La causa que investiga las presuntas estafas con paquetes turísticos, las cuales afectaron a decenas de familias de Santa Fe y la región, sumó un nuevo capítulo el pasado viernes 12 de junio. En esa jornada, el fiscal Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), amplió la atribución imputativa contra Analía Capalbo (43), la mujer que permanece detenida desde fines de marzo por ofrecer viajes que luego no concretaba.
La audiencia se desarrolló ante el juez penal de primera instancia Sergio Carraro, quien previamente habilitó la intervención de tres personas damnificadas para que expusieran las consecuencias de la maniobra delictiva investigada. La imputada compareció asistida por la abogada defensora Abril Rico, quien no formuló observaciones a la ampliación de la atribución delictiva.
Hasta ese momento, Capalbo estaba imputada por 19 hechos de estafa. Con la incorporación de otras 18 denuncias, la acusación alcanza ahora un total de 37 episodios bajo una modalidad similar, ejecutada a través de las redes sociales Instagram y Whatsapp.
El impacto en las familias damnificadas
Los testimonios vertidos en la audiencia convergieron en un punto común: el profundo daño emocional generado en familias que habían planificado y abonado sus vacaciones con meses de anticipación.
La primera en declarar fue Marisel, una vecina de Paraná, quien participó de manera remota. Relató que durante 2025 había viajado con la empresa de Capalbo y que la experiencia había sido satisfactoria. Esa confianza previa fue la que la llevó a contratar un nuevo paquete para el verano de 2026. Según contó, la relación entre ambas familias trascendía lo comercial, al punto que su hija había compartido actividades con la hija de la imputada durante las vacaciones anteriores. Marisel reconoció que jamás imaginó el desenlace posterior y sostuvo: «Jugó con nuestras ilusiones», al explicar que terminaron perdiendo las vacaciones familiares que habían organizado desde noviembre. También señaló que todavía continúa pagando servicios contratados para un viaje que nunca se realizó. La damnificada lamentó, además, haber recomendado a amigos que terminaron atravesando la misma situación. «Yo no tenía mal concepto de ella, no sé lo que pasó», expresó visiblemente desconcertada.
El segundo testimonio fue el de Raúl, oriundo de San Benito, en Entre Ríos, quien explicó que precisamente había contratado el viaje por recomendación de Marisel. Describió que las negociaciones comenzaron en noviembre del año pasado y que, a medida que se acercaba la fecha prevista de salida, recibió sucesivas postergaciones y explicaciones contradictorias. Según relató, el viaje estaba programado para el 20 de enero, pero fue diferido en varias oportunidades hasta ser finalmente cancelado. Cuando solicitó la devolución del dinero para poder organizar otras vacaciones con su familia, recibió como respuesta que debía reclamar a terceros proveedores. El hombre explicó que mantuvo contacto con Capalbo hasta el 30 de marzo, un día antes de que fuera detenida. Sin embargo, lo que más destacó ante el juez fue la frustración de su hijo de ocho años, quien todavía le recrimina el viaje que nunca pudo realizar.
La tercera declaración correspondió a Luciano, de Santo Tomé, quien había viajado exitosamente con la misma empresa durante 2025 y por eso decidió contratar un paquete a Brasil para cinco integrantes de su familia. Al igual que los otros damnificados, aseguró haber abonado la totalidad del viaje y haber recibido luego excusas y postergaciones. Uno de los momentos más emotivos de la audiencia llegó cuando recordó que, ya frustradas las vacaciones, una de sus hijas debió realizar en la escuela un dibujo sobre las actividades del verano. «Mi nena dibujó un televisor», contó. Para el denunciante, la acusada construyó deliberadamente una relación de confianza con sus clientes. «Generó un vínculo para después estafarnos», afirmó.
Perjuicio económico y nueva audiencia
Finalizadas las declaraciones, el juez dispuso el ingreso de Capalbo a la sala para formalizar la ampliación de la imputación. El fiscal Nigro recordó que dos meses atrás la mujer había sido acusada por 19 hechos de estafa y que, como consecuencia de esa investigación, se le impuso la prisión preventiva. El funcionario judicial explicó que la pesquisa continuó avanzando y permitió incorporar nuevas denuncias hasta alcanzar las 37 maniobras investigadas.
También actualizó el monto del perjuicio económico atribuido. Mientras que en marzo la suma denunciada rondaba los 16 millones de pesos, actualmente asciende a aproximadamente 33.200.000 pesos. En función de ello, le atribuyó a Capalbo la autoría del delito de estafas reiteradas en 37 oportunidades, ampliación que fue formalmente admitida por el magistrado.
La situación procesal de la imputada volverá a discutirse esta semana. El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia fijó para este martes una audiencia destinada a analizar la apelación presentada por la defensa contra la prisión preventiva que cumple desde el 31 de marzo. La revisión estará a cargo de un tribunal de alzada, que deberá resolver si mantiene la medida cautelar dispuesta durante la etapa inicial de la investigación o si corresponde evaluar alternativas menos gravosas mientras continúa el proceso penal.
