El debate sobre la alta carga fiscal, que penaliza la productividad pero sostiene las funciones públicas, se intensifica con el planteo nacional de una reducción de impuestos. Sin embargo, eliminar los tributos más distorsivos del sistema requeriría más de una década de crecimiento económico sostenido, incluso para el sector productivo, según proyecciones del economista Osvaldo Giordano.
El dilema económico: producción versus financiamiento estatal
La eliminación de los tributos que restringen la producción es un paso fundamental para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, esta medida presenta un desafío crítico para el sector público, el cual depende de dichos ingresos para financiar prestaciones esenciales como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura vial, esta última abandonada por Nación pero sostenida en la provincia de Santa Fe. Lograr el equilibrio fiscal en este escenario sin comprometer la solvencia demandaría años de crecimiento sostenido y una estricta austeridad. Un estudio de la Fundación Mediterránea proyecta que, para provincias como Santa Fe, este alivio tributario podría postergarse por aproximadamente 14 años.
El análisis del IERAL sobre la reforma tributaria
En un reciente informe, Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, profundiza en las tensiones actuales entre la imperiosa necesidad de reformar el sistema tributario y la urgencia de mantener el equilibrio en las cuentas públicas. El propósito central que impulsa la baja de impuestos en el sistema económico es devolverle la competitividad a la producción y reactivar la inversión. Para que el país pueda crecer de manera sostenida, Giordano afirma que resulta «prioritario y urgente» eliminar los impuestos más distorsivos del sistema, como los derechos de exportación (retenciones) —una demanda explícita del gobernador Maximiliano Pullaro—, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales que gravan las ventas, medidas que encuentran resistencia entre los gobernadores.
No obstante, el impacto de esta reducción sobre las necesidades de financiamiento del sector público representa el mayor obstáculo. A modo de ejemplo, Ingresos Brutos aportó $ 2,5 billones a las arcas santafesinas el año pasado. Estos tributos distorsivos son pilares fundamentales para la provincia, al igual que las retenciones lo son para la Nación, generando en conjunto una recaudación que supera el 7% del PBI.
Las limitaciones del ajuste y la apuesta al crecimiento
Giordano subraya que establecer alivios tributarios sin prever cómo se financiará esa pérdida de ingresos pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Esto resultaría «muy contraproducente» luego de años de desorden macroeconómico. Frente a esta realidad, la idea de un «gradualismo tributario», que propone bajar primero el gasto público para luego reducir los impuestos, choca con la rigidez de las finanzas estatales. El esfuerzo de austeridad ya llevó al gasto público a un equilibrio muy estrecho, y pretender nuevas reducciones de magnitudes drásticas es muy difícil, sobre todo por el peso del sistema previsional.
La otra vía explorada es apostar a un crecimiento económico continuo del 3,3% anual, un ritmo inédito en la historia reciente, que amplíe la base imponible. Sin embargo, incluso bajo este escenario optimista, compensar la pérdida de recursos a nivel nacional tomaría al menos 11 años. Al observar el panorama provincial, el desafío es aún más profundo, y Santa Fe sirve como un claro ejemplo de esta complejidad. De acuerdo con las simulaciones del informe, si la provincia lograra congelar por completo su gasto público y destinara la totalidad de los aumentos de coparticipación generados por el crecimiento económico exclusivamente a compensar la quita impositiva, Santa Fe tardaría aproximadamente 14 años en poder eliminar Ingresos Brutos y Sellos.
Hacia una reforma audaz: el «Súper IVA»
Giordano sostiene que para acelerar esta transición no basta únicamente con la prudencia en el gasto, sino que el Estado necesita rediseñar su financiamiento con audacia. La solución superadora implica compensar la eliminación de los «malos impuestos» mejorando la recaudación de los «buenos impuestos». Un ejemplo de ello sería unificar el IVA, los Ingresos Brutos y las tasas municipales en un «Súper IVA», lo que permitiría sostener los ingresos del sector público mediante un sistema neutral, transparente y que no castigue la competitividad del sector privado.
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