La diputada Marcela Pagano presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para establecer el «Derecho a Reparar» de los consumidores, buscando limitar las prácticas que acortan artificialmente la vida útil de los bienes. La iniciativa aborda la dificultad de conseguir repuestos, las restricciones de software y el diseño de productos poco reparables, con el objetivo de combatir la obsolescencia programada.
Un nuevo proyecto de ley, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, busca garantizar el derecho de los consumidores a reparar productos, priorizando esta opción antes que su reemplazo. La iniciativa apunta a combatir la denominada obsolescencia programada, una práctica que ha generado intensos debates entre consumidores, fabricantes y organizaciones ambientalistas. El objetivo central es promover la viabilidad de la reparación y prolongar la vida útil de los bienes, marcando un cambio de paradigma en el mercado de bienes electrónicos y electrodomésticos.
La propuesta legislativa pretende que los usuarios puedan acceder a repuestos, manuales e información técnica esencial. Esto les permitiría mantener operativos sus productos y evitar que queden inutilizados prematuramente debido a decisiones de diseño o restricciones impuestas por los fabricantes.
El proyecto ha sido impulsado por la diputada Marcela Pagano, reconocida por su trayectoria como periodista económica y por su posterior alejamiento del actual oficialismo. La iniciativa aborda una problemática común: la creciente frecuencia con la que un teléfono celular, una computadora o un electrodoméstico deja de funcionar, y la reparación resulta tan costosa —o directamente imposible— que la única alternativa viable es la adquisición de un nuevo dispositivo.
En este contexto, se busca crear un Régimen del Derecho a Reparar y contra la Obsolescencia Programada (LEDER). Su finalidad es reconocer legalmente el derecho de los consumidores a reparar los bienes que poseen y limitar las prácticas que reducen artificialmente su vida útil.
Qué es la obsolescencia programada
La obsolescencia programada se define como el diseño o la fabricación de productos con una vida útil deliberadamente limitada, o con características que dificultan su reparación, obligando al consumidor a reemplazarlos antes de que sea realmente necesario.
Esta práctica no siempre se manifiesta a través de una falla física. Puede presentarse mediante actualizaciones de software que degradan el rendimiento de un dispositivo, la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto, componentes sellados que impiden su reemplazo, o sistemas electrónicos que bloquean el funcionamiento cuando se utilizan piezas compatibles no autorizadas por el fabricante.
Quienes promueven regulaciones en esta materia argumentan que estas prácticas incrementan innecesariamente el consumo, elevan los costos para los usuarios y multiplican la generación de residuos electrónicos, uno de los desechos de mayor crecimiento a nivel mundial.
Propuestas clave de la iniciativa
El proyecto de ley busca revertir esta lógica mediante una serie de obligaciones para fabricantes e importadores:
- Disponibilidad de Repuestos: Deberán garantizar la disponibilidad de repuestos durante un plazo mínimo posterior a la discontinuación de cada producto. Para los electrodomésticos de línea blanca, este período no podrá ser inferior a diez años.
- Acceso a Información Técnica: Será obligatorio facilitar manuales de reparación, esquemas técnicos, códigos de error y herramientas de diagnóstico en español y formato digital. Esto permitirá que tanto los consumidores como los talleres independientes puedan efectuar reparaciones.
- Prohibición de Barreras a la Reparación: Se prohíben expresamente los bloqueos de software, los sistemas de emparejamiento de componentes y cualquier mecanismo que impida instalar repuestos compatibles o restaurar el funcionamiento de un equipo tras una reparación legítima.
Software e Inteligencia Artificial
El texto también aborda el creciente rol del software en el funcionamiento de los dispositivos. Propone que las actualizaciones no puedan reducir las prestaciones ni afectar deliberadamente el rendimiento de los equipos. Asimismo, reconoce el derecho de los usuarios a acceder a funciones de diagnóstico y calibración.
En relación con la inteligencia artificial, prohíbe explícitamente el uso de estos sistemas para degradar intencionalmente el funcionamiento de un producto o restringir artificialmente su posibilidad de reparación.
Orientación al consumidor
Un instrumento adicional previsto es la creación de un índice de reparabilidad, el cual deberá exhibirse en determinadas categorías de productos. Este indicador informará al consumidor sobre aspectos como la facilidad para desmontar el equipo, la disponibilidad y el costo de los repuestos, el acceso a documentación técnica, la complejidad de las reparaciones y la vida útil estimada.
La finalidad es que, más allá del precio o las prestaciones, los compradores puedan evaluar cuán sencillo será mantener operativo el producto durante los años posteriores a su adquisición.
Antecedentes
No es la primera vez que este tema llega al Congreso. Durante los últimos años, se presentaron distintos proyectos con objetivos similares, algunos proponiendo ampliar las garantías legales, otros buscando proteger a los talleres independientes o asegurar el acceso a manuales técnicos. Sin embargo, todos perdieron estado parlamentario.
Actualmente, la protección de los consumidores se regula principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoce garantías y responsabilidades de fabricantes y vendedores. No obstante, esta ley no contempla un régimen integral sobre reparabilidad ni prohíbe expresamente la obsolescencia programada.
Legislación comparada
Mientras tanto, varios países ya han avanzado con regulaciones específicas en esta materia.
La Unión Europea se ha consolidado como el principal referente. En los últimos años, aprobó normas que obligan a los fabricantes de numerosos electrodomésticos y dispositivos electrónicos a garantizar la disponibilidad de repuestos, facilitar información técnica y ofrecer alternativas de reparación durante varios años después de la discontinuación de un producto. En 2024, el bloque adoptó una directiva para fortalecer el derecho de los consumidores a elegir la reparación antes que el reemplazo.
Uno de los casos más avanzados es Francia, que desde 2021 exige que celulares, computadoras, televisores, lavarropas y otros productos exhiban un índice de reparabilidad. Esta medida ha permitido que los consumidores incorporen este aspecto como un criterio de compra, impulsando a varios fabricantes a rediseñar equipos para obtener mejores calificaciones.
Estados Unidos también ha comenzado a avanzar mediante leyes estatales. California, Nueva York, Minnesota, Colorado y otros estados han aprobado normas que obligan a los fabricantes a suministrar repuestos, herramientas y documentación técnica. El objetivo es fomentar la competencia entre servicios técnicos y reducir los costos de reparación. Experiencias similares pueden encontrarse en Canadá y el Reino Unido.
Intereses en juego
La discusión sobre el derecho a reparar trasciende el interés individual del comprador. Sus defensores sostienen que prolongar la vida útil de los bienes reduce el volumen de residuos, disminuye la extracción de materias primas, genera empleo en talleres de reparación y favorece la fabricación nacional de repuestos.
En sentido contrario, se advierte que una regulación demasiado amplia podría incrementar costos, afectar la protección de la propiedad intelectual y generar riesgos vinculados con la seguridad o el funcionamiento de equipos reparados fuera de la red oficial.
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