El proyecto de ley del Ejecutivo para regular la actividad del lobby fue frenado en la Cámara de Diputados, luego de que organizaciones e instituciones presentaran amplias observaciones y advertencias en una reunión informativa de comisiones. Ante las reservas manifestadas, el Gobierno optó por extender el debate y posponer su tratamiento en el recinto.
La Cámara de Diputados convoca a expertos internacionales para debatir la Ley de Lobby
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Mayoraz (LLA), informó la convocatoria a una nueva reunión informativa para debatir el proyecto de ley que busca regular la actividad del lobby. En este encuentro, se invitará a expertos internacionales, especialmente de países que ya han legislado sobre el tema.
La decisión se tomó al finalizar un plenario de esa comisión y la de Legislación General, donde participaron representantes de diversas organizaciones, asociaciones e instituciones que habían quedado pendientes del encuentro anterior. El plan inicial del Gobierno era dictaminar este miércoles e incluir la iniciativa en el temario de la sesión prevista para el 24 de junio, en paralelo a la Ley de Súper RIGI. Sin embargo, la propia Casa Rosada avaló frenar su tratamiento y bajó las expectativas sobre su rápida aprobación.
Cambio de rumbo y objeciones de la sociedad civil
La idea de las autoridades era avanzar a máxima velocidad para cumplir el compromiso asumido por el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de alinearse a sus recomendaciones sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. No obstante, el texto presentado suscitó un rechazo transversal y casi unánime por parte de los expositores de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias que participaron de la segunda reunión informativa el miércoles pasado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Según el sitio especializado Parlamentario, Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de Argencon –entidad que nuclea a empresas de la economía del conocimiento–, apoyó la necesidad de avanzar «hacia un marco normativo moderno que brinde claridad y previsibilidad a las interacciones entre el sector público, privado y la sociedad civil». Sin embargo, planteó «oportunidades de mejora» al texto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En tal sentido, sugirió «precisar lo que es gestión de intereses y gestor de intereses», ya que «si no hay una delimitación clara, la norma puede identificar de manera individualizada a beneficiarios de gestiones que, por su naturaleza, persiguen objetivos de alcance colectivo».
Sobre la «inscripción obligatoria en el registro público», Mora Alfonsín consideró que esta «no debe convertirse en una matrícula obligatoria que obstaculice la actividad o, peor aún, desincentive la participación ciudadana». Además, advirtió que «la norma no debería trazar una diferencia operativa de exigencias o criterios regulatorios entre nacionales y extranjeros» y que «la criminalización de estas conductas resulta desproporcionada y contraria a las tendencias regulatorias globales. No existen precedentes regionales al respecto; ningún régimen en América Latina impone penas de prisión por la gestión de intereses».
Advertencias y críticas de la sociedad civil organizada
A su turno, Martín Reydó, director Ejecutivo de Fundar, opinó que el proyecto «tiene un título chileno, pero un contenido que se parece más al de El Salvador o de Hungría«. Observó que, de aprobarse la norma, «todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario», y cuestionó «las sanciones punitivas desproporcionadas» y «la asfixia burocrática que recae sobre las ONGs». Alertó que «sesga la interacción entre legisladores opositores y ONGs que quieran argumentar o aportar evidencia para oponerse a proyectos del Ejecutivo«.
También criticó que «el proyecto asocia de forma espuria la cooperación internacional en derechos humanos, ciencia o transparencia con la representación de intereses extranjeros que dañan la soberanía nacional», añadiendo que «puede estigmatizar o neutralizar a organizaciones y también al periodismo independiente».
Gustavo Corradini, director de Servicios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), señaló que desde la asociación mantienen «de manera habitual instancias de diálogo con el sector público para aportar información técnica, evidencias y propuestas que mejoren las políticas que afectan nuestro sector» y que «ADIMRA acompaña el objetivo de fondo de este debate». No obstante, indicó puntos conflictivos de la propuesta. Señaló que «exigir la declaración de beneficiarios finales es en muchos casos inaplicable y puede comprometer la confidencialidad de nuestras empresas asociadas», y observó que «este proyecto no contempla la figura del beneficiario colectivo».
Mijael Kaufman Falchuk, cofundador de la asociación civil Consciente Colectivo, ejemplificó la situación: «una organización ambiental con cooperación internacional que dialoga con un diputado sobre glaciares, bosques o litio podría enfrentar tres años de prisión, no por corrupción, sino por abordar temas ambientales sin contar con un número de registro. ¿Qué le sucede, en contraste, al funcionario? Solo una falta grave». Advirtió que «este proyecto genera algo muy concreto: miedo. Miedo a participar, a involucrarse», y se preguntó: «¿Quién sale más protegido con esta ley? ¿La ciudadanía o el poder?».
En tanto, Gabriela Lozano, directora Institucional de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), recordó distintas leyes sobre salud –como la que declaró los ambientes libres de humo o la de etiquetado frontal– para sostener que «muchas de las transformaciones que mejoran la vida de las personas nacen de la capacidad de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos». Defendió que «la sociedad civil busca aportar conocimiento, experiencia territorial, evidencia científica y perspectivas que enriquecen el debate democrático y ayudan a construir mejores políticas públicas», y afirmó que «este proyecto atenta contra la democracia y la participación».
Contenido del proyecto de ley sobre Lobby
La iniciativa para regular el lobby, que imita el modelo americano, busca otorgar un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones advirtió sobre problemas de delimitación en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir los lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones. Asimismo, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener la fecha, hora y modalidad del contacto, la dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente, y una síntesis de los asuntos abordados.
Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas. La representación clandestina de intereses extranjeros será reprimida con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
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