Con pedidos de condena ya presentados, el juicio por los crímenes de lesa humanidad de la causa «Laguna Paiva II» entró en su etapa final en Santa Fe. La querella de la APDH reclamó la pena máxima para los cuatro acusados, calificando los hechos como genocidio, en tanto la Fiscalía Federal solicitó penas de entre 12 y 22 años. El veredicto se conocerá el 7 de agosto, tras los alegatos de las defensas programados para el 30 de julio.
Juicio «Laguna Paiva II»: etapa de definiciones
El juicio oral por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 34 víctimas en la causa conocida como «Laguna Paiva II» ha ingresado en su etapa decisiva, tras los pedidos de condena formulados por la Fiscalía General y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El Tribunal Oral Federal de Santa Fe reprogramó la lectura del veredicto para el próximo 7 de agosto. En tanto, los alegatos de las defensas tendrán lugar el jueves 30 de julio, jornada en la que también se escucharán las réplicas y dúplicas de las partes involucradas. El debate, iniciado en mayo en la capital provincial, es presidido por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.
Los imputados y los pedidos de penas
En el banquillo de los acusados permanecen los expolicías de Inteligencia Antonio Parvellotti, Eduardo Enrique Riuli y Oscar Alberto Cayetano Valdez, junto al exsecretario del Juzgado Federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa. Cabe señalar que Brusa se encuentra con prisión domiciliaria por distintas causas anteriores, condición que comparten Riuli y Valdez, a excepción de Parvellotti.
Durante una audiencia que se extendió por aproximadamente cinco horas, la APDH solicitó la pena máxima de 25 años de prisión para los cuatro imputados. La querella sostuvo que los hechos juzgados constituyen delitos de genocidio y, subsidiariamente, aquellos previstos por el Código Penal. Por su parte, el fiscal auxiliar federal Nicolás Sacco requirió 22 años de prisión para Parvellotti, 20 para Riuli, 18 para Brusa y 12 para Valdez. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la unificación de estas penas con las condenas que tres de ellos ya registran por otros procesos de lesa humanidad. Las defensas de los imputados están a cargo de Ignacio Alfonso Garrone, quien representa a Riuli, y del defensor público oficial Fernando Sánchez, a cargo de Brusa, Parvellotti y Valdez.
La voz de los familiares y la querella
Previo a la audiencia de alegatos, familiares y querellantes ofrecieron una conferencia de prensa, donde destacaron la trascendencia del proceso judicial. Mario Páez, hijo de una de las familias perseguidas durante la última dictadura cívico-militar, manifestó que el juicio representa el cierre de una lucha que se extiende por más de cuatro décadas. «Después de 46 años de pedidos de justicia creemos que nos merecemos terminar con la impunidad», afirmó. También recordó que varios de los represores «vivieron durante años con total libertad» en la región.
En la misma línea, María Olinda Itatí Páez hizo hincapié en el impacto emocional que implicó volver a declarar sobre los hechos sufridos por su familia. Reclamó que los acusados pierdan el beneficio de la prisión domiciliaria. «Una persona que dejó a niños abandonados sabiendo a lo que estaban expuestos no puede tener privilegios. Deben estar en la cárcel», expresó.
El abogado querellante de la APDH, Federico Pagliero, subrayó que uno de los principales aportes de este segundo juicio de Laguna Paiva ha sido la incorporación del delito de abandono de personas en relación con los hijos e hijas de las víctimas. Según explicó, esta calificación surgió de los testimonios brindados por los sobrevivientes durante el primer juicio, celebrado en 2021, quienes relataron cómo los niños quedaron completamente desamparados tras los secuestros de sus padres. «Estas infancias no solo declararon en este juicio, sino también en el anterior. Hicieron un esfuerzo enorme y entendemos que el Tribunal tiene un deber jurídico e histórico de hacer lugar al pedido de los sobrevivientes», sostuvo. Pagliero también calificó el proceso como «histórico» por el respaldo de organismos de derechos humanos, instituciones públicas y organizaciones sociales. El letrado agregó que el debate permitió acreditar una participación criminal directa de Brusa, no solo como funcionario judicial que convalidó declaraciones obtenidas bajo tortura, sino también como integrante del grupo que irrumpió en la vivienda de la familia Páez y dejó a los menores librados a su suerte.
Delitos bajo juzgamiento y el abandono de menores
La causa abarca delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, violación de domicilio, abandono de persona, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Estos crímenes fueron cometidos contra 34 víctimas, la mayoría de ellas secuestradas durante el año 1980 y trasladadas a centros clandestinos de detención ubicados en la ciudad de Santa Fe.
Uno de los aspectos novedosos de este debate es la incorporación del abandono de menores como delito autónomo. La acusación sostiene que, tras los operativos represivos, numerosos niños quedaron solos durante días después de que sus padres fueran secuestrados. El caso paradigmático es el de la familia Páez-Medina, cuyos seis hijos —de entre un mes y medio y 12 años— permanecieron abandonados en una vivienda saqueada tras el secuestro de sus padres en Lima, provincia de Buenos Aires. Situaciones similares afectaron a otros grupos familiares perseguidos en Esperanza, Laguna Paiva y distintas localidades de la provincia de Santa Fe.
Aunque no formaron parte de la acusación los abusos sexuales sufridos por mujeres y adolescentes durante el cautiverio, entre ellos las reiteradas violaciones denunciadas por María Ceferina Páez y por su hija María Susana Medina, quien tenía apenas 13 años cuando ocurrieron los hechos, estas graves circunstancias quedaron expuestas y fueron tratadas durante el desarrollo del debate oral.
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