Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, se manifestó a favor de reducir el número de partidos políticos que plantea la reforma electoral en debate. Sin embargo, en diálogo con El Litoral, advirtió sobre los posibles efectos negativos que traería la eliminación de las PASO y el riesgo de «privatizar» el financiamiento político.
El 24 de abril, el Gobierno Nacional remitió al Senado el Mensaje 110/26, que contiene el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral. Este texto, de aproximadamente 80 artículos, propone la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de un casillero para lista completa en la Boleta Única Papel, la implementación de la Ficha Limpia, modificaciones sustantivas en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y diferencias en la modalidad de elección de representantes al Parlasur.
La ambición del proyecto es considerable. Aunque algunas voces disienten sobre su carácter «integral», la mayoría reconoce que aborda varios puntos sensibles del sistema electoral vigente, bajo la premisa de que «todo se relaciona con todo».
Así lo explicó Pablo Secchi, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, durante su exposición en el Curso Intensivo «Reformas electorales a nivel nacional y subnacional. Debates necesarios», parte de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Electoral y Político de la Facultad de Derecho de la UNR. Su análisis se centró en los «Desafíos de la reforma electoral. Financiamiento de la política».
Menos partidos
En aquella ocasión y en declaraciones posteriores, el licenciado en Ciencia Política y experto en temas electorales, Pablo Secchi, coincidió con otras fuentes en que un aspecto positivo del proyecto sería la reducción en la cantidad de partidos políticos. «En la Argentina tenemos 703 partidos de distrito y 44 nacionales», según datos de la Cámara Electoral Nacional al 30 de junio pasado.
Este punto abre el debate sobre el número de afiliados necesarios, la presencia en cuántas provincias y la caducidad de los partidos políticos. «Es una reforma que indudablemente apunta a que no haya fragmentación de los partidos políticos», afirmó Secchi. Esta medida, a su juicio, «podría contribuir a mejorar la gobernabilidad, facilitar la identificación programática de los partidos e ir hacia un modelo un poco más eficiente», además de reducir la oferta electoral en las PASO y la Boleta Única.
El dilema de la eliminación de las PASO
No obstante, la posible eliminación de las PASO encierra su propia complejidad. Aunque se argumenta el cansancio ciudadano o el desuso por parte de los partidos, Secchi sostiene que «han tenido un efecto ordenador de la oferta electoral».
A modo de ejemplo, el especialista señaló: «Una alianza electoral que quizás iba a ir con tres candidaturas, al no presentarse a las PASO, se ve obligada a ordenarse. Si las PASO no existieran, quizás esas tres candidaturas se presentarían con diferentes ofertas electorales, partidos políticos o alianzas». Por ello, advierte: «Hay que tener cuidado con qué hacemos con las PASO. Entendemos que no se utilizan mucho, pero sí que tienen un efecto ordenador».
«Por eso digo que todo se vincula; y tener una gran cantidad de partidos políticos que no se lleguen a reducir por esta reforma que se propone, va a generar un problema muy grande en la elección general, porque va a haber una oferta electoral gigante», alertó.
Impacto sobre la Boleta Única Papel (BUP)
Aquí surge otro interrogante crucial: si se eliminan las PASO, ¿con qué herramienta se las puede reemplazar para evitar la proliferación de decenas de partidos en una Boleta Única?
El Gobierno Nacional impulsa una modificación en la BUP que, aunque pequeña, es sumamente importante: la inclusión de un casillero de voto de lista completa. «En la elección pasada se vio un efecto en aquellos distritos en los que se elegían senadores y diputados, donde un 10% aproximado de la población, dependiendo el distrito, votó solamente una categoría», ilustró Secchi.
Para el especialista, «eso no favoreció a nadie en particular, porque fue un error consistente con todos los partidos políticos o todas las alianzas. Pero sí preocupa que el elector piense que, poniendo una sola cruz, está votando toda la lista. Lo que se propone es poner un tilde de voto de lista completa, que no nos parece mal en principio».
Hacia la «Privatización» del financiamiento político
En contraste, Pablo Secchi expresó preocupación por la cuestión del financiamiento de los partidos, señalando que «lo que están proponiendo es un viraje hacia la privatización del sistema». Esto se lograría «corriendo al Estado, dejando de otorgar fondos extraordinarios de campaña y bajando en forma significativa la cantidad de dinero que el Estado le va a dar a los partidos políticos».
De esta forma, «se permite que de a poco el sector privado (dos o tres personas o empresas) pueda ser los financistas totales de una campaña, cuando antes era un porcentaje minoritario», resumió. A ello se suma que «los espacios en radio y televisión ya no serían entregados en forma gratuita por el Estado Nacional y los partidos los van a tener que comprar», al tiempo que se elevan fuertemente los límites de los aportes que puede hacer una persona o una empresa.
«Esta condición permite que el privado tenga mucho más peso en la campaña, y restringir el aporte estatal tiende a privatizar el sistema de financiamiento político», sostuvo. En definitiva, «va a generar más inequidad en la competencia electoral: habrá partidos con muchos fondos para espacios en los medios de comunicación, en Internet, etc., y otros con pocos fondos y muchas menos herramientas para llegar a la ciudadanía y ser competitivos en las elecciones», completó.
Eliminación de debates
Otro aspecto que se desprende del proyecto de ley es la eliminación tácita de los debates presidenciales. «No se entiende por qué, pero es una instancia que le interesaba muchísimo a la ciudadanía», consideró Secchi, haciendo notar que, en términos de rating, son casi tan vistos «como los de un partido de Argentina«.
El especialista subrayó que «las reformas nacionales tienen que pensarse a mediano y largo plazo, buscando una coordinación entre los elementos del sistema electoral. No pensar las boletas sin pensar el sistema de primarias, no pensar las primarias sin pensar en el sistema de partidos y tener cuidado en el tema de financiamiento de los partidos». En definitiva, «hay que pensar en las consecuencias que cada elemento del sistema tiene sobre los demás».
Finalmente, advirtió sobre el fenómeno de «fundaciones que se dedican a hacer campañas políticas muy bien estructuradas», produciendo «noticias a favor o en contra de determinados candidatos», lo que a su juicio «es hacer política por fuera de los partidos». Por eso, criticó que la propuesta «busca controlar menos. Y en financiamiento político hay que controlar más, no liberalizar».
En busca de acuerdos
Hasta el momento, el Proyecto de Reforma Electoral Integral tuvo un único debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto (LLA) y con la vicepresidencia de María Florencia López (PJ).
En aquella reunión participó María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior, para explicar los pormenores de una iniciativa que, mucho antes de llegar al recinto (se espera que esto ocurra en septiembre), recibe críticas y adhesiones. El proyecto obliga, además, a una ardua negociación con los gobernadores aliados, quienes son, al fin y al cabo, los directos aportantes de los votos necesarios en la Cámara Alta.
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