menor capacidad para afrontar contingencias. Por lo tanto, se entiende que «las deudas sociales pendientes exceden la reducción de la pobreza monetaria». En definitiva, se evidencia una brecha persistente entre la mejora o estabilización de indicadores monetarios y una mayor fragilidad respecto a recursos vitales del bienestar.
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