La Fiscalía y la querella apelaron la decisión judicial que dejó en libertad a la policía Sabrina Mailén Petitón, imputada por la tortura seguida de muerte de Mauro Daniel González en la Comisaría 8ª de Santa Fe. Ambas partes reclaman que su situación no difiere de la de otros efectivos con prisión preventiva por el mismo grave delito, solicitando a la Cámara de Apelaciones que revise la medida.
Apelaciones por la situación de una imputada
La causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 18 de enero mientras se encontraba bajo custodia policial en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo procesal. Tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como la querella particular interpusieron sendos recursos de apelación parcial contra la resolución judicial que, la semana pasada, dispuso la libertad de la agente Sabrina Mailén Petitón. Ella es una de las cinco integrantes del Comando Radioeléctrico imputadas por el delito de tortura seguida de muerte. Si bien ambos recursos presentan fundamentos propios, coinciden en un punto central: solicitan a la Cámara de Apelaciones que revise el tratamiento cautelar concedido a la agente, cuya situación difiere de la de otros cuatro policías que permanecen en prisión preventiva pese a estar alcanzados por la misma calificación legal.
Las imputaciones iniciales
La investigación judicial se inició a raíz del deceso de González, ocurrido horas después de haber sido aprehendido el 17 de enero en barrio Yapeyú, donde el hombre atravesaba una crisis subjetiva. Según la reconstrucción de los hechos efectuada por el Ministerio Público de la Acusación, los primeros efectivos policiales que acudieron al lugar omitieron convocar asistencia sanitaria y lo redujeron mediante un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza. La acusación sostiene que las agresiones continuaron durante el traslado en los móviles policiales, con distintas detenciones intermedias, y finalmente en la Comisaría 8ª. Allí, el hombre fue ingresado a un calabozo pese a encontrarse prácticamente inconsciente. Horas más tarde, Mauro Daniel González falleció por una broncoaspiración que, de acuerdo con las pericias oficiales, era un desenlace altamente previsible y evitable.
Tras casi seis meses de investigación, el fiscal de la Unidad Especial de Violencia Institucional del MPA, Ezequiel Hernández, solicitó la detención de cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y un integrante de la Guardia de Infantería. Las imputaciones se desarrollaron el viernes 3 de julio. Posteriormente, entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, se llevó a cabo en los tribunales de Santa Fe la audiencia de medidas cautelares.
Como resultado de esa instancia, Lucas Gonzalo Aranda, Facundo Amarillo Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz quedaron en prisión preventiva, imputados como presuntos coautores del delito de tortura seguida de muerte. En tanto, Sabrina Mailén Petitón, imputada por el mismo delito, y Juan Cruz Barros, acusado por vejaciones calificadas, continuaron el proceso en libertad con reglas de conducta.
Los fundamentos de las apelaciones
El recurso de apelación presentado por la querella se circunscribe exclusivamente a la situación procesal de la agente Petitón. Para el abogado Rodolfo Mingarini, representante de la familia González, la resolución cautelar no explica de manera adecuada las razones por las cuales Petitón recibió un tratamiento distinto al de su colega Bandirali. «Bandirali hizo exactamente lo mismo que Petitón. Ambos llegaron en el segundo móvil para reforzar el procedimiento, participaron de la aprehensión y luego permanecieron junto a los demás efectivos durante el traslado y la custodia de Mauro hasta dejarlo en el calabozo. No hay diferencias objetivas entre una conducta y la otra», sostuvo el letrado. Mingarini aclaró que la impugnación no obedece a razones ajenas al proceso: «No hay lecturas políticas ni intencionadas. Es una cuestión absolutamente técnica, vinculada con la interpretación que hizo la jueza y la aplicación del derecho», afirmó.
Por su parte, la Fiscalía también apeló ese tramo específico de la resolución. Su planteo sostiene que la propia jueza entendió que Petitón integra la coautoría atribuida al resto del grupo operativo, pero que al mismo tiempo justificó su libertad cautelar sobre la hipótesis de que, durante la investigación, su conducta pudiera encuadrarse en un delito distinto, como la omisión de hacer cesar la tortura. Para el Ministerio Público de la Acusación, esa posibilidad futura no puede sustentar una decisión cautelar actual. Además, considera que esa figura penal no resulta aplicable a quien formó parte del mismo procedimiento y tenía responsabilidad directa sobre la víctima.
El fallo de la jueza Labanca
Más allá de la apelación parcial, la actuación de la jueza Cecilia Labanca recibió una valoración positiva por parte del propio Ministerio Público de la Acusación. Fuentes de la Fiscalía remarcaron que la magistrada resolvió una carpeta judicial particularmente compleja, con la intervención de seis defensas particulares y la querella, numerosos planteos técnicos y un fuerte interés institucional y político. La audiencia de medidas cautelares se extendió durante más de diez horas distribuidas entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, tras lo cual la jueza Labanca brindó una fundamentación oral de casi dos horas para resolver cada uno de los planteos formulados por las partes. Desde la Fiscalía subrayaron que el recurso interpuesto no cuestiona el desarrollo general de esa resolución, sino únicamente la decisión de mantener en libertad a la agente Petitón.
La investigación avanza
Mientras la Cámara de Apelaciones deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía y la querella, la investigación en torno a la muerte de Mauro Daniel González continúa ampliando el alcance de las responsabilidades penales. Este miércoles 15 de julio, el fiscal Hernández imputó a dos efectivos de la Guardia de Infantería, Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, por encubrimiento agravado y omisión de promover la persecución y represión de delitos. Se les atribuyó haber presenciado las agresiones sufridas por González y no haber realizado acción alguna para impedirlas ni denunciarlas. Además, permanece pendiente la audiencia imputativa de la médica policial que examinó a la víctima antes de su ingreso a la Comisaría 8ª. La querella sostiene que su actuación también deberá ser analizada en la carpeta judicial, al entender que existieron omisiones en la asistencia médica brindada antes del fatal desenlace.
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